“Como se encuentra el sistema penitenciario en el país, los jueces deben tener en cuenta que privar de libertad a una persona es condenarlo a muerte”, expresó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, luego de informar que durante los 705 días de gestión de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, al menos un recluso por día ha fallecido en las cárceles venezolanas.
“En esos dos años han muerto 1.096 presos y 1.956 fueron heridos. Hasta el momento tampoco se ha solucionado el asunto del hacinamiento porque en el 2011existían 45.508 personas recluidas y hoy las cárceles albergan a 52.933”, explicó el experto.
El informe del OVP indica que en el primer semestre de este año 289 reclusos han fallecido en las cárceles venezolanas, mientras que otros 423 quedaron heridos en algún hecho de violencia.
Los penales más violentos en los 6 primeros meses de 2013 fueron la cárcel de Uribana, con 63 fallecidos; la de Sabaneta, con 32 fallecidos, y Tocorón, Tocuyito y la Penitenciaria General de Venezuela, con 28 reclusos muertos en cada una.
“Por encima de la construcción, adecuación y refacción de la infraestructura está el derecho a la vida. La pregunta puntual es cuándo se le va a garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de libertad. Esa es su responsabilidad, ministra”, dijo Prado.
Agregó que las cifras demuestran que desde la creación del Ministerio del Servicio Penitenciario la situación de violencia y hacinamiento ha aumentado. Por ejemplo, en el informe presentado por la organización de derechos humanos se mostró que el porcentaje de hacinamiento en las cárceles es de 220%.
Prado recordó que desde la creación del ministerio no se han generado nuevos lugares para detención; por el contrario, La Planta y el Internado Judicial de Coro fueron clausurados; el centro penitenciario de Uribana fue desalojado y sólo el Internado Judicial Rodeo II fue reinaugurado.
“Cuando fue demolida la Cárcel Modelo de Caracas, en 1983, se trasladaron más de 1.800 reclusos hacia los penales Rodeo I y Yare I, recién inaugurados. En 1997, implosionaron el Retén de Catia y la población reclusa fue trasladada a los penales Rodeo II y Yare II. En esta gestión no han construido nada”, aseveró el activista.
Deuda con los DDHH
28,57% de las protestas realizadas por los presos durante el primer semestre de 2013 buscaban denunciar las condiciones indignas de reclusión (hacinamiento, falta de agua potable, mal estado de los baños, entre otras cosas), según los registros llevados por la organización.
En total se registraron 444 reclusos con bocas cosidas, 6 huelgas de hambre, 3 secuestros de visitantes, 2 secuestros de funcionarios y una quema de colchones.
Prado explicó que el plan Cayapa Judicial, implementado en noviembre de 2012, no ha resuelto el problema estructural del retardo procesal por lo que esta es la segunda causa de protestas entre los recursos. A la fecha del total de privados de libertad (52.933) sólo 17.591 poseen sentencia.
El director del OVP cree que para dar una solución a ese 62% de la población penal en condición de procesados se debe incrementar el número de jueces, fiscales y defensores públicos.
Calabozos
Humberto Prado, director del OVP, denunció la situación de colapso que tienen los Centros de Coordinación Policial con la sobrepoblación de sus celdas, conocidas como calabozos.
“La partida presupuestaria de las gobernaciones no establece la alimentación y adecuación de espacios en las celdas de detención temporal de las sedes de policías. Estos lugares sólo están capacitados para albergar a los reclusos por 48 horas”, recordó Humberto Prado.
Indicó que durante el primer semestre en estos centros de detención se han registrado 18 muertes de presos y 138 heridos. Mencionó también que en el mismo período se fugaron 42 personas de los calabozos policiales en el territorio nacional.
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