Diputados de la Mesa de la Unidad Democrática denunciaron un incremento del endeudamiento complementario producto de la corrupción en el país. José Manuel González, integrante de la Comisión de Finanzas del Parlamento, rechazó la creación de un presupuesto paralelo por el Ejecutivo Nacional.

«El resultado lo vemos día a día: desabastecimiento, la crisis en las estructuras de los hospitales, el mal funcionamiento de las escuelas. En términos generales, un país colapsado, lo único que se ha incrementado es la corrupción. 10 mil millones de Bsf. solicitados para las viviendas y aún hay refugiados en el país».

González alega que es un “chantaje” del gobierno argumentar que la Ley de Endeudamiento aprobada por la Asamblea Nacional por 76 mil millones de bolívares fuertes está destinado al pago de pensiones, prestaciones sociales y viviendas.

«Es increíble que los pensionados dependan de un endeudamiento para cancelarles lo que le corresponde, En este momento hay un presupuesto paralelo de 49 $ por barril de petróleo. Esa es la realidad del gobierno, misiones para los pobres y Sicad para los ricos», aseveró González.

González insiste en que se investigue la presunta corrupción en el Sitme, cesen los regalos a otros países y la “sobrefacturación” que a su juicio hay en el Ejecutivo.

Fuente: GV

Tras sendas reuniones con estudiantes y profesores nuevamente los estudiantes tenemos que decirle al país que nuestras reivindicaciones no fueron atendidas, «a minutos de un acuerdo histórico, jheyson Guzmán, viceministro de asuntos estudiantiles, pateó la mesa». Así lo declaró Daniel Álvarez, representante de la FCU por la Universidad Simón Bolívar.

«Nosotros creemos que otros interlocutores, que sí han demostrado voluntad de diálogo, deberían asumir las negociaciones. Le dimos al ministerio una propuesta clara que solo está esperando por la firma para que los estudiantes tengan una respuesta justa», señaló el estudiante.

Agregó Álvarez que «mientras el escenario sea asé, el conflicto continúa. Hasta que no haya una respuesta concisa y adecuada se mantiene la paralización de actividades».

La profesora Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de la Fapuv, hizo un balance de los acuerdos alcanzados por los profesores universitarios con el ministerio de Educación Universitaria y en ese sentido señaló que es organismo reconoció que empleador de los profesores es la universidad, porque en el acuerdo del gobierno con las organziaciones pro gobierno acordaron que el patrono era el ministerio y los profesores firmamos nuestro contrato con la universidad».

Informó también que se reconoció que a «nosotros nos rige la ley de universidades, puesto que en ese contrato que habían firmado nos cambiaron el nombre de profesores universitarios por trabajadores docentes».

Finalmente, el ministerio reconoció que los derechos laborales son progresivos e intangibles.

Fuente: GV

El diputado Julio Chávez (PSUV) acudió a la Fiscalía General de la República en compañía de un grupo de parlamentarios oficialistas para solicitar que se investigue a Leocenis García, presidente editor del periódico 6to Poder, por la supuesta comisión de los delitos de evasión fiscal, legitimación de capitales y defraudación tributaria.

El legislador aseguró que tiene pruebas de que García tiene una cuenta en una entidad bancaria con sede en Suiza, la Compañía Bancaria Helbética, en la que hasta el 10 de junio de este año mantenía un total de 3.775.498,87 dólares.

“En 2012 este ciudadano declaró al Seniat la suma de 164.640 bolívares y el pago de impuestos por 8.947,36 bolívares, pero a pesar de esta declaración hizo transferencia en dólares norteamericanos”, dijo.

Chávez sostuvo que García transfirió un total de 358.292,94 dólares mediante cinco transacciones. «A Enrique Peñaloza, dirigente político colombiano de la oposición, vinculado con el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, le transfirió 15.084,80 dólares”, indicó.

Chávez no informó cómo llegaron los documentos a la Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional.

“Estos recursos fueron a parar a las arcas de movimientos de oposición que han generado desestabilización y al movimiento estudiantil de la derecha”, aseveró.

