El Gobierno de Cristina Fernández no quiere ser un esclavo de las grandes corporaciones, ya sean nacionales —léase el grupo Clarín— o extranjeras. Las leyes del mercado no tienen por qué dictar la política de un país. Esa es la premisa básica de Fernández. Pero a la hora de aplicarla se producen fenómenos llamativos. El penúltimo de ellos ya se ha contado: Argentina, el antiguo granero del mundo, ha dejado de exportar trigo para que no suba el precio del pan. El pan se ha encarecido en lo que va de año un 50%, más del doble que la inflación extraoficial y cinco veces superior a la oficial. Los agricultores están obligados a vender en el mercado interno lo que hayan almacenado. El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, impulsó la venta de un pan económico que cuesta 10 pesos el kilo (1,84 dólares). Pero ese producto solo abarca el 10% de lo que se vende en cualquier panadería. El que pretenda conseguirlo al precio reducido tiene que apurarse, porque en cuanto se acaban las existencias, se dispara el precio.

“Lo que puede pasar ahora es que muchos productores de trigo dejen de sembrar. Si saben que no lo pueden vender a un precio rentable, ¿para qué vas a sembrar?”, explica Martín Rapetti, economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Con la carne pasó algo semejante. Moreno promovió desde 2006 el consumo interno. Así que el pasado mayo sobrevino el fin de un reinado: por primera vez las exportaciones argentinas de carne se situaban por detrás de Brasil, de Uruguay y hasta de Paraguay. Argentina es el último exportador de los tres socios originarios de Mercosur.

Pero el problema más apremiante ahora es el de la inflación, la palabra que ni el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, se atreve a pronunciar. Para frenarla, el Gobierno anunció en febrero un acuerdo mediante el cual las principales cadenas de supermercados se comprometían a congelar los precios de 10.000 productos desde el 1 de febrero al 1 de abril en más de mil establecimientos. Terminaron los dos meses y el congelamiento se prolongó hasta mayo. Terminó mayo y Moreno, el secretario de Comercio, le arrancó a los dueños de los supermercados un acuerdo para mantener congelados los precios de 500 productos.

La presidenta, Cristina Fernández, declaró en sus discursos que los ciudadanos debían estar pendientes para que los comerciantes no incumplieran la ley. Y desde junio, decenas de militantes kirchneristas salieron a los supermercados con la lista de los 500 productos en la mano. El 4 de julio, Guillermo Moreno, acompañado de cámaras para que propagaran lo que hacía, clausuró durante varias horas cuatro supermercados en la capital y la provincia de Buenos Aires, a los que acusó de desabastecimiento de los artículos recogidos en el acuerdo.

“A mí esas medidas me parecen circenses, no tendrán efecto sobre la economía”, explica el profesor Rapetti, también investigador económico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). “El problema es que la inflación no se frena. Y nos estamos dirigiendo hacia una crisis devaluatoria. Buena parte de los economistas pensábamos que tras vencer en las presidenciales de 2011 el Gobierno iba a anunciar una devaluación. Esa es la forma convencional de combatir una falta de dólares como la que tenemos. Pero en lugar de eso dio un giro más intervencionista. Empezaron con las trabas a las importaciones y después el control sobre la adquisición de dólares. Pero eso es tapar un agujero para destapar otros”.

Rapetti se considera un economista progresista y asume que la intención de no someterse a las leyes del mercado resulta atractiva. “Este Gobierno tuvo una retórica de favorecer a los más desventajados. Pero su política es muy cortoplacista y en el medio plazo terminará haciéndole daño a quien se dice favorecer. Porque cuando haya una devaluación los más perjudicados serán los más humildes. Y vamos hacia ese camino. No creo que se produzca una crisis como la de 2001. Pero habrá una devaluación fuerte. Cada vez hay más economistas que se unen a esta interpretación. No hemos tocado fondo, pero estamos asistiendo al último periodo de este Gobierno y esta estrategia populista que se va a intensificar”.

Por ahora, Guillermo Moreno sigue manteniendo su rumbo. Con el respaldo absoluto de Cristina Fernández.

