Cerca de 2 millones 300 mil pasajeros alistarán sus maletas para viajar por las terminales nacional e internacional del Aeropuerto de Maiquetía «Simón Bolívar», durante la temporada vacacional que se inició este viernes y que culminará el próximo 15 de septiembre.

En este período, más de 1.343.000 personas lo harán por la terminal nacional. Mediante boletín informativo, el director general del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), Luis Gustavo Graterol, resaltó que a través de vuelos internacionales se trasladarás más de 957.000 pasajeros, mientras que más de 1.343.000 personas lo harán hacia destinos nacionales. Esta movilización impone un incremento de 5% en comparación con el año pasado.

Los destinos nacionales predilectos siguen siendo Porlamar, Maracaibo, Barcelona, Ciudad Bolívar, Maturín, Mérida y Los Roques; mientras que los internacionales son Miami, Madrid, Panamá, Bogotá y Lima.

El IAIM reforzará el número de funcionarios en las áreas estratégicas de servicios y seguridad, con el fin de garantizar una atención óptima y una grata experiencia de viaje durante su paso por el aeropuerto.

Graterol destacó que gracias a las facilidades que ofrece el Gobierno Nacional a los venezolanos para acceder al sistema de transporte aéreo, se ha podido fortalecer el turismo como una alternativa sana para el esparcimiento y la recreación familiar.

Fuente: ÚN

El secretario ejecutivo de la Unidad en Lara, Macario González aseguró que pese a los atropellos que ha vivido Barquisimeto en los últimos días por parte del Gobierno, esta ciudad sigue resistiéndose al diálogo entre los diversos actores y el trabajo mancomunado para la resolución de los problemas del país.

“La acción de tomar a la fuerza y militarmente las instalaciones de la Flor de Venezuela, bajo la figura de Patrimonio Cultural no generó sorpresas, pues bajo una dinámica similar fue tomado en Febrero de 2012 el Museo de Barquisimeto, cuyo funcionamiento se encontraba bajo la rectoría de Gobernación, Alcaldías y Sociedad Civil. No importó en este caso que fuera la Sociedad Civil quien levantara un museo y una gestión cultural de alto nivel, dentro una infraestructura en ruinas que esperaba ser demolida”, señaló.

González indicó que igual historia tuvo que vivir la Casa de la Cultura de Tintorero, sede de la Feria Internacional de Artesanía más grande del país, que estaba en manos de la gobernación del Estado Lara, y en agosto de 2012 fue objeto de expropiación y a diferencia de los dos casos anteriores no se dieron explicaciones.

“Los motivos que dio el Ejecutivo Nacional para ambas tomas (o expropiaciones), fue el estado de abandono tanto del Museo de Barquisimeto como de la Flor de Venezuela, pero si ese era el caso, ¿por qué no se instalaron mesas de trabajo entre las distintas instancias de gobierno para abordar la problemática? ¿Por qué los ministerios de Turismo y Cultura no aprobaron proyectos de mejoras en las instalaciones? Sencillamente no existe capacidad de diálogo, cuando lo que impera es el criterio político y la promesa de castigo, para quienes no se encuentren alineados en la lógica revolucionaria”, sentenció el representante de la Unidad.

Sobre esto, González señaló que el Museo de Barquisimeto y la Flor de Venezuela operan bajo una formula administrativa irregular, pues sus “tomas” no están amparadas por la regularidad de los procedimientos de rigor. Son instituciones ahora descabezadas que son dirigidas desde Caracas bajo la apariencia de una dirección popular local, que no han respondido a los retos que ciertamente tenían dichas instituciones.

“Dentro de las propuestas iniciales promovidas por el oficialismo se pueden mencionar: la creación de centros de formación permanentes, la consolidación y ampliación de un centro comercial artesanal con oferta de servicios gastronómicos y de salud, la creación de fábricas y centros de distribución de materias primas, la consolidación de estándares de calidad, ajuste en los conceptos de la producción artesanal y la creación de a una ruta turística. Punto aparte merece el acondicionamiento de la vialidad. Todas tareas pendientes a más de un año de la expropiación”, puntualizó el secretario ejecutivo de la Unidad en Lara.

