El Director Ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, advirtió que es grave el incremento de la persecución política que se viene registrando en Venezuela, contra quienes opinan diferente al régimen o contra quienes denuncian, utilizando la justicia como como arma política y de humillación de la dignidad humana.
“Estamos cayendo en la oscuridad al usar la justicia como arma política y de humillación de la dignidad humana”, apuntó Romero quien dijo que habría que investigar cómo salen fotografías de procesos judiciales, como el de Oscar López, y llegan a manos de los diputados de la Asamblea Nacional, que las utilizan para humillar, intimidar y violar derechos constitucionales.
Señaló además que “La Fiscalía del Ministerio Público y los cuerpos de investigación policial deben resguardar la cadena de custodia, es decir, que las evidencias recopiladas, por ejemplo, de una allanamiento no sean sustraídas o modificadas o destruidas, y además el Ministerio Público es quien debe garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales”, apuntó Romero.
Explicó que en el caso de Oscar López ve con preocupación que sean los mismos diputados de la Asamblea Nacional quienes tienen en su poder fotografías con motivos homofóbicos presentadas para humillar, violar la dignidad de una persona, siendo éstas sustraídas de las supuestas evidencias obtenidas del allanamiento a la casa del ciudadano Oscar López.
“Esto no es más que una macabra, grotesca y evidente irrupción inconstitucional en un procedimiento de investigación, y no es más que una muestra de la motivación política que tiene ese procedimiento”, argumentó Romero quien dijo que este caso no es el único, pues lamentablemente en el país se han visto incrementadas las irregularidades en torno al sistema de justicia, como arma política para callar cualquier voz disidente.
“Hemos denunciado detenciones sin orden judicial y allanamientos discriminatorios que violan el derecho a la propiedad y a la intimidad”, sostuvo Alfredo Romero quien aseguró que ya incluso ni siquiera hay límites para quienes defienden los derechos humanos, pues ya la CIDH emitió una respuesta sobre la persecución e intimidación hacia la abogada Tamara Sujú activista de derechos humanos y miembro del Foro Penal Venezolano.
“Ya no hay límites para intimidar y perseguir a los que alzan la voz contra los atropellos. Pues vemos otros casos de persecución como el de Leocenis García y Miguel Henrique Otero por mencionar los más conocidos”, denunció Romero quien comenta que estos casos se suman a los amedrentamientos que vienen sufriendo periodistas, diputados, asistentes parlamentarios e incluso ciudadanos que son perseguidos políticamente y no tienen la voz que los diputados tienen.
“Son muchas las arbitrariedades otra por ejemplo fue la detención de un muchacho del Semanario Sexto Poder por 24 horas, sin orden judicial y luego apareció. Así ha habido varios casos parecidos. Esta semana fueron acusados 70 jóvenes de Barquisimeto que venían denunciando torturas y detención arbitraria entre los días 15 y 16 de abril de este año cuando protestaban a favor de Capriles. Estos muchachos son víctimas de la violación a los derechos humanos y víctimas de la utilización del sistema de justicia como arma política”, enfatizó Romero quien dice que lamentablemente a pesar de lo que viene sucediendo ve poca solidaridad y contundencia en la defensa de los Derechos Humanos.
“No veo solidaridad efectiva, no hay acciones concretas para que la MUD o representantes de la misma defiendan con contundencia a estos muchachos, quienes andan angustiados por esta situación. Tampoco hay contundencia desde los voceros políticos en cuanto a la liberación de Simonovis. Evidentemente, hay persecución política contra políticos, esto lo hemos denunciado en múltiples oportunidades, pero los políticos y particularmente los diputados deben alzar su voz ante todas estas arbitrariedades que vienen ocurriendo en el país, porque están allí es para defender con firmeza a los ciudadanos”.
Fuente: GV