Fuente: El País

España le ha pedido disculpas este lunes a Bolivia por el incidente con el avión de Evo Morales el 2 de julio. El presidente boliviano regresaba a casa desde Rusia y tres países europeos, Portugal, Francia e Italia, le denegaron el permiso de sobrevolar su espacio áereo, dado que tenían la sospecha de que en la nave iba Edward Snowden, el excontratista de la CIA que filtró actividades de espionaje de EE UU y al que busca el Gobierno de Obama. Morales tuvo que aterrizar en Viena (Austria) y permaneció 13 horas en el aeropuerto de esta ciudad. Finalmente regresó a Bolivia previa escala en las Islas Canarias, en España. El Gobierno español, a diferencia de los otros tres países europeos, no cerró su espacio aéreo al presidente de Bolivia, pero mientras este estaba en Viena el embajador de España en Austria fue al aeropuerto y trató de inspeccionar el avión de Morales.

La disculpa de España por lo sucedido la ha dado su embajador en Bolivia, Ángel Vásquez, quien le entregó una carta a las autoridades de la Cancillería en La Paz, la capital boliviana. “He venido a presentar una nota como las autoridades bolivianas deseaban”, declaró Vásquez en una breve reunión con la prensa local. “Hemos lamentado muy sinceramente las incidencias por las que tuvo que pasar el señor presidente, las incomodidades en las que se vio envuelto y las molestias que sintió y que ha expresado vivamente en estos días”.

Vásquez aseguró que el espacio aéreo español estuvo siempre abierto al avión de Morales, pues los permisos de sobrevuelo no fueron retirados. “España se vio envuelta contra su voluntad en este hecho”, afirmó. Las disculpas expresadas por España se refieren a la actuación de su embajador en Austria, Alberto Carnero. “Presentamos excusas por este proceder, que no fue adecuado y que puso al presidente en una situación difícil e impropia de un Jefe de Estado. Reconocemos públicamente que los procedimientos no fueron los más eficaces y quizás se pudo actuar con mayor acierto del que se actuó”, dijo Vásquez.

España es el primer país, de los cuatro europeos, que ha expresado públicamente y por escrito excusas por el incidente en el aeropuerto de Viena. El presidente Morales refirió, en varias intervenciones públicas y ante los presidentes del ALBA, la alianza bolivariana, los repetidos intentos de Carnero de subir al avión. Probablemente, la sugerencia del diplomático de “tomar un cafecito en el avión” fue lo que más indignó al presidente boliviano, que se percató de que su palabra no era suficiente.

Las disculpas de España llegan una semana después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenara el incidente y formulara un llamamiento «firme» a los gobiernos de Portugal, Francia, Italia y España para que explicaran lo sucedido.

Fuente: http://internacional.elpais.com/

Las víctimas, entre las que hay un niño, fueron baleadas en un puesto de control de Damasco. La zona es asediada por tropas del hermano del dictador, Maher Al Assad

«Nueve ciudadanos, incluyendo un niño, fueron asesinados a balazos por fuerzas del régimen cerca de la ciudad de Qara, en el área de Qalamun, en la provincia de Damasco, ayer (lunes) al anochecer», indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), una ONG con sede en Gran Bretaña que tiene una amplia red de informadores en Siria.

Los nueve fueron «ejecutados» en un puesto de control militar en la zona, dijo este grupo, citando a militantes locales.

Imágenes de video filmadas por activistas y distribuidas por el OSDH mostraron cadáveres colocados en el piso blanco de una habitación.

Varios parecían haber recibido disparos en la cabeza y otros en el pecho.

En la provincia de Homs (centro), miembros de la milicia partidaria del régimen mataron a siete miembros de un comité de reconciliacióin en la aldea de Hajar Abyad, según el OSDH.

Esta ONG distribuyó un video que muestra bolsas negras para cadáveres con etiquetas que llevan el nombre de cada hombre.

Mientras tanto tropas del régimen sirio avanzan este martes en el barrio industrial de Al Kabul, a las afueras de Damasco, controlado por los rebeldes opositores.

Las unidades de la Guardia Republicana, comandada por Maher al Assad, un hermano del presidente Bashar al Assad, utilizaron tanques en su avance, apoyados por fuego de artillería y bombardeos desde el aire, y desataron una ola de refugiados.

En Al Kabul las unidades del Ejército realizaron registros casa por casa e hicieron saltar por los aires las viviendas de supuestos rebeldes, informaron los activistas.

En el conflicto que dura más de dos años han muerto hasta ahora más de 100.000 personas. En las últimas semanas las tropas del gobierno retomaron la ofensiva, reforzadas por los suministros de armas desde Rusia e Irán y con miles de milicianos de Hezbollah llegados desde Líbano.

