La presidenta del Colegio de Abogados de Caracas, Yvett Lugo, en compañía de varios representantes del gremio, manifestó su rechazo a las declaraciones emitidas por la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien solicitó a los privados de libertad revocar el nombramiento de sus abogados particulares para ser atendidos y garantizarle justicia a través de los Defensores Públicos.
«Repudiamos el acto arbitrario de la Titular del Ministerio Penitenciario de negarse a trabajar con abogados privados y el consecuente chantaje a los reos para que renuncien a su derecho a ser defendidos por abogados de su confianza quienes deberán aceptar un defensor público si quieren ser atendidos. Bajo esta premisa, los privados de libertad pudieran caer en un limbo jurídico», dijo Lugo desde la sede de Inpreabogados.
Señaló que se trata de una nueva «violación» a los derechos humanos fundamentales, cercena el derecho a la defensa, viola el principio del juez natural, viola el derecho al trabajo y pretenden «criminalizar» a los abogados penalistas. «Se está violando el derecho de la persona procesada cuando se le obliga a no tener un abogado de su confianza que lo defienda en un juicio penal, es imposible que existan defensores públicos para los 45 mil personas entre procesados y condenados en los centros penitenciarios -cifra según el observatorio de prisiones- e igualmente, en muchas oportunidades, los defensores públicos no asisten a las audiencias por la cantidad de juicios que tienen. Es un problema de tiempo y de hora, tienen varias casos paralelos».
Recalcó que la defensa pública no cuenta con abogados suficientes para atender los casos que se les asignan, «de cumplirse lo que quiere la ministra aumentara el retraso procesal. Varela pareciera que nunca ejerció en Derecho, desconoce cómo funciona el sistema judicial venezolano, va a colapsar aún más la defensa pública. La gran falla actualmente en este sistema es que se nombra a alguien que no sabe cuál es la problemática, por eso no puede tomar medidas para solucionar el problema».
Igualmente rechazó el calificativo que la ministra Varela diera a los profesionales del derecho al tildarlos de «corruptos», lo que a su juicio se constituye una injuria contra los profesionales del derecho.
Lugo recordó que Venezuela es firmante de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. «Ese cuerpo normativo enfatiza que la defensa privada es clave esencial del sistema de tuición de Derechos Humanos, porque la vigencia de estos últimos depende, en buena medida, de una abogacía independiente, libre y autónoma. En similar sentido, rigen en nuestro país, los ‘Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial’.
En tal sentido objetó la utilización de la justicia como un instrumento para la represión y la imposición de una ideología totalitaria. «Recordamos a las autoridades que la Constitución, las leyes y la política de un país deben garantizar un sistema judicial verdaderamente autónomo, imparcial e independiente del resto de los poderes públicos. Los jueces, los fiscales y los abogados deben tener garantizada la libertad para ejecutar los deberes inherentes a su profesión sin interferencias políticas y con la debida protección de cualquier agresión».
Por último, exigió al Ministerio Penitenciario que cesen en su afán de negar el derecho a un juicio justo. «Nuestro Colegio, en primer término, le va a enviar la presente declaración a la señora Varela. Ojalá rectifique. En lugar de confrontar lo que deseamos es cooperar. Caso contrario, tomaremos todas las medidas, de opinión pública, de acciones judiciales, de denuncias ante organismos internacionales».
Fuente: EU
