El Gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, pidió este martes formalmente al Congreso nacional que convoque un plebiscito para una reforma política que, en su opinión, debe centrarse en cinco puntos, según informaron fuentes oficiales.
Rousseff, quien con el plebiscito pretende dar respuesta a las protestas que han tomado las calles del país desde el pasado 10 de junio, ha sugerido que la consulta aborde la financiación de campañas, el sistema electoral, las suplencias de parlamentarios, las coaliciones partidarias y el voto secreto en las cámaras.
El pedido fue entregado a las autoridades parlamentarias por el vicepresidente, Michel Temer, y el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, quienes subrayaron que es sólo de una «propuesta», pues tanto el contenido del plebiscito como su propia convocatoria son atribuciones constitucionales del Parlamento.
Sobre el primer punto, el Gobierno ha sugerido consultar a la sociedad sobre si la financiación de los partidos y sus campañas debe ser solamente pública, privada o, como ocurre actualmente, mixta.
En relación al sistema electoral, la consulta sería sobre si se debe mantener o no el actual régimen de representación proporcional en las cámaras, mediante el cual los escaños se distribuyen en función de los votos recibidos por cada partido político.
La tercera propuesta apunta a que se pregunte a los electores si se deben mantener los suplentes de diputados y senadores, que sólo asumen sus escaños en los casos en que el titular renuncia, se toma una licencia, es destituido o fallece.
Rousseff también ha sugerido que en el plebiscito se plantee una nueva reglamentación de las coaliciones partidarias y se pregunte si se debe eliminar el voto secreto en las decisiones parlamentarias.
En esos cinco puntos Rousseff ha recogido muchas de las demandas de lo que ha calificado como «la voz de las calles», que clama en favor de una reforma política que ponga freno a la corrupción y aporte una mayor transparencia a la actividad legislativa.
El presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves, calificó la propuesta como «respetuosa», pues el Gobierno «ha dejado la mayor parte del asunto en manos de los parlamentarios».
Alves negó que la sugestión de Rousseff puede ser interpretada como una «intromisión» del Poder Ejecutivo en el Legislativo y dijo que, por la forma en que ha sido presentada, se preserva el derecho constitucional del Parlamento a deliberar sobre el asunto.
La intención del Gobierno es que ese plebiscito sea convocado a la mayor brevedad y que la reforma política esté en vigor para las elecciones presidenciales y legislativas de octubre del 2014.
Las leyes exigen que toda alteración de las normas electorales sea aprobada por el Parlamento un año antes de los comicios.
De ese modo, las cámaras sólo contarán con poco más de tres meses para convocar el plebiscito, discutir el resultado y legislar sobre una reforma que debaten sin éxito desde hace quince años.
Fuente: ÚN