Fuente: Infobae

Varios miles de personas se manifestaron hoy en el centro de Atenas y Salónica en una huelga general contra los despidos de funcionarios pactados por el Gobierno del conservador Andonis Samarás con la troika a cambio de un nuevo tramo de financiación.

La huelga, la cuarta general del año y convocada por las dos principales confederaciones sindicales de Grecia (ADEDY, del sector público y GSEE, del privado), tuvo un seguimiento desigual.

Según ADEDY, en la Administración pública el paro fue de entre el 55 y el 85% en organismos ministeriales, Sanidad Pública y Ayuntamientos, que llevan varios días en huelga.

El transporte público también se detuvo, con excepción de metro y tranvía que tienen prohibido hacer huelga desde el pasado febrero, y los controladores aéreos llevaron a cabo una huelga de media jornada, lo que provocó la cancelación de 11 vuelos y retrasos de una treintena, todos ellos internos.

GSEE cifró la participación de los obreros de la industria en la huelga en entre el 55 y el 75%, pero no pudo ofrecer datos de otros sectores.

El comercio en cambio abrió como un día normal.

Entre 16.000 -según la Policía- y 50.000 personas -según los sindicatos- se manifestaron en Atenas y otras 7.000 en Salónica, la segunda ciudad del país, y en ambos casos la mitad de los manifestantes acudieron a la convocatoria de PAME, el sindicato ligado al Partido Comunista de Grecia (KKE), y no bajo la bandera unitaria de ADEDY y GSEE.

«La política de despidos masivos que exige el nuevo memorándum es el inicio de un nuevo modelo de gobierno antidemocrático», denunció ADEDY en un comunicado.

Los asistentes a la manifestación de Atenas fueron mayormente empleados municipales, agentes de la Policía Local, maestros, guardas escolares y trabajadores de la Sanidad, los sectores más afectados por los nuevos recortes.

Kostas Pagonas y Andreas Stathópulos, dos miembros del sindicato de maestros OLME, se quejaron a Efe de que el Gobierno acabará con 51 especialidades de Formación Profesional -enfermería, artes gráficas, decoración y peluquería entre ellas- y dejará a 21.000 alumnos «sin la posibilidad de acabar sus estudios en la Educación pública» y «beneficiará así a la escuela privada».

A los 2.500 profesores de estas especialidades ya se les ha comenzado a notificar el despido a pesar de que esta medida no ha sido aprobada por el Parlamento.

Grecia acordó con la troika despedir a 4.000 funcionarios antes de final de año y poner a 25.000 en el esquema de reserva laboral, por el que cobrarán parte de su salario durante 8 meses y luego serán recolocados o despedidos.

Dentro de este esquema entrarán los 2.200 guardas escolares y los 3.500 policías locales que existen en Grecia.

«Nos despidieron a mediados de julio y sin el previo aviso que exige la ley. Nuestro despido es ilegal, hemos pasado unas oposiciones y tenemos contrato indefinido», denunció Filippos Vassiliu.

Este guarda escolar explicó a Efe que su salario había sido recortado de 1.300 a 700 euros en el último año y se preguntó qué hará ahora sin trabajo, con tres hijos y una esposa discapacitada a su cargo.

La ley ómnibus, que incluye el recorte de la plantilla de funcionarios, además un nuevo código impositivo y otras iniciativas de ahorro, comenzó a debatirse hoy en el Parlamento en sesión plenaria y será votada en la noche del miércoles al jueves, aunque no se esperan sorpresas ya que la coalición gobernante controla 155 de los 300 escaños.

A las críticas de los sindicatos, que han puesto en duda la legalidad de algunas medidas, se ha unido hoy la del consejo legal del Parlamento, que presentó dudas sobre la constitucionalidad de varios artículos.

Entre otras cosas, el consejo legal critica los poderes extraordinarios que se dan al Ministerio de Reforma Administrativa para eliminar puestos de trabajo dentro del sector público.

Además, en la modificación del código impositivo, denuncia como inconstitucional el hecho de que no se establezca un mínimo no imponible por debajo del nivel de la pobreza.

El parecer de este consejo sirve sólo a efectos consultivos, aunque luego los partidos políticos de la oposición podrían utilizarlo para presentar recursos de inconstitucionalidad contra la ley.

Fuente: EN