El desertor de la Agencia Nacional de Seguridad, Edward Snowden, apareció ayer en público, por primera vez desde su llegada a Moscú el pasado 23 de junio, para anunciar que se propone solicitar a Rusia el estatus de refugiado político «temporalmente» hasta que pueda viajar a Iberoamérica. Snowden, que se reunió en la zona de tránsito del aeropuerto Sheremétievo con activistas pro derechos humanos, diputados y abogados rusos, afirmó que cumplirá la condición exigida por el presidente Vladímir Putin de no perjudicar los intereses de Estados Unidos.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado hoy que su país no ha recibido una petición formal de asilo del antiguo informático de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA) Edward Snowden pese a que Snowden rompió el viernes su silencio para informar de que había decidido solicitar asilo a Moscú. «No estamos en contacto con Snowden», ha afirmado Lavrov desde Kirguizistán, donde se encuentra de visita oficial. El jefe de la diplomacia rusa ha asegurado que se enteró del anuncio de Snowden por los medios de comunicación, «como todo el mundo».

Los trámites de Snowden

Lavrov ha explicado que quien quiera solicitar asilo primero debe presentar una solicitud formal al Servicio Federal de Migraciones. Hoy, el director de este servicio, Konstantin Romodanovski, ha afirmado que no han recibido petición alguna de Snowden. La solicitud formal debe pasar por una serie de complicados trámite. Snowden ha de pedir asilo al Servicio de Inmigración, que lo pasa a una comisión de la ciudadanía y finalmente es el jefe del Estado, Vladimir Putin, quien decide si aprueba la solicitud o la rechaza

Putin ya advirtió el mes pasado que nunca entregará al analista a las autoridades norteamericanas. Nicaragua, Venezuela, Bolivia, e inicialmente también Ecuador, han ofrecido asilo al extécnico de la NSA, pero todo parece más bien un ejercicio de propaganda, ya que ninguna de las ofertas se han materializado en nada concreto,

Fuente: Abc.es

Hacía mucho tiempo que las relaciones entre Sudamérica y los países europeos no se tensaban tanto. Los miembros de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela) han acordado en una cumbre llamar a consultas a sus embajadores en España, Francia, Italia y Portugal para que informen sobre las decisiones que obligaron a desviar a Viena (Austria), donde el pasado día 2 quedó varado 13 horas, el avión presidencial del boliviano Evo Morales. Esa ha sido, de momento, la respuesta diplomática conjunta de todos los países del Mercado Común del Sur –excepto Paraguay, que se encuentra suspendido desde el año pasado—a la actuación de varios Gobiernos europeos que actuaron bajo la sospecha de que el exanalista estadounidense Edward Snowden viajaba en el avión oficial de Morales.

Los cuatro países de Mercosur ratificaron en un comunicado el “firme repudio” a las acciones de los cuatro Gobiernos europeos por “no permitir el sobrevuelo ni aterrizaje de la aeronave”. Este hecho fue calificado como un acto “infundado, discriminatorio y arbitrario”, además de “una práctica neocolonial” y un “acto insólito, inamistoso y hostil, que viola los derechos humanos y afecta la libertad de tránsito, desplazamiento e inmunidad” de la que “goza todo jefe de Estado”.

La decisión de llamar a consultas a los embajadores se tomó durante la XV cumbre de Mercosur celebrada el viernes en Montevideo. Los miembros del bloque económico respaldaron la denuncia que presentó Bolivia ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “por la grave violación de los derechos fundamentales del presidente Evo Morales”. Y decidieron llamar a sus embajadores en los cuatro países europeos para “ponerlos en conocimiento” de ese apoyo a la denuncia de Morales.

Los países de Mercosur también emitieron otro comunicado en el que condenaron “las acciones de espionaje por parte de agencias de inteligencia” de Estados Unidos y rechazaron “enfáticamente” la intercepción de las telecomunicaciones y las acciones de espionaje. Nada más aterrizar en Motevideo, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, señaló: “Cualquier acto de espionaje que viole los derechos humanos, y sobre todo el derecho básico de la intimidad, y atente contra la soberanía de las naciones, merece ser condenado por cualquier país que se considere democrático”

La semana pasada el diario O Globo publicó un artículo basado en informaciones reveladas por Snowden donde se afirmaba que Estados Unidos espió a Brasil y a otros 13 países latinoamericanos, a través de sus agencias Central de Inteligencia (CIA) y Nacional de Seguridad (NSA, según sus siglas en inglés). El espionaje se produjo entre 2008 y el primer trimestre de este año. Entre las comunicaciones intervenidas había llamadas telefónicas, correos electrónicos y conversaciones de voz por Internet. El país más vigilado resultó ser Brasil, seguido por Colombia y en tercer lugar, México, según las citadas informaciones. También cayeron bajo las redes de vigilancia Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Paraguay, Chile, Perú, Argentina y Venezuela.

El martes pasado, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, declaró: “Me corre frío por la espalda cuando fui el otro día a Bolivia y vi que un presidente hermano había sido detenido durante 13 horas como si fuera un ladrón; me corre frío por la espalda cuando nos enteramos que nos están espiando a todos a través de sus servicios de informaciones en Brasil”.