Mandadero. Horas después de las denuncias de Julio Chávez el editor García indicó que 6to Poder tiene cuentas internacionales, al igual que el resto de los medios de comunicación del país. «Tenemos el respaldo para justificar absolutamente todo. Esa denuncia es una gafedad, les vamos a entregar las cuentas de 6to Poder fuera del país. No tenemos dólares oficiales, ‘Señor Mandadero’ que envía Nicolás Maduro, porque cuando 6to Poder quiere acceder para comprar papel a los dólares de Cadivi nos rebotan las carpetas. Nosotros hacemos periodismo con las manos, con las uñas”, destacó.

García, en rueda de prensa, sostuvo que no lo amedrentarán con la cárcel ni con el cerco económico. «El Gobierno ha intentado meterme preso en reiteradas oportunidades. En Venezuela existe un grupo independiente que se ha posicionado frente al gobierno de Maduro, y, lamentablemente, está siendo perseguido.No nos hemos bajado los pantalones, y no nos lo vamos a bajar», señaló.

Desestimó las acusaciones sobre financiamiento a Álvaro Uribe y destacó que su conspiración es con los micrófonos. “A mí nada me es más placentero que digan que hemos ayudado a los estudiantes. 20% de ventas por papel que obtenga 6to Poder se lo vamos a entregar al movimiento estudiantil», añadió.

Retaliación. El coordinador de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, señaló como inconstitucional usar medidas judiciales como retaliación contra los medios de comunicación en el país. Mostró preocupación por que las acciones contra la prensa se han repetido Mérida, Carabobo, Falcón y Bolívar.

“Es inadmisible que se restringa la libertad de expresión a través de sentencias. En el caso de Bolívar se llegó al punto de que un empresario solicitó prohibir la difusión de procesos judiciales, que son públicos. Se utiliza la presunción de inocencia como coartada para restringir la libertad de expresión”, dijo.

Se refirió a la demanda interpuesta por el empresario Yamal Moustafá contra El Correo del Caroní luego de que el diario difundió las denuncias de Andrés Velásquez por una presunta red de corrupción en Bolívar. La periodista Clavel Rangel, que reportó la información, contó que la demanda de Moustafá contra Velásquez por difamación e injuria fue extendida al periódico.

Querella contra medios

La Comisión Nacional para la Protección de los Periodistas rechazó las descalificaciones de Yamal Mustafá contra Clavel Rangel y David Natera, periodista y director de El Correo del Caroní, por la publicación de información sobre corrupción. Exhortaron a los tribunales a desestimar la querella penal por el delito de difamación.

Luz María Camargo, jefa de información de La Mañana en Falcón, dijo que el martes se decidió que el periódico irá a juicio luego de la demanda de la Defensoría del Pueblo, por la publicación de imágenes de sucesos en las que presuntamente aparecerían niños durante 2012. Se solicitó como multa la cancelación del 2% del PIB del periódico en 2011.

Fuente: EN

Eveling Trejo de Rosales aspira a ser reelegida alcaldesa de Maracaibo y por lo menos tiene el primer paso garantizado, pues la Mesa de la Unidad Democrática la ratificó como candidata en ese municipio, incluso después de las reiteradas solicitudes de Juan Pablo Guanipa de convocar primarias para que el pueblo decidiera sobre el candidato de la oposición a la alcaldía de la capital zuliana.

Trejo de Rosales indicó que es indispensable fortalecer la unidad en el municipio Maracaibo. “Los trapitos se lavan en la casa; los problemas que él considere que son más grandes, lo invitó para que los discutamos en una encuentro acompañados de la MUD”, dijo.

La alcaldesa afirmó que las relaciones con Juan Pablo Guanipa se desarrollan de la mejor manera y en un ambiente se serenidad. Ejemplo de ello es que Trejo de Rosales desea que Guanipa sea concejal del municipio Maracaibo cuando ella sea reelegida.

Considera que con quien podía ser su contendor en un proceso de primarias – Guanipa– son más las coincidencias que las diferencias, por el bien de la jurisdicción. Acerca de la encuesta de Datanálisis, cuyos resultados indican que 75% de los ciudadanos del municipio Maracaibo desean que haya primarias, Trejo manifestó que los estudios de opinión son una herramienta que cambia en segundos. Recordó que en 2010, cuando también era candidata, se midió con Guanipa en unas elecciones de ese tipo y ganó con 80% contra 20%.

