El parlamento tiene la potestad de ocuparse de la vigilancia del Ejecutivo, y de seguir los pasos de los problemas que perjudican a la ciudadanía. Sobre eso no hay duda. No sólo debe atender su obligación fundamental, que es la de legislar, sino también los asuntos del bien común en términos generales. Como, en teoría, en el seno de la Asamblea habitualmente se contrastan con libertad las opiniones de sus miembros, o las informaciones de diversa procedencia que trasmitan en el debate, de su interior pueden salir soluciones o correctivos de problemas que perjudican a la sociedad y que, por su relevancia, deben ventilar los representantes del pueblo.

Así ocurre, aun en los organismos en los cuales predomine una tendencia en las curules. No importa que en las bancadas esté sentada una mayoría representativa de una sola orientación, o de un partido político, debido a que esa mayoría, si está consciente del papel que debe cumplir en nombre de los electores, puede conceder la razón a sus adversarios, que también son sus interlocutores, cuando ellos presentan argumentos convincentes o razones que obliguen a un consenso, o a acuerdos que no correspondan necesariamente a los intereses de quienes tienen la sartén por el mango. Así debe suceder y ha sucedido en la mayoría de las repúblicas que en el mundo han existido, desde la creación de los organismos deliberantes cuya principal obligación es con el pueblo, y no con una sola fracción del pueblo.

¿Se advierten estas formas de deliberar en nuestra Asamblea Nacional? Ni siquiera en casos excepcionales, cuando la urgencia de una situación sugiere la búsqueda de arreglos inmediatos. La oposición apenas puede hablar en medio de aprietos. No hay razón que valga frente a la mayoría prepotente, que no sólo usa el alicate para acortar las intervenciones incómodas sino que también permite el acoso de quienes las realizan. Así las cosas, ¿cómo pueden desarrollar satisfactoriamente la AN las investigaciones que pretende llevar a cabo?, ¿cómo puede mantener los ojos abiertos? No hay manera

.

Por consiguiente, los actos del Ejecutivo no se examinan ni siquiera para disimular, para que creamos en la existencia de un parlamento que cumple sus funciones más elementales. Ninguna problemática que planteen los diputados de la oposición tiene eco, mientras se aplaude y bendice cualquier tipo de averiguación, hasta la más peregrina, que soliciten los voceros del oficialismo para el combate de sus rivales.

Los representantes de la oposición no son considerados como interlocutores de la mayoría abrumadora, sino como sus enemigos mortales. Ellos son los sospechosos habituales, los investigados, los averiguados. No existen los problemas que ellos quieren mostrar. Esos problemas son un invento de la mala intención, de la maldad propiamente dicha. El Gobierno no se toca, ni con el pétalo de una rosa.

Editorial de El Nacional