Las grandes protestas en Brasil dejan perplejos a los políticos, a quienes los manifestantes han dicho que no los representan, como ya ha ocurrido en otros países, y les han recriminado los escándalos de corrupción.

En las multitudinarias manifestaciones, que el lunes llevaron 250.000 personas a las calles de las principales ciudades y se extienden a diario por todo Brasil, no entran ni políticos ni sindicatos: «Ustedes no nos representan», les dicen en sus pancartas, feroces e irreverentes. Las protestas han sembrado un silencio de estupor entre los políticos. «Toda la institucionalidad política, incluso la más progresista, ha quedado estupefacta, porque es un fenómeno que sale de los padrones tradicionales. Es un movimiento de individuos que transita de Facebook a la calle, aunque sus demandas son muy nítidas y concretas», afirmó a AFP el diputado socialista Chico Alencar.

El propio ministro de la Secretaría de la Presidencia, Gilberto Carvalho, reconoció dificultades para entenderlo: «Es extremamente complejo de entender, ni en nuestros buenos tiempos conseguíamos poner a 100.000 personas en las calles».

– LA POLÍTICA DESPRESTIGIADA

La política vive su menor nivel de prestigio de los últimos diez años en Sao Paulo, la metrópoli de 20 millones de habitantes que originó las protestas, según una encuesta de Datafolha divulgada el miércoles: un 79% opinó que los partidos tienen poco o ningún prestigio, 76% dijo lo mismo del Gobierno y un 82% del Congreso. Y entre las razones de las protestas, si el motivo número uno fue el precio del transporte (67%), el dos y el tres fueron la corrupción (38%) y los políticos (35%).

Las protestas contra el aumento del precio del transporte y los millonarios gastos públicos en el Mundial 2014 desataron una ola de críticas a las instituciones (alcaldías, gobernaciones, congreso y gobierno federal), a las que se reclama resultados y servicios públicos de calidad, tras dos años de crecimiento bajo