“La mejor encuesta es el pueblo, que quiere de Maracaibo un nuevo rostro; no se trata de una guerra de encuestas”, expresó.

La aspirante a la reelección en la Alcaldía de Maracaibo dijo que no le teme a los ataques del Gobierno contra dirigentes de partidos, pues considera que todos obedecen a estrategia política. “A mí no tienen de nada de qué acusarme”, dijo.

Los directivos de la Mesa de la Unidad Democrática viajarán el 25 de julio a Maracaibo para ratificar a Eveling Trejo de Rosales como la candidata de al unidad en esa jurisdicción. Luego de eso esperan reunirse con Juan Pablo Guanipa.

Soluciones igualitarias. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, fijo posición sobre los municipios en los cuales no se ha definido candidato, como El Hatillo y Baruta.

“Yo en ese tema pienso se debe labrar una solución igualitaria con las reglas del juego. Ya se ha hablado hasta el momento de la participación de varios candidatos en El Hatillo, y en Baruta hay un candidato, que es Uzcátegui; está inhabilitado, pero ya veremos qué se decidirá en ese caso”.

Ledezma recordó que los candidatos resultaron elegidos y designados en un proceso de primarias y que esos son los aspirantes que hay que respetar y apoyar. “La unidad es clave; el Gobierno daría la vida porque nosotros nos dividiéramos y fracturáramos, dañar lo que tanto ha costado construir”, expresó. Acerca de las investigaciones y juicios abiertos a dirigentes políticos de oposición, como el diputado Richard Mardo y el gobernador de Lara, Henri Falcón, señaló que se trata de una estrategia de persecución contra toda la oposición y no sólo contra el partido Primero Justicia. “Criminaliza la disidencia y desprestigia los organismos públicos cuando los convierten en alcabalas para perturbar la libertad de los venezolanos”, añadió.

Fuente: EN

En la sesión plenaria del martes 30 de julio el oficialismo aprobará el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Richard Mardo (PJ). Así lo adelantó el presidente de la Comisión de Contraloría, Pedro Carreño (PSUV), quien acotó que la solicitud del TSJ para activar el mecanismo ya llegó a la Asamblea. Explicó la petición del máximo tribunal se aprobará por mayoría simple.

“El martes 30 de julio se presentará a plenaria la solicitud del TSJ y el informe de la comisión especial de la Asamblea. La oposición inscribirá a cinco oradores y la bancada revolucionaria a seis, se abrirá el debate y luego se aprobará el allanamiento de la inmunidad por mayoría simple porque se trata de una autorización”, dijo Carreño.

Explicó que las autorizaciones de la AN se aprueban con mayoría simple. Puso como ejemplo los créditos adicionales, el nombramiento de embajadores, el permiso de viaje al Presidente al exterior por más de cinco días y la condecoración de militares activos. “Todas las autorizaciones establecidas en la Constitución, incluyendo la del allanamiento de la inmunidad, se aprueban por mayoría simple”, enfatizó.

Juan C. Caldera (PJ) rechazó la argumentación de Carreño. Indicó que debe aplicarse el artículo 187 numeral 20 de la Constitución, según el cual la separación temporal del cargo de los diputados requiere dos tercios de los votos. “El levantamiento de la inmunidad implica directamente la separación del cargo. Eso requiere el voto de dos tercios”, sostuvo.

Capriles. Carreño, que también preside la comisión especial que investiga los hechos de violencia postelectoral, señaló que el informe final será presentado el martes. El objetivo de esta comisión es demostrar la responsabilidad intelectual de Henrique Capriles en las nueve muertes ocurridas la noche del 15 de abril.

Para su elaboración, la comisión especial invitó a figuras del chavismo como Mario Silva y Andrés Arenas; a familiares de los fallecidos; a testigos de agresiones al CDI; a la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, y a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.

