La diputada María Corina Machado utilizó Twitter para denunciar que “cada día es más evidente la militarización de la sociedad y de los poderes públicos en Venezuela”.

Explicó que “ante conflicto sindical en empresa expropiada (Diana), la respuesta es la toma con efectivos militares”. Agregó que igualmente, “ante conflicto laboral en Guayana (Ferrominera): militarización de las plantas”.

La parlamentaria continuó dando ejemplos y manifestó: “Frente a la violencia desatada, el régimen militariza las calles con el Plan Patria Segura”. Aseguró que con estas acciones de sacar efectivos militares con armas de guerra a las calles “se asustan a todos, menos al hampa”.

Asimismo, Machado reiteró que la “nueva Ley de Alistamiento Militar viola la Constitución: exige registro militar para obtener pasaporte o cuenta bancaria”.

Fuente: EN

Dirigentes del partido Primero Justicia, realizaron en la Plaza Brión de Chacaíto, una exposición fotográfica sobre las obras sociales realizadas por el diputado a la Asamblea Nacional, Richard Mardo, en el estado Aragua.

La jefa de fracción parlamentaria de PJ, Dinorah Figuera, reiteró que las acusaciones en contra del diputado Mardo forman parte de una “persecución política” encabezada por dirigentes regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Figuera, considera que en el caso de Mardo se ha violado el debido proceso. Indicó que el próximo lunes diputados principales y suplentes de PJ realizarán un acto de solidaridad y acompañamiento al diputado.

Por su parte, el concejal metropolitano, Máximo Sánchez, explicó que más de 5000 personas fueron beneficiadas por las acciones sociales dirigidas por el diputado Mardo.

Fuente: Globovisión

El comisario Iván Simonovis se recupera de una intervención quirúrgica que le fue practicada de emergencia este viernes por presentar peritonitis biliar.

Elenis Rodríguez, defensora de los derechos humanos informó que los médicos recomendaron que permanezca una semana en el Hospital Militar de Caracas, doctor Carlos Arvelo e indicó que el pasado jueves se le realizó a Simonovis un chequeo médico en el Hospital Victorino Santaella de Los Teques, donde los galenos habrían dado un diagnóstico errado y supuestamente aplicaron un tratamiento para infección urinaria.

Rodríguez, exhorto a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz a pronunciarse sobre este caso y promover el otorgamiento de una medida humanitaria que permita al comisario cumplir con el tratamiento médico para sus otros padecimientos.

Se tiene previsto que el próximo martes los activistas por los derechos humanos se reúnan con representantes de la iglesia católica, para presentar el caso.

Fuente: Globovisión

Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, informó este sábado que su despacho solicitó congelar las cuentas a Miguel Henrique Otero, director de El Nacional, y privativa de libertad contra Alfredo Peña, exalcalde de Caracas, luego de que éste interpusiera una demanda en febrero.

“A solicitud del MP se dictó prohibición de enajenar, grabar y congelación de cuentas de Miguel Henrique Otero y privativa de libertad a Peña”, publicó la Fiscal General, en su cuenta de twitter, en horas del mediodía.

Peña introdujo una demanda contra Otero por una millonaria deuda que ronda los 9 millones de dólares (más de 38 millones de bolívares) y que data del año 2003.

La deuda comprende un préstamo personal de 3 millones 513 mil 72 dólares, que Peña le hizo a Otero en enero de 2003, más los intereses de dicho monto calculados desde entonces, que ascienden a 4 millones 637 mil 160 dólares, y 800.000 dólares por concepto de honorarios profesionales a favor de la firma de abogados, reseña Correo del Orinoco.

Las acciones legales de Peña (quien fuera también director de El Nacional) las ejerce mediante un apoderado en Caracas, Antonio Sierralta, quien exhorta al empresario Miguel Henrique Otero Castillo, en uno de los documentos, “a cumplir con sus obligaciones mercantiles” y a que “le haga honor a la amistad entrañable que por años existió entre ellos (Peña y Otero Castillo), en particular, ahora que mi patrocinado (Peña) está exiliado y padece de serios quebrantos de salud”.

Igualmente, el apoderado denuncia que Alfredo Peña ha enviado al dueño de El Nacional comunicaciones mensuales de cobro. Incluso refiere que él como represente legal del ex alcalde fue a las oficinas de Miguel H. Otero y fue expulsado con maltratos por parte del personal de seguridad.

A solicitud del MP se dictó prohibición de enajenar, grabar y congelación de cuentas de Miguel Henrique Otero y privativa de libertad a Peña

— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) July 27, 2013

Fuente: Panorama

«La aplicación de la justicia no puede ser asumida como una instrumentalización de la venganza política». La afirmación la hizo el Foro por la Vida, en un comunicado difundido ayer, en el cual advirtió que esta visión «no sólo favorece la impunidad sino que resquebraja principios básicos de la democracia y produce una muy grave fractura social y política de resultados impredecibles».

El bloque, que agrupa nueve organizaciones pro Derechos Humanos, expresó su preocupación por «el debilitamiento de las garantías judiciales y la judicialización como método para criminalizar» a los adversarios políticos.

El pronunciamiento lo emitieron las agrupaciones en rechazo al «grave esquema» que de «persecución judicial contra adversarios políticos, jueces, abogados, líderes sindicales y sociales, defensores de Derechos Humanos y funcionarios públicos que han tomado decisiones contrarias a los intereses políticos gubernamentales o han manifestado su inconformidad con políticas gubernamentales y han exigido el cumplimiento de sus derechos».

El Foro mencionó particularmente los casos del dirigente sindical Rubén González, quien ese encuentra sometido a juicio por participar y dirigir una huelga en la estatal Ferrominera; el de los cinco líderes de la etnia Pemón que están siendo investigados por denunciar a unos militares por corrupción; el de la suspendida jueza María Lourdes Afiuni, quien permaneció casi tres años en prisión por dejar en libertad condicional a un exbanquero que tenía más de dos años detenido sin ser sometido a juicio; y más recientemente el del diputado Richard Mardo (Primero Justicia), a quien el martes la Asamblea Nacional decidirá si le allana su inmunidad, para permitir al Ministerio Público que lo procese por las donaciones que recibió de empresarios para financiar sus actividades sociales.

Las agrupaciones, en su escrito, denunciaron que en la mayoría de estos casos y otros registrados en los últimos años se ha producido una «violación del debido proceso que implica una violación del derecho a la defensa, de la presunción de inocencia y del principio de legalidad».

¿Cómo se da esto? En buena parte de estos casos funcionarios acusan y condenan anticipadamente a los señalados, sin esperar la decisión de los jueces. Asimismo muchas veces no les garantiza a los sospechosos que puedan defenderse y las pruebas en su contra son obtenidas de manera dudosa.

Contrario a todo

Tras advertir que esta situación viola abiertamente la Constitución de 1999, el Foro aseveró que también supone una vulneración a compromisos internacionales asumidos por el país, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Ante este grave panorama los activistas reclamaron de las autoridades que den un giro radical y «cese la criminalización y los enjuiciamientos a priori desde los más altos voceros del Estado y con el uso de instancias estatales en contra de quienes pueden ser objeto de una investigación». Pero en especial demandaron una «efectiva» separación de poderes.

fuente: EU