Pero más allá del espionaje y su repudio, ahora mismo la verdadera patata caliente se llama Edward Snowden. El presidente Barack Obama ya ha advertido que cualquier país que lo acoja lo pagará caro. Las advertencias o amenazas desde la Casa Blanca hacia los diversos Gobiernos han debido ser tan convincentes que ni Rusia se atrevió a prestarle asilo al fugitivo. En América Latina, sin embargo, se han ofrecido Bolivia, Nicaragua y Venezuela.

Respecto a la posible acogida a Snowden, los países de Mercosur repudiaron, sin citar expresamente a la Casa Blanca, “las acciones que puedan menoscabar la potestad de los Estados de conceder” el derecho de asilo, y rechazaron “todo intento de presión, hostigamiento o criminalización de un Estado” “sobre la decisión soberana de cualquier nación de conceder” ese derecho.

fuente: El País

El régimen de Nicolás Maduro aplicó el viernes una devaluación de facto en Venezuela -cuyos alcances aún no han sido reportados- a través del recién reformulado Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), un mecanismo de subasta de dólares calificado por economistas como “un monstruo cambiario de mil cabezas”.

El sistema de subastas, uno de los pocos instrumentos para obtener dólares legalmente para la gran mayoría de los venezolanos, podría haber llevado el viernes el tipo de cambio por encima de 14 bolívares por dólar.

“Con ese precio, estamos hablando de una macrodevaluación en Venezuela, la cual tendrá un impacto que va a exacerbar la inflación. Al devaluarse la moneda, es probable que durante los próximos seis meses se vaya a potenciar esta tensión inflacionaria, que impactará en los precios de los productos”, advirtió José Guerra, profesor de economía de la Universidad Central de Venezuela.

Con el SICAD, “el gobierno lo que hizo fue crear un monstruo cambiario de mil cabezas, con multiplicidad de tasas de cambio, cuando lo que en realidad hay que hacer es crear una nueva política cambiaria en la que tengamos un solo tipo de cambio, a través del cual los venezolanos puedan adquirir sus divisas”, enfatizó.

Los resultados de las subastas, en las que participaron cientos de empresas e individuos, no fueron anunciados al público, pero economistas dijeron que bien podría haber alcanzado cerca del triple del tipo de cambio oficial de 6.3 bolívares por dólar, asignado para la importación de productos de primera necesidad. Solo $200 millones fueron subastados el viernes, $30 millones para individuos y $170 millones para empresas.

En la subasta anterior, realizada en marzo, las ofertas colocadas por los $200 millones subastados, promediaron $12.5 bolívares por unidad, según informes de prensa locales.

Pero en esta ocasión, la cotización promedio habría sido más alta, en vista de que habían transcurrido más de tres meses desde la última licitación y que el tipo de cambio en el mercado negro, cuya sola mención es ilegal en Venezuela, supera los 33 bolívares.

La subasta fue realizada en momentos en que el régimen enfrenta serios problemas económicos, al encontrarse con que la renta petrolera –que genera el 95 por ciento de las divisas que entran al país- es insuficiente para cubrir los enormes costos de los programas sociales del gobierno, los subsidios otorgados a la naciones amigas de la “revolución bolivariana” y los cada vez mayores volúmenes de productos importados.

El enorme apetito por recursos del régimen agotó las reservas líquidas del país a niveles de $2,500 millones, desde los $33,0000 millones en que se encontraban en el primer trimestre del 2009. Esa caída se produjo aún cuando los precios del crudo venezolano se encuentran en niveles comparativamente altos de más de $100 por barril.

Las subastas del SICAD fueron introducidas precisamente para tratar de defender los pocos dólares en la arcas del Estado, pero el mecanismo aplicado significa que los venezolanos solo están viendo los primeros eslabones de una larga cadena de devaluaciones.

“El SICAD debería llamarse Sistema de Administración de Devaluaciones, porque en realidad lo que se propone es que sea un mecanismo para administrar las devaluaciones por sector de la economía y por subasta”, comentó Angel García Banchs, director de la firma Econométrica. Dado a que se trata un mecanismo de subasta, la proporción de la devaluación va a variar de oferente en oferente.

Lastimosamente para millones, ese es el único sistema al que podrían optar legalmente la gran mayoría de venezolanos porque el mecanismo utilizado para otorgar el tipo de cambio oficial de 6.3 bolívares por unidad está disponible solo para un pequeño grupo.

“En este esquema, no todos tenemos acceso a las divisas. Solo unos privilegiados, muy pocos, son los que a costa de muchos, se hacen millonarios de una semana a otra cuando acceden al tipo de cambio de 6.30 bolívares por dólar y luego venden las mercancías a un tipo de cambio cuatro, cinco o hasta seis veces mayor”, explicó García.

“Todo esto está hecho, precisamente, como una institución excluyente y no fomenta la competencia, sino todo lo contrario: el acceso a las fuentes de poder económico a unos pocos, los privilegiados”, dijo.

En una economía tan dolarizada como la de Venezuela, donde años de revolución socialista han destruido el aparato productivo hasta el extremo que gran parte de los productos que se consumen en el país son importados, una devaluación tiene automáticamente impactos inflacionarios.

Esto es grave para un país que ya ostentaba una de las tasas de inflación más altas del mundo, dijo Guerra. Y los más afectados serán precisamente los sectores de menos recursos, advirtió.

“Esta macrodevaluación tiene el propósito de sacarles plata a los venezolanos del bolsillo para financiar los déficits del gobierno y afectará el bolsillo del pueblo, en particular el de los más pobres”, dijo.

Fuente: Nuevo Herald