Continúo asegurando que los retos que deben asumirse son exigentes y de largo plazo, en el caso de la Flor de Venezuela, no se refieren solo al remozamiento del vivero más costoso que la petro-chequera venezolana podía pagar, sino al fortalecimiento de una identidad propia que supere los fantasmas de Hannover, las reminiscencias de la Venezuela Saudita. “En primer lugar se debe entender que lo que fue el pabellón internacional en Alemania cumplió su fin y terminó su ciclo. Lo que se quiso instalar en Venezuela debía re-conceptualizarse, pensando no en lo efímero de Hannover, sino en la actual y compleja realidad venezolana”, manifestó. Por todo lo antes expuesto, González concluyó que estas instituciones culturales ameritan una gestión seria, eficiente y contextualizada que el Gobierno no está en capacidad de ofrecer, porque está entrampado en su lógica de premios y castigos, su lógica de política revolucionaria. “Queda esperar que no se concrete la amenaza que pesa sobre otros íconos de la ciudad como el Parque Zoológico y Botánico Bararida, el Teatro Juares y el Estadio Metropolitano de Lara. No cabe duda que la institucionalidad, y en especial la cultura se encuentra indefensa ante los caprichos del Gobierno Nacional”.

fuente: Nota de Prensa

Actualmente, el sector público de salud cuenta con 42.500 camas para atender a la población del país y el sector privado dispone de 7.600 camas (cerca de 15% del total). Sin embargo, las clínicas están atendiendo, en promedio, a 55% de la población del país según datos del Banco Central de Venezuela, de encuestas familiares aplicadas.

«Reconocemos que el Gobierno está haciendo esfuerzos por mejorar la salud pública del país, pero siguen algunas dificultades. Hay un problema, las clínicas estamos dando una solución. Por eso abogamos por la conciliación y el entendimiento, porque las clínicas somos parte de la solución, no somos parte del problema», señaló Hipólito García, presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (Avch).

Con esa exposición, García, junto con otros nueve directivos de clínicas, explicó que ese sector está atendiendo a 10 millones de empleados públicos representados por la Alianza Interistitucional por la Salud (AIS), que agrupa a 45 instituciones del Estado, más los trabajadores de empresas privadas, con un problema estructural causado por la inflación, deudas, dificultades para importar, escasez de recurso humano especializado, de divisas, fallas en el inventario de insumos y medicinas e incremento de costos. Por ello reiteraron que la aplicación de las tarifas de servicios médicos, publicadas de forma inconsulta en la Gaceta Oficial N° 40.196, es inviable.

El jueves, trabajadores públicos que apoyan la regulación de las clínicas y la aplicación de la providencia informaron que los montos publicados en Gaceta surgieron de un análisis hecho a 63 mil facturas de centros privados. Sobre eso, Eduardo Mathinson, del Centro Médico Docente La Trinidad, aclaró que esas facturas son de 2011 y fueron las que se usaron para establecer el baremo de precios de la AIS que se acordó en marzo de 2012; por ello los precios no están ajustados a la realidad.

García informó que el 4 de julio le plantearon a la superintendente nacional de costos y precios justos, Karlin Granadillo, la dificultad de aplicar la providencia. «Nos pidió una exposición de motivos y la entregamos el 8 julio. Han sido muy receptivos, deben estar analizando las estructuras de costos y movimiento de insumos que le entregamos. Nos ratificó que, con base en el análisis, harán cambios; no sabemos cuándo», informó García.

Esperan que la decisión se tome pronto. «La aplicación de estos montos nos llevaría al cierre de algunos servicios», recalcó Carlos Rosales, vicepresidente de la Avch. Destacaron que están de acuerdo con la regulación, pero que sea ajustada a la realidad.

Fuente: ÚN

El Ministerio Público logró privativa de libertad para el expresidente de la CVG Ferrominera Orinoco C.A., Radwan Sabbagh, quien fue detenido por su presunta responsabilidad en el desvío de una partida presupuestaria de más de 295 millones de bolívares.

