A través de una carta al diario El Nacional por su 70 aniversario, el presidente fundador del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, resaltó el periodismo comprometido con la democracia a partir del respeto a la pluralidad y a la diversidad que ha venido ejerciendo este medio desde su fundación.

Rosales indicó además que El Nacional ha mantenido informado al pueblo venezolano con “un profesionalismo incólume en el tiempo”, y que también el diario ha sido noticia “por su incansable lucha, tanto en el pasado como en el presente, contra la censura, los dobleces de la dictadura militar y de un proceso revolucionario que para algunos parecía ser la vía de lo que llamaron ‘la emancipación de Latinoamérica”.

Lea el texto completo:

Ciudadano:

Miguel Henrique Otero

Presidente-Editor de El Nacional

Ciudad.-

Corrían tiempos de guerra en una parte del mundo y tiempos de significativos cambios en Venezuela. Es entonces cuando un hombre de una elevada estatura intelectual comprendió que era el momento de informar, desde una novedosa perspectiva, todo un cúmulo de excepcionales acontecimientos que se estaban presentando al unísono tanto en el concierto nacional e internacional: llanto, muerte y destrucción sin parangón por un lado, y por el otro, la esperanza de una sociedad que daba sus primeros pasos hacia la democracia.

Aquel martes 3 de agosto de 1943, en apenas 16 páginas, Miguel Otero Silva acompañado de un pequeño grupo de grandes escritores condensó toda esa compleja realidad. Pero no fue sólo una ventana que mostraba con frialdad los diversos escenarios. Las plumas que llenarían las hojas de esos primeros números de El Nacional se empeñaron en transmitir con riguroso análisis la naturaleza de los hechos.

Plurales ideas y profundas investigaciones acompañaban las noticias impresas en sus páginas. Ese respetado equilibrio editorial es el que le ha dado el prestigio y la confianza del lector durante estos 70 años.

A lo largo de siete décadas, El Nacional ha realizado un periodismo comprometido con la democracia a partir del respeto a la pluralidad y a la diversidad, pero fundamentalmente a la justicia en el país.

Diariamente y con un profesionalismo incólume en el tiempo, mantienen informado al pueblo venezolano, sin dejar ustedes de ser noticia por su incansable lucha, tanto en el pasado como en el presente, contra la censura, los dobleces de la dictadura militar y de un proceso revolucionario que para algunos parecía ser la vía de lo que llamaron “la emancipación de Latinoamérica”.

Mis mejores deseos de éxitos plenos en las nuevas metas y en la labor social e informativa que la gran familia de El Nacional realiza en pro de una Venezuela más próspera y digna de sus ciudadanos.

Fuente: Nota de Prensa

Aunque el robo de cabello no es considerado como un delito en las leyes venezolanas, el acto de someter y amenazar a una mujer para cortarárselo sí lo es. Así lo señalaron expertos en el área de violencia contra la mujer y el derecho penal.

Concordaron en que las lesiones, la privación ilegítima de libertad y violencia psicológica son algunos de los delitos que pueden cometerse durante el acto de robarle el cabello a una mujer.

Esta situación, aunque sorprenda escucharla, ocurre en el casco central de Maracaibo y en otras zonas de la ciudad desde hace más de cuatro meses, según relatos de comerciantes y testigos de esta atípica modalidad delictiva.

Agustín Andrade, abogado en materia penal, señaló que de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pueden tomarse a consideración ciertos aspectos que permitirían sancionar a alguien que someta a una mujer para robar su pelo.

“Esta ley protege todo tipo de acción que atente contra integridad física de las mujeres y por tal motivo el acto de someter a una mujer para robarle su cabello puede ser considerado violencia física, pues conllevaría a ocasionar un daño o sufrimiento por un empujón o que halen el cabello. Además, las amenazas a la vida pueden ser consideradas y está tipificado en el Código Penal”.

Explicó Andrade que el acto de someter a una mujer, retenerla en contra de su voluntad para luego cortar su cabello a la fuerza es castigable. “Tanto la privación ilegítima de libertad aunque sea por un corto momento y obligarla a cortar el cabello es considerada una lesión dentro de la violencia física. La afectación a la parte emocional sí se toma en consideración porque implica la feminidad que, en las mujeres, se refleja en gran parte a través del cabello arreglado”, explicó el experto.

