El gobierno del presidente Juan Manuel Santos encaró este lunes una agitada semana con anuncios de nuevos paros de gremios, como el de mineros tradicionales, y la posibilidad que se sumen los cultivadores de café, mientras sigue sin resolverse una protesta de campesinos de hace más de un mes.
Aunque no es la primera vez que el mandatario enfrenta protestas y paros simultáneos en sectores claves —como a comienzos de año con una primera protesta de cafeteros y a la vez una huelga de un mes hasta inicios de marzo en la principal mina productora de carbón— en esta ocasión los mismos voceros oficiales afirman que carecen de fondos para satisfacer nuevas demandas.
En tanto, analistas destacaron que los negociadores del gobierno se han desgastado y ya carecen de credibilidad entre las bases de los distintos sectores manifestantes.
Ante tal panorama de paros, la situación política de Santos se complica ante la venidera campaña electoral presidencial para los comicios de mayo del 2014, aunque el mandatario aún no dice oficialmente si buscará la reelección por otro cuatrienio de gobierno.
La mayoría de las manifestaciones hasta ahora han sido pacíficas, aunque se han producido fuertes choques esporádicos con la policía y el ejército, con al menos cuatro manifestantes muertos el mes pasado en el noreste del país, en la zona del Catatumbo.
La protesta de campesinos en Catatumbo, que arrancó el 11 de junio, sumado a anuncios de mineros que irán a paro indefinido a partir del este miércoles 17 de julio y la posibilidad de que cultivadores de café se le sumen esta misma semana, «es como la fumarola de un volcán, sale humo antes de la erupción», dijo Jaime Castro, analista y ex alcalde de Bogotá.
«Hay malestar social y pérdida de credibilidad de las instituciones públicas y privadas. Hay un inmenso vacío político, en la medida en que no hay liderazgo ni propuestas para superar la situación reinante. No lo hace el gobierno, no lo hace los partidos, el Congreso ni los gremios», dijo Castro en entrevista telefónica. Y en los negociadores oficiales «hay una pérdida de credibilidad. No tienen autoridad ni capacidad de diálogo frente a sus interlocutores».
Unos 6.000 moradores de Catatumbo –una región integrada por siete municipios en el departamento de Norte de Santander– se mantienen en sus dos exigencias principales: que el gobierno suspenda la erradicación de cultivos de coca, materia prima de la cocaína, y que declare aquella región como una zona de reserva campesina.
El gobierno ha replicado que mientras los campesinos no levanten bloqueos viales que mantienen en Tibú –epicentro de la protesta en Catatumbo– no negociará posibles alternativas a las demandas.
El fin se semana se produjeron acercamientos con los manifestantes cuando el vicepresidente Angelino Garzón estuvo en Tibú. Pero, el alto funcionario «tenía un mandato muy restringido: desbloquear (las vías) para continuar los diálogos», indicó en diálogo telefónico César Jerez, de la Asociación Nacional de Reservas Campesinas, una de las que encabeza la protesta en Catatumbo. Jerez dijo que responderían a la demanda presidencial una vez que consulten a las bases campesinas.
«La historia lo está demostrando…este gobierno se ha caracterizado por firmar acuerdos…y todos los ha violado», dijo Luz Stela Ramírez, directora de la Confederación Nacional de Mineros.
Ramírez en diálogo telefónico anunció que los mineros artesanales, que representan al menos dos millones de familias, paralizarán de forma indefinida sus actividades a partir del próximo miércoles y que se apostarán en vías en al menos seis departamentos del oeste y centro del país: Valle del Cauca, Huila, Caldas, Quindío, Antioquia y Chocó.
Sus demandas principales, explicó Ramírez, es la derogación de dos decretos, uno del año pasado y otro del 2013, que consideran les está dañando.
La medida del 2012 autoriza a que la policía decomise o destruya la maquinaria minera, mientras la norma de este año coloca requisitos que no pueden cumplir para formalizarse como mineros ya sea de oro, de carbón o lo que denominan de «material de arrastre», es decir arena y gravilla, por ejemplo, para utilizar en la construcción, dijo Ramírez.
Admite que hay problemas de contaminación, como presencia de grupos ilegales que están lavando activos con la minería, principalmente de oro, «pero no es como ha querido mostrar el gobierno que todos somos criminales».
«Hay gente buena, gente que ha buscado en la minería una solución al problema de empleo», dijo. Se quejó además porque sufren la extorsión por parte de los grupos armados ilegales, y al mismo tiempo la presión oficial con operativos de la policía. La extorsión la padecen por parte de «las Águilas Verdes, o las Águilas Blancas y por el otro lado el Estado», dijo Ramírez al bromear con el nombre de una banda llamada Águilas Negras, un grupo de ex paramilitares, narcos y criminales comunes y que opera principalmente en el este colombiano.
Los cafeteros, al menos 560.000 familias en todo el país, ya estuvieron en huelga por dos semanas hasta inicios de marzo, pero algunos de sus voceros indicaron en la jornada que esta semana deciden si vuelven a un paro debido a lo que consideran un incumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno en marzo.
«Necesitamos que se cumpla lo pactado. Tenemos información que 200.000 familias no han podido recibir un solo peso de los subsidios» acordados, dijo telefónicamente Emilio Martínez, uno de los vocero de los cafeteros en el central departamento de Tolima.
El acuerdo fue que los cafeteros recibirían 145.000 pesos (unos 76 dólares) por «carga» de café, es decir 125 kilos del grano, que es la unidad mínima de venta. El gobierno a través del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas ha dicho que no hay otro país en el que cafeteros reciban esa ayuda y que ya no disponen de más fondos para auxiliar a los productores.
Desde noviembre pasado, cuando se produjo un paro del sistema judicial, y hasta inicios de este año, sólo cinco paros –incluyendo el de cafeteros y uno de estudiantes universitarios– han implicado 119 días de paralización que le han costado al país al menos 900.000 millones de pesos (473,6 millones de dólares), equivalente a 0.8% del PIB del primer trimestre de 2013, según un estudio divulgado el 11 de julio por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras o la Anif.
«Este valor perdido por cuenta de las huelgas es como si toda Colombia hubiera hecho un paro de un día completo», dijo Anif.
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