En la audiencia de presentación, las fiscales 56º y 57° nacional, junto a la 4º del estado Bolívar, Milvira Caraballo, Paula Ziri-Castro y Mayerling Acosta, respectivamente, imputaron al exfuncionario por la presunta comisión de los delitos peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir.

De acuerdo con los elementos de convicción presentados por las representantes del Ministerio Público, el Tribunal 5° de Control de Puerto Ordaz dictó medida privativa de libertad contra Sabbagh y fijó como sitio de reclusión la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ubicada en Ciudad Bolívar.

Asimismo, la mencionada instancia judicial acordó la medida de prohibición de enajenar y gravar bienes e inmovilización de cuentas bancarias del imputado.

El 07 de junio de este año, un funcionario del Ministerio del Poder Popular de Industrias denunció ante el Ministerio Público que Sabbagh, cuando era presidente de la referida empresa básica, utilizó para otros fines unos recursos asignados para proyectos del Plan de la Patria Guayana y para el mantenimiento de plantas de Pellas, Briquetas y de Procesamiento de Mineral de Hierro.

Tras la investigación coordinada por el Ministerio Público, el pasado 12 de junio funcionarios del mencionado organismo de contrainteligencia militar detuvieron a Sabbagh en un hotel del este de Caracas, en atención a una orden de aprehensión solicitada por las fiscales del caso y acordada por el mencionado Tribunal.

Fuente: Globovisión

El Ministerio Público logró privativa de libertad para el médico cirujano Golfan Enrique Sánchez Duarte, por su presunta responsabilidad en la muerte de la teniente de la Aviación, Jennifer Lorena González Sanguino (22), durante una operación de liposucción, hecho ocurrido el pasado 10 de julio, en San Cristóbal, estado Táchira.

Durante la audiencia de presentación, las fiscales 47º nacional y 4º de esa jurisdicción, María Bejarano y Andreína Torres, respectivamente, imputaron a Sánchez Duarte por ser presuntamente el coautor en el delito de homicidio intencional a título de dolo eventual, previsto y sancionado en el Código Penal.

En ese sentido, el Tribunal 1º de Control del estado Táchira con base en los elementos de convicción expuestos por las fiscales, acogió la precalificación jurídica del Ministerio Público, dictó la medida privativa de libertad para el galeno y fijó como sitio de reclusión la Comandancia General de la Policía del estado Táchira, mientras se cumple el lapso correspondiente para la presentación del acto conclusivo conforme con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.

De acuerdo con la investigación, el citado día en horas de la mañana, la joven militar acudió al Centro médico Quirúrgico Hellea C.A para realizarse la mencionada operación.

Durante la intervención, la paciente falleció presuntamente por mal praxis médica, por lo que Sánchez Duarte, quien actuaba como médico cirujano auxiliar, fue aprehendido y puesto a la orden del Ministerio Público.

Resulta oportuno mencionar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 490 del 12 de abril de 2011, estableció, entre otros aspectos, que el artículo 405 del Código Penal, que contempla el homicidio intencional, también abarca el dolo eventual.

Fuente: Globovisión

La oposición venezolana de Henrique Capriles, gobernador de Miranda también se ha visto afectada por un hecho inesperado. La venta del canal Globovisión, considerada como una trinchera del antichavismo, derivó en un giro brusco de su política editorial que dejó a los opositores al régimen sin altavoz.

“En 2012 tomé la decisión de hacer todo lo que estuviera en nuestro poder para lograr que la oposición ganara las elecciones de octubre. Era la oportunidad, como venezolanos, para recuperar nuestro país. En Globovisión lo hicimos extraordinariamente bien y casi lo logramos, pero la oposición perdió”, afirmó el antiguo dueño del canal, Guillermo Zuloaga, en su carta de despedida a los trabajadores.

Los nuevos propietarios, sospechosos de vínculos con el Gobierno, decidieron cortar con el compromiso de transmitir en directo las informaciones emanadas por voceros de la oposición. “Hay mucha autocensura. Ernesto Villegas [ministro de Comunicación e Información] ha dado órdenes de que no se transmitan mis actos. Está encima de esto”, dijo Capriles en una conversación con el diario El País de España.