Otra diputada de oposición que será investigada por el Parlamento es María Corina Machado (independiente). Ayer se instaló la comisión especial que determinará si Machado y otros dirigentes de la MUD incurrieron en delitos contra la soberanía, a raíz de una conversación entre la diputada y el historiador Germán Carrera, divulgada el 26 de junio. En el diálogo se mencionan contactos con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La instancia será presidida por Jesús Farías (PSUV) e integrada por Biagio Pilieri (Convergencia), Tania Díaz (PSUV), Gladys Requena (PSUV) y Deyalitza Aray (Proyecto Venezuela). El martes se aprobará el cronograma de interpelaciones y consultas a expertos. “El reglamento da 30 días para presentar el informe, pero solicitaremos una prórroga”, dijo Farías.

En otras informaciones, la Comisión de Política Interior designó una subcomisión que indagará sobre el asesinato de madre e hija en Falcón a manos de funcionarios de la GNB. Estará presidida por Jesús Paraqueima (PSUV) e integrada por Edgar Lucena (PCV), Raúl Álvarez (PSUV), William Barrientos (UNT) y Juan C. Caldera (PJ).

En la plenaria del 30 de julio podría iniciarse la segunda discusión del Código Orgánico Penitenciario, culminado ayer por la Comisión de Cultos, así como la reforma de las leyes de Consejos Estadales y Locales de Planificación terminadas por la Comisión de Poder Popular.

Fuente: EN

El presidente de la comisión de desarrollo urbano del Cabildo Metropolitano, Alejandro Vivas denunció que la puesta en funcionamiento de la unidad 10 del Guri, se hizo «sin seguir el debido protocolo y alertó que podría salir del sistema nuevamente». Esta declaración la realizó dentro del marco de la contraloría social y ciudadana que le corresponde y a propósito de la incorporación de los 100 MW que en estos días anunció el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón.

Agrego que «en el Zulia está ocurriendo una situación muy grave y es que no están instalando transformadores nuevos ni reparados y a los usuarios les dicen que si quieren uno deben mandarlo a reparar y pagar su costo».

Resaltó Vivas que hace 81 días que Jesse Chacón dio el plazo de los 100 días para resolver la crisis eléctrica, por lo que «le quedan 19 para renunciar a su cargo porque no ha resuelto el problema».

«En las últimas semanas se ha agravado la situación eléctrica en el área metropolitana de Caracas, cosa que no ocurría en el pasado a lo que se suman los estados centrales Miranda, Carabobo y Aragua. En esta lista también entraría Falcón», dijo.

Vivas cree que la estrategia llevada adelante por el gobierno nacional está errada y se trata de cargarle la responsabilidad del mal servicio a los usuarios, «cuando lo que ha pasado es que se ha distribuido mal la inversión en un sector que en los últimos 10 años ha contado con 32 mil millones de bolívares fuertes», finalizó.

Fuente: GV

Dentro del marco de la iniciativa No+Violencia que adelanta Primero Justicia, el miembro de la dirección nacional de ese partido y candidato a alcalde del municipio Chacao por la Mesa de la Unidad, Ramón Muchacho, acudió a la sede del CICPC, en la calle Mis Encantos, donde criticó que el gobierno nacional decida invertir en defensa aérea cuando «en las calles están matando a los venezolanos».

Muchacho acompañado por militantes de Primero Justicia advirtió que es en «seguridad ciudadana que se debe invertir, pagarle bien a los policías que cada día migran al ámbito de la seguridad privada a matar tigres porque el sueldo no les alcanza».

Por otro lado desmintió al presidente Maduro respecto a que los corruptos del Bandes y Fondo Chino pertenezcan a Primero Justicia, «es absurdo pensar que este gobierno pondría en esos cargos a justicieros».

Finalmente, expresó su solidaridad con el diputado Richard Mardo y condenó que se utilice la justicia venezolana para perseguir a quienes piensan distinto.

Fuente: GV

El Jefe de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, Diputado Edgar Zambrano junto a los parlamentarios Richard Blanco (ABP), Biagio Pilieri (Convergencia), Oscar Ronderos (AD) y el ex gobernador del estado Zulia Pablo Pérez se reunieron este jueves con el Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, para hacer de su conocimiento los casos de los parlamentarios Pilieri, Blanco, Alemán, Mardo, Machado, Curupe, González, Mazuco y Caldera sometidos a persecución judicial violando el texto constitucional y la institución universal de la inmunidad parlamentaria.

