Unas 5.000 personas marcharon el jueves en el centro de la capital por el “aborto libre y gratuito” y para exigir el término de la “violencia ejercida por el Estado chileno”, que promueve el servicio maternal obligatorio, informa EFE.
Pese a que la manifestación no contaba con la autorización de la Intendencia (Gobernación) e incluso en más de alguna oportunidad cortaron el tránsito, la Policía se mantuvo alerta pero no actuó para disolverla.
“Fue todo un éxito, de gran impacto. Nos hicimos escuchar. En este país se sigue negando a las mujeres el acceso a servicios de aborto seguro, penalizando con cárcel a las que deciden sobre sus cuerpos y su reproducción con autonomía”, dijo a Efe Angie Mendoza, representante del grupo Marcha Mundial de Mujeres Chile.
Explicó que incluso un grupo de unas 300 personas ingresaron a la Catedral Metropolitana, donde en esos momentos se llevaba a cabo una liturgia, “para decir basta a la criminalización del aborto”.
Mendoza afirmó que la idea de la manifestación fue denunciar “la hipocresía” que permite que en Chile se realicen abortos en clínicas privadas o en el extranjero, al mismo tiempo que las mujeres pobres mueren por procedimientos “insalubres y precarios”.
“Las mujeres en Chile son criminalizadas y tratadas como delincuentes al abortar, siendo una realidad que al menos 438 abortos se realizan diariamente en condiciones inseguras en nuestro país”, enfatizó.
El aborto está prohibido en Chile por una norma impuesta por el dictador Augusto Pinochet en 1989, poco antes de entregar el poder, al modificar el artículo 119 del Código Sanitario, que desde 1931 permitía en este país el aborto terapéutico.
Tras la modificación, el texto señala que “no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar el aborto”.
La prohibición, en todo caso, tuvo su origen en la Constitución impuesta por la dictadura en 1980, que en su artículo 19 establece que “la ley protege la vida del que está por nacer”.
La norma se impuso tras ser rechazada una propuesta mucho más taxativa, planteada por Jaime Guzmán, considerado el inspirador de esa Carta Magna y que en 1991, siendo senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), fue asesinado por un grupo de ultraizquierda.
La propuesta de Guzmán decía, textual: “La madre debe tener el hijo aunque salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación, aunque tenerlo derive en su muerte”.
Según los convocantes a la marcha de esta noche, tanto la derecha como la oposición, las iglesias y organizaciones pro-fetos “se mantienen coludidas” para que Chile siga siendo uno de los seis países del mundo en que la legislación mantiene la más absoluta penalización del aborto, cualquiera sea la razón o circunstancia por la cual se realice, incluso en caso de violación.
El pasado 9 de julio, el presidente Sebastián Piñera aseguró que su Gobierno “protegería” la vida de una menor de 11 años que quedó embarazada tras ser violada por su padrastro aunque no mencionó la posibilidad de un aborto terapéutico prohibido en Chile.
Belén, que vive con su abuela en la región de Los Lagos, visitaba los fines de semana a su madre, donde al menos en tres ocasiones en el último año fue violada por el hombre que convive con su progenitora.
Tras saberse de este caso, la diputada María Antonieta Saa, del socialdemócrata Partido por la Democracia (PPD), presentó un proyecto que permite el aborto en caso de que peligre la vida de la madre, cuando el feto sea biológicamente inviable o en caso de violación, pero nunca más se ha vuelto a hablar de la iniciativa.
Fuente:http://acn.com.ve/