Al mismo tiempo, el presidente Nicolás Maduro viaja por el mundo en busca de apoyo internacional para su endeble mandato y copa los espacios en la televisión, tal y como lo hizo su predecesor. Un trabajo de la ONG Monitoreo Ciudadano determinó que entre el 3 de junio y el 3 julio Maduro apareció en las pantallas de Venezolana de Televisión, el canal del Estado, durante 48 horas y cuatro minutos, a un promedio de dos horas diarias. Desde el 14 de abril y el 3 de julio el Gobierno ha obligado a los demás medios a retransmitir su señal 65 horas y 26 minutos, 32 minutos diarios.

En esas circuntancias, el excandidato presidencial decidió transmitir a través de su página web (www.capriles.tv) un programa semanal de televisión para hacer frente a lo que considera un cerco a su liderazgo y superar lo que sin remilgos define como la autocensura de las cadenas privadas de Venezuela. Capriles visualiza a ese espacio, que ha llamado Venezuela somos todos, como el momento para opinar sobre temas de política nacional y mantener a su base unida y movilizada.

En estudio

Este diario fue invitado a presenciar el programa. Lo primero que sorprende son los equipos con los que cuenta para poder hacer una transmisión. La terraza del piso 1 de su antigua sede de campaña es un set de televisión. Hay cuatro cámaras, una consola que mezcla las imágenes tomadas por cada una de ellas y una antena parabólica. El programa es transmitido en directo y por satélite.

Capriles llegó al set estrechando manos y saludó con energía. Cuatro periodistas le esperaban sentados a una mesa. Eran los invitados del programa. Después de saludar a la audiencia, de criticar a Maduro por desear que Edward Snowden, el exanalista que reveló el espionaje electrónico de EE UU, aterrice en Venezuela; después incluso de ironizar sobre la costumbre de un miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela de cuidar del brillo de sus uñas antes que los indicadores de su gestión, Capriles criticó, a lo largo de la hora y media que duró el programa, a quienes cuestionan a través de las redes sociales la forma en la que ha conducido la crisis política.

“Hay mucha gente que se dice de oposición que se pasa el 70 por ciento de su tiempo atacándonos. El esfuerzo debe ser más propositivo. Los que quieren tomar la calle no son capaces de dejar de ir a la playa el fin de semana para organizarse. No tiene que venir un líder a decirle qué tienen que hacer. Organícense. ¿Qué hacen ellos para fortalecer la alternativa democrática? Nada. Yo sigo proponiendo, pero esto es una lucha de todos. Hay que salir del Twitter y recorrer el país”.

Al finalizar el programa Capriles defendió su estrategia a este diario: “Creo que tengo la responsabilidad, a sabiendas de que Venezuela es un país desinstitucionalizado, de no dejarme llevar por las emociones, sino a apelar a la razón. La emotividad es propia de un proceso electoral y no un acto racional. Hay personas que establecen una comparación con lo que se produjo en Brasil. O lo que pasó en Siria. Yo no puedo pedirle a la gente que salga a la calle, que sea asesinada y luego pasar la página. Esa no es mi visión».

-¿Está en sus horas más bajas?

-Yo trato de buscar el lado positivo de las cosas. Creo que hemos logrado desenmascarar al gobierno. Había que desenmascarar el desigual proceso electoral para darle más valor a la lucha. Creo en la construcción de una fuerza popular lo suficientemente amplia para imponer democráticamente los cambios. Puedo equivocarme. Yo me la estoy jugando.

Fuente: La Verdad

Este sábado, el abogado criminólogo, Luis Izquiel, habló sobre el caso del asesinato de dos mujeres en Falcón por efectivos de la Guardia Nacional.

Izquiel aseguró que se había alertado y advertido sobre la inconveniencia de utilizar militares en labores ciudadanas. Explicó que hay un hecho penal que recae sobre los funcionarios que asesinaron a las dos mujeres, pero también existe una responsabilidad moral y política sobre el Gobierno, quienes fueron los planificadores de la medida de tener a la Guardia Nacional en la calle.

Indicó que «los militares están entrenados para combatir a un enemigo, mientras que los efectivos policiales para el uso efectivo y diferenciado de la fuerza (…) Estos militares no tienen este tipo de formación para el uso diferenciado de la fuerza», dijo.