A su salida del Encuentro el ex gobernador Pablo Pérez manifestó que “esta fue una reunión sumamente importante, donde tocamos diversos tópicos, pero donde el principal tema fue el Diálogo y la Reconciliación de nuestro país. La situación que se presenta y que el Diputado Edgar Zambrano ha venido encabezando desde la Asamblea Nacional, como es el tema de los perseguidos, exiliados y prisioneros políticos”.

Pérez destacó que es importante la participación de la Iglesia Venezolana, “para facilitar el Diálogo en Venezuela es fundamental. Para este diálogo desde el punto de vista político tiene que haber actores, el factor del gobierno y el factor de la Alternativa Democrática. No es que la Iglesia va a sustituir a algunos de ellos, sino que como institución milenaria de la humanidad, sirva de facilitador y pueda ayudar a componer las circunstancias para que todos nos sentemos y encontremos objetivos comunes, que es lo que necesita el país”.

El ex gobernador dejo claro que en el país es necesario ver los puntos coincidentes, en vez de los temas que nos alejan y separan como sociedad, para ratificar así “nuestro compromiso con la democracia, la unidad, el diálogo y la paz en nuestro país y por supuesto solicitar el regreso de los exiliados, la liberación de los prisioneros y el cese de la persecución política”.

Al ser consultado sobre si ya fue depurada la lista de los prisioneros y exiliados políticos, como lo ha pedido el Ministro del Interior, Justicia y Paz, el ex gobernador Pablo Pérez acotó que “no podemos poner a la Iglesia a andar escogiendo, la lista fue suministrada por quienes están llevando a cabo estas conversaciones por el Diputado Edgar Zambrano, fue suministrada al Canciller, fue suministrada al Ministro. Nosotros no somos quienes tampoco para estar escogiendo quien es prisionero o exiliado, nosotros sabemos en el país y el gobierno lo sabe, quienes son los prisioneros, los exiliados y los que están siendo sometidos a la persecución judicial”.

Pablo Pérez recalcó que es importante continuar estos encuentros con la Iglesia Venezolana y todos los factores que deseen involucrarse para crear el clima de diálogo y reconciliación que los venezolanos necesitan. “El diálogo permanente, venir a escuchar a la Conferencia Episcopal, que nos sirve mucho para nuestro fortalecimiento espiritual conversar con el Monseñor Padrón y con cualquiera de los factores que quiera coadyuvar para que los venezolanos tengamos esas coincidencias por encima de cualquier divergencia que pueda existir”.

Sobre el caso del Diputado Richard Mardo, Pérez indicó que los venezolanos no podemos seguir permitiendo que las instituciones sigan siendo secuestradas para ejecutar acciones políticas. “Aquí como esta Richard (Mardo) y como estamos muchos, el caso de Pilieri, de Henry Falcón y de mi persona, aquí no podemos permitir que las instituciones sean utilizadas como brazo político, al contrario tenemos que ir a unas instituciones que de verdad estén al servicio del pueblo, de la democracia y de la legalidad y la justicia”.

Remarcó que “la CEV no la podemos ver como un factor político; si alguien está pensando eso está equivocado. La Iglesia es una institución de más de dos mil años en la cual hacen vida y confluyen quienes piensan de una manera y de otra y que de la misma manera en el mundo ha servido de facilitador de estos diálogos y creo que en eso es que nosotros tenemos que solicitarle a la Conferencia su ayuda”.

Pérez acotó que los factores políticos, tanto del gobierno como de la Alternativa Democrática, deben entender que la Iglesia Venezolana está haciendo una facilitación “y que nosotros tenemos que sentarnos con unos objetivos comunes. Un objetivo común que debemos tener todos, es que en el país reine la paz, cese la violencia y se acaben las persecuciones, que podamos vivir tranquilos, que la gente tenga empleo y que podamos comprar los alimentos”.

Fuente: Nota de Prensa