Las islas La Blanquilla y La Tortuga se suman a La Orchila como objetivos del Ministerio de Turismo para ser desarrollados de manera turística pero «con especial atención al ambiente en estos espacios».

Así lo informó el ministro de esa cartera, Andrés Izarra.

Luego de un recorrido de inspección realizado el domingo por Izarra en la Isla La Blanquilla, señaló que «Venezuela tiene aquí, en estos 3 puntos, la posibilidad de desarrollar un turismo de calidad, con respeto al ambiente y como generador de divisas para dinamizar la economía».

La Blanquilla es una isla ubicada al este del Mar Caribe, constituida por 64.000 kilómetros cuadrados de territorio virgen, bañado por aguas de un azul intenso, vasta flora y fauna marina. De acuerdo con un boletín de prensa de Mintur, es uno de los rincones vírgenes que tiene Venezuela.

Es una playa de arena blanca (de allí deriva su nombre), casi inhabitada, con aguas de azul turquesa y rodeada de arrecifes coralinos. Actualmente, existe una instalación militar de la Armada, reseñó la nota.

Durante esta primera visita exploratoria, realizada vía aérea y luego vía marítima, el ministro Izarra ratificó que «el territorio insular venezolano tiene uno de los mayores potenciales turísticos vírgenes, inexplotables del país y, es por eso que por instrucción del presidente Nicolás Maduro, tenemos previsto comenzar a desarrollar de forma intensa, pero con atención al ambiente, estos espacios, específicamente las islas: La Orchila, La Tortuga y La Blanquilla».

Izarra informó que próximamente se evaluarán los proyectos para comenzar la rehabilitación de la infraestructura ya existente en la Isla. «Primero que nada se debe recuperar la pista aérea, hay que asfaltarla, desarrollar las zonas aledañas, las distintas estructuras, enmarcado en la sustentabilidad ecológica», puntualizó.

Fuente: Elmundo

Caso de corrupción en La Guaira encendió las alarmas en el terminal de Carabobo. Importadores admiten que hay miedo de formalizar las denuncias.

La detención del jefe de operaciones de la Aduana Marítima de La Guaira en Vargas, Carlos Sánchez, por presunta corrupción, encendió las alarmas en el principal terminal marítimo del país, Puerto Cabello (Carabobo).

Eduardo Praselj, presidente de la Asociación de Logística de Venezuela, precisó que desde 2010 hasta 2012 las mercancías han tardado entre 18 y 21 días para salir de los puertos por falta de equipos y coordinación entre las autoridades que deben revisarlas, lo cual eleva los costos.

El presidente de la Cámara de Industriales de Carabobo, Gerardo Barreto, dijo que esos retrasos innecesarios se prestan para «suspicacias e irregularidades», por lo cual revisan periódicamente el tema en las mesas de trabajo con Bolipuertos y otras autoridades.

Ambos voceros explicaron que para las empresas es muy difícil y riesgoso denunciar irregularidades.

«Si te quejas, pueden frenarte la mercancía, pero eso depende de cada funcionario. En regímenes de control, la gente no se queja y no habla con hay claridad», dijo Barreto.

Los empresarios vinculados con la actividad importadora señalaron que hasta el momento no hay denuncias formales de extorsión o chantaje por parte de los funcionarios de esa aduana, pero admiten que «hay muchas historias» sobre el tema.

Exhortaron al Gobierno a revisar las operaciones en Puerto Cabello y corregir los retrasos que han denunciado para agilizar la nacionalización de mercancías. «Mientras nadie denuncie algo, no pasará de allí, pero sí hay muchos rumores», acotó Praselj.

El industrial manifestó que si el Gobierno está detectando corrupción en las aduanas, hay que resolver esos retrasos y los abusos que podrían estar fomentándose a lo largo de las cadenas de trabajo portuario: «Lo bueno de lo que pasó en La Guaira es que todos pondrán sus barbas en remojo».

Fuente: Elmundo

Un comité de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que recibe denuncias de atentados y amenazas a la libertad sindical instó a mantener la atención sobre los casos «graves y urgentes» de Guatemala, Irán y Venezuela, comunico la entidad internacional.

Al presentar sus informes sobre casos de países al Órgano de Gobierno de la OIT, el comité también llamó la atención sobre la situación en Venezuela, a cuyo gobierno pidió tomar todas las medidas que estén a su alcance para concluir las investigaciones y el procesamiento de los responsables del secuestro y maltrato de líderes de la Fedecámaras en 2010.

También señaló estar a la espera de la sentencia final sobre el ataque en 2008 contra la sede de esa asociación, que agrupa a los gremios empresariales venezolanos.

El comité consideró que la misión tripartita (compuesta por representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores) aceptada por el Gobierno de Caracas contribuirá de manera decisiva a avanzar en la solución de los problemas relacionados con la libertad sindical en este país.

El comité en cuestión aborda los casos más urgentes y graves sobre la libertad de asociación, en particular los que suponen amenazas contra la vida y la libertad, así como la aparición de nuevas condiciones que pueden afectar la libertad de acción de un sindicatos o del movimiento sindical, en general, en un país.

Como aspectos a destacar, el comité mencionó el caso de Colombia, donde sus recomendaciones pasadas han tenido efectos positivos, al tiempo que felicitó la reintegración a sus puestos de líderes de sindicatos de Pakistán, Polonia y Perú.

Sobre Guatemala, esa instancia de vigilancia señaló que están pendientes de ser resueltos casos de asesinatos de sindicalistas, así como de amenazas, otros actos de violencia y deficiencias que llevaron a que estas situaciones -algunas de las cuales datan de 2005- hayan quedado impunes.

Consideró positivo un acuerdo de principio entre el grupo de trabajadores representado en la OIT y el Gobierno de Guatemala para que se investiguen rápidamente esos casos, se determinen responsabilidades y se apliquen sanciones a los autores tanto materiales como intelectuales.

En el mismo documento las autoridades guatemaltecas se comprometieron a brindar garantías para el desarrollo de las actividades sindicales, aunque el comité indicó abiertamente que espera «ver pronto que esa voluntad política se traduce en acciones y resultados concretos».

En relación a Irán, el órgano de la OIT sostuvo que mantiene sus esfuerzos para que se libere a un dirigente del Sindicato de Trabajadores de Teherán, Reza Shahabi. /JM

Fuente: Agencias

El Indepabis se compromete a “cortarle el suministro” de alimentos a los trabajadores informales (buhoneros) para evitar la especulación con alimentos con precios regulados.

«A ellos (Los buhoneros) le vamos a cortar el suministro porque le compran a unos distribuidores que venden con sobreprecio (…) Vamos a cortar el suministro para que esos bienes esos productos la gente pueda adquirirlos a precio regulado», aseguró el presidente del Indepabis,, Eduardo Samán, en entrevista a VTV.

El jefe nacional de Indepabis aseguró que distribuidores utilizan a los trabajadores informales para evadir la regulación de precios. Aseguró que las autoridades atacarán esta situación, respetando al buhonero.

Los trabajadores informales «pueden vivir sin tener que especular. Ellos pueden estar comercializando cosas que les pueden dar un beneficio sin tener que estar especulando», aseveró.

Fuente: El mundo