El destino de la treintena de tripulantes del barco norcoreano retenido en Panamá con equipos militares no declarados procedentes de Cuba es incierto, toda vez que no está claro que hayan cometido un delito tipificado en las leyes panameñas, opinó hoy un experto en jurisprudencia.
Además, el ministro panameño de Seguridad, José Raúl Mulino, ha dicho que los tripulantes y el barco pasarían a jurisdicción de las Naciones Unidas si la misión del organismo multilateral que llegará en agosto a inspeccionar las armas determina que se han violado resoluciones de su Consejo de Seguridad.
La Procuraduría General (fiscalía) formuló el miércoles a los 35 tripulantes del barco «Chong Chon Gang» cargos criminales por el delito de atentar contra la seguridad colectiva, que está previsto en la ley local pero que aparentemente es inaplicable en este caso, afirmó a Efe el exprocurador del país Rogelio Cruz.
Los artículos que tipifican el delito de atentar contra la seguridad colectiva se refieren al porte, transporte y fabricación, entre otros, de armas de fuego, municiones y explosivos, y habría que precisar «hasta qué punto» los equipos militares hallados en el barco entran en esa definición específica de la ley panameña, explicó el jurista.
«Entiendo que están (en el barco) los lanzamisiles, pero ¿están los misiles, o solo partes? (…) al parecer estamos en presencia de equipo bélico que no está exactamente tipificado» en la ley local, «yo no veo aquí ninguna norma penal aplicable, pareciera que está un poquito halado de los cabellos», aseguró Cruz.
El exprocurador matizó que el caso del barco norcoreano es «inédito en Panamá, que pareciera que no estaba preparada para algo parecido».
La legislación panameña castiga el delito de atentar contra la seguridad colectiva con hasta 6 años de cárcel, que pueden elevarse a entre 10 y 12 años dependiendo del número de armas involucradas en el caso o su poder destructivo.
Hasta ahora, las autoridades panameñas han dicho que han hallado un «material bélico» aparentemente consistente en «lanzamisiles», ocultos en contenedores bajo miles de toneladas de azúcar cruda, la única carga declarada ante las autoridades del país.
Cuba reveló el martes que las armas le pertenecen y que el cargamento se compone de «dos complejos coheteriles antiaéreos Volga y Pechora, nueve cohetes en partes y piezas, dos aviones Mig-21 Bis y 15 motores de ese tipo» de aeronave, todos de fabricación rusa y que datan de la década de 1950.
El Gobierno de la isla, además, afirmó que se trata de material «obsoleto», que enviaba a Corea del Norte para que fuera reparado y devuelto a Cuba.
Una misión de la ONU llegará a Panamá el próximo 5 de agosto para inspeccionar el armamento y determinar si se está ante una violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad, que prohíben a Corea del Norte importar o exportar armamento de cualquier tipo.
«Si Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, resulta ser competente (…) por las violaciones a las resoluciones emitidas por ellos (…) el caso concreto sale de nuestra competencia (…) la tripulación y la nave quedará a órdenes de ellos (ONU), no sé de la carga», dijo Mulino el miércoles a los periodistas.
Corea del Norte exigió el miércoles la liberación «sin demora» del buque y sus 35 tripulantes, todos ellos norcoreanos, defendió la legalidad del envío aludiendo a un «contrato legítimo» con Cuba, y acusó a Panamá de «asaltar» el barco «bajo el pretexto de buscar drogas» que finalmente no se encontraron.
Las autoridades panameñas han sostenido que decidieron revisar el barco porque tenían información de inteligencia que apuntaba a que podía ocultar un alijo de drogas, pero se toparon con las armas, y han denunciado oposición de los tripulantes a permitir el registro.
Incluso, el capitán intentó suicidarse cortándose el cuello con un cuchillo, pero solo logró hacerse una «leve herida» porque fue inmovilizado por un agente del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), confirmó a Efe el director de ese organismo de seguridad, el comandante Belsio González.
El barco «Chong Chon Gang» ya había sido detenido en 2010 en Ucrania por transportar «drogas no declaradas, alcohol y munición para armas pequeñas», precisó a Efe por correo electrónico Lawrence Dermody, del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus sigla en inglés).
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