Erenia Rojas, experta en el área penal y de violencia contra la mujer, señaló: “El hecho que le cortes el cabello a una persona y demostrar esa cadena delictiva de que realicen pelucas para venderlo al mercado es atípico”

Explicó la abogada que para encuadrar esta actividad dentro de las leyes, se puede vincular con la figura del secuestro cuyo fin es lograr un beneficio y se atenta contra la integridad de la persona. “En la Ley contra Extorsión y Secuestro se pueden establecer penas que no llegan a 15 años, pero para determinar esa pena todo depende de las circunstancias, con qué arma fue sometida la mujer y cómo fue el modus operandi”, señaló Rojas.

Así como en Venezuela, en Colombia —un país en que se han registrado decenas de casos por robo de cabello— tampoco está tipidicada esta situación en sus leyes.

En el vecino país, en los últimos tres años, titulares de prensa se han hecho eco de esta modalidad.Los expertos en derecho de ese país han preferido utilizar el término de injuria, un delito que atenta contra el honor de la persona.

Fuente: Panorama

El Ministerio Público logró privativa de libertad para el sacerdote de la capilla Juan Pablo II de San Cristóbal, Isaías Albarrán Villasmil (35), quien fue aprehendido el pasado 30 de julio, por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de tres mujeres y dos adolescentes en el estado Táchira.

Durante la audiencia de presentación, el fiscal 6º de esa jurisdicción, Juan Sánchez, imputó al presbítero por la presunta comisión de los delitos de violencia sexual en grado de tentativa, amenaza gravada y violencia agravada.

Tales delitos están previstos y sancionados en la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En ese sentido, el Tribunal 2° de Control del estado Táchira, con base en los elementos de convicción expuestos por el fiscal, dictó medida privativa de libertad para el Albarrán Villasmil y fijó como sitio de reclusión la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc) ubicada en San Cristóbal, mientras se cumple el lapso correspondiente para la presentación del acto conclusivo.

De acuerdo con la investigación, el citado día, el sacerdote fue aprehendido por funcionarios del Cicpc en la ciudad de San Cristóbal, tras diversas denuncias acerca de su presunta vinculación con el abuso sexual a tres mujeres y dos adolescentes.

Durante su detención, los efectivos policiales incautaron diversos elementos de interés criminalístico, entre los cuales destacan tres teléfonos móviles pertenecientes a Albarrán Villasmil.

Fuente: Globovisión

31 colegios fueron sancionados por el Instituto para la Defensa en el Acceso de Bienes y Servicios (Indepabis) en el estado Lara, por cobros ilícitos, informó la directora regional del organismo, Valentina Querales.

“Hasta el momento hemos supervisado 31 instituciones de educación y en cada una hemos aplicado diversos tipos de sanciones, que van desde cobros por carnés hasta bonos y colaboraciones especiales, situaciones que están prohibidas”, precisó.

Indicó que estas sanciones oscilan entre 100 y 500 Unidades Tributarias (UT). Mencionó el caso de uno de los institutos educativos privados, situado en el centro de Barquisimeto, que cobró a padres y representantes 3.600 bolívares por un bono, lo cual viola el derecho a la educación gratuita.

Querales indicó que este procedimiento, así como otros realizados a colegios de esta entidad federal, se realiza en principio ante denuncias por parte de padres y representantes. La supervisión se extenderá a todos los colegios del estado, previo al inicio de clases.

El Jefe de la Zona Educativa, José Vicente González, ratificó que está prohibido todo tipo de cobro a padres y representantes, tanto en institutos públicos como privados. “No permitiremos ningún tipo de cobro porque el Gobierno Nacional garantiza la educación gratuita”, resaltó González.

La directora del Indepabis en Lara informó que está disponible el número 08000-reclamo (0-800-7325266) para ésta y otras denuncias, que pueden realizarse incluso de manera anónima.

Fuente: Globovisión