Añadió también que por lo general «lanzar militares a la calle» es una política de gobiernos de derecha, de dictaduras militares. «Estos son muchachos inexpertos, la mayoría de los detenidos, tiene menos de 23 años», precisó.

«Estamos viviendo una situación delictiva terrible, al momento que vamos del año ya han ingresado a la morgue 3.000 cuerpos sin vida, lo que habla de una situación desbordada de violencia», dijo el especialista.

Sobre el Plan Patria Segura, dijo que no cuenta con un sustento teórico, «por el camino que va es que dentro de poco tiempo se estará sustituyendo por otra cosa».

Fuente: Globovisión

Este viernes cerca de las 11:00 de la noche fueron puestos en libertad 3 de los 19 estudiantes que fueron detenidos la tarde de ayer luego del presunto secuestro de una unidad de transporte público en la Avenida Las Américas.

Conocido este procedimiento policial, abogados de la ULA se dirigieron a la Dirección General de Poli Mérida, al igual que el Vicerrector Administrativo, Manuel Aranguren, profesores y los dirigentes estudiantiles quienes trataron de mediar y lograr la liberación de estos universitarios, resultando infructuosas estas gestiones. A pesar que se había logrado un acuerdo con los representantes de Ministerio Público una contra orden dejo a 16 jóvenes a la orden de la Fiscalía.

Las diligencias se siguieron realizando hasta que se logró que tres de los 19 estudiantes detenidos fuesen liberados, el resto debe permanecer detenidos hasta tanto sean presentados ante los Tribunales.

Esta medida fue rechazada por los dirigentes estudiantiles, quienes una vez más denunciaron que se les ha querido acusar de la quema de un autobús, asociación para delinquir, privación ilegitima de libertad al chofer, hurto agravado de vehículo, lo cual aseguran que es falso.

Los 19 detenidos estudiantes que quedaron detenidos son: Daniel Hernández, Armando Maggiorani, Jesús Pérez, Gregori Valero, Luis Salazar, Luis Mesa, Fausto Araujo, Rainer Ferrer, Wilni Cruz, Edwin Lobo, Reinaldo Avendaño, Oliver Castellanos, Carlos Rivas, Alvaro Jiménez, Merley Vielma y José Andrés Prieto.

Los tres jóvenes liberados casi a la media noche son: Denny Rangel, Nancy Molina y Mary Godoy que fueron entregados al Vice rector, Manuel Aranguren y a los dirigentes de la FCU y los movimientos estudiantiles.

Para este sábado a las 10 de la mañana la dirigencia estudiantil se espera que la FCU ofrezca una rueda de prensa en el rectorado de esa casa de estudios.

Fuente: EN

Tal y como lo pauta el cronograma electoral, ayer comenzó la auditoría preliminar del registro electoral, con la participación de representantes de más de 30 organizaciones políticas. Los resultados preliminares arrojaron que de la lista de 225.000 fallecidos que entregaron los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática al Consejo Nacional Electoral sólo 125.000 fueron depurados por el organismo, lo que significa que 105.000 fallecidos están habilitados para votar el próximo 8 de diciembre en las elecciones municipales.

César Alvarado, director de la Oficina Nacional de Registro Electoral, dijo que las organizaciones señalaron que el número de fallecidos es superior al que ha depurado el CNE para el último padrón electoral. “Debemos seguir trabajando para hacerlo. Es importante que los ciudadanos con familiares fallecidos lleven sus actas de defunción al centro de actualización de datos, para que los excluyan del RE”, destacó.

Alvarado saludó todas las alternativas y quejas que presenten la sociedad civil, pero depurar el RE establece la consignación de documentos legales; es decir, el CNE debe verificar que esas organizaciones tengan la información correcta del registro civil y de organismos que posean información sobre la defunción de los ciudadanos, y no necesariamente tiene que ver con la lista que entregó la MUD.

CNE ha insistido en que existe un retraso de información de mes y medio entre el registro civil y el registro electoral, lo que Vicente Bello, técnico de la MUD, considera mentira, pues la lista que consignaron de fallecidos tiene data de hace más de cinco años.

Migraciones

Bello, representante de la MUD ante el CNE, recordó que la rectora Sandra Oblitas dijo que no se iban a producir más reubicaciones, es decir, que en todas las jornadas electorales desde diciembre del 2012 hasta el 21 de junio sólo se iban a procesar solicitudes de nuevos inscritos. La sorpresa para el técnico de la MUD fue que existen 185.770 reubicados que cambiaron de municipio y que a su juicio afecta el proceso electoral del 8 de diciembre.

“El problema de las reubicaciones no es que hayan sido involuntarias, sino que fueron a conveniencia de sectores adeptos al Gobierno”, expresó.

Bello resaltó que, aunque no tenga relevancia para las elecciones del 8 de diciembre, el proceso de actualización de datos de votantes en el exterior en su opinión fracasó, incluido el operativo que ha instrumentado el CNE junto con la Cancillería, consulados y embajadas. Por ello considera que deben producirse cambios y una reingienería completa. Dijo que informaciones de cancillerías en Europa, Norteamérica y Asia reflejan que deberían de existir 1.000.000 de venezolanos en edad de votar que viven en el exterior y apenas están 100.00′ habilitadas para votar por obstáculos interpuestos por el CNE.

Representantes de la MUD informaron que el CNE depuró 6.000 homónimos de 22.000 existentes. Hicieron la denuncia de que aún no se les permite entrar al repliegue de la información de las máquinas de votación, luego de que se negaron a firmar el acta por la negativa del organismo comicial de permitirles asentar observaciones.

El representante del Partido Comunista de Venezuela ante el CNE, Rozzo Grimau, expresó su conformidad con el registro electoral y criticó que la oposición acuda a las auditorías, certifique la data y luego diga que el registro tiene vicios. Aseguraron que, aunque el RE es perfectible, «es el más seguro del mundo».

Hasta el 19 de julio el CNE recibirá impugnaciones y reclamos de electores, como por ejemplo, cambios de residencia que no se procesaron. “Es importante mencionarles a los electores que revisen sus datos en la página web del Consejo Nacional Electoral y verificar que estén bien. Y si hay alguna objeción, acudan a la oficina del CNE hasta el próximo viernes para las posibles correcciones.

Pobres resultados

Estudios demográficos indican que existen al menos 700.000 ciudadanos entre 18 y 25 años que no están inscritos en el RE. El operativo de actualización de datos que concluyó el 21 de junio, según Vicente Bello fue insuficiente en términos de tiempo, centros de actualización y de difusión publicitaria, de allí los “pobres” resultados en términos de inscripción de nuevos votantes.

El portal del CNE informa que los nuevos inscritos son 199.172, pero, a partir del análisis de la información entregada, Bello obtiene la cifra de 217.540 personas que no estaban en el RE de 2012 y sí lo están ahora.

Bello exigió conocer los códigos de las objeciones asociadas a todas las cédulas de identidad que han estado en el RE, el procedimiento seguido para la incorporación y desincorporación de los ciudadanos con reclamos, y el detalle de los electores que se sumaron o retiraron del RE por causas distintas a su inscripción o defunción.

“Depende de cada ciudadano realizar la contraloría a este proceso. Nosotros estamos cada vez mejor organizados, vamos a entregar a nuestros testigos y comunidades organizadas la información de sus centros de votación, cuáles son los fallecidos, homónimos, y cualquier otra marca que pueda tener algún elector en algún municipio”, aclaró.

Bello consignó ayer en la sede del CNE una carta con nueve observaciones y exigencias que resultaron luego de la revisión preliminar del registro electoral, que estará habilitado para el 8 de diciembre.

“Esperamos que estas solicitudes de aclaratorias, la depuración adicional de homónimos y fallecidos, así como la base de datos de objeciones vigentes y levantadas por cédula sean atendidas oportunamente antes del cierre del proceso de verificación ciudadana del RE.

La cifras

700.000 sin inscribirse. Ciudadanos entre 18 y 25 años de edad no pudieron inscribirse en el registro electoral.

225.257 electores aparecen en el registro civil y a su vez en el registro electoral y murieron hace 5 años, sin contar a los fallecidos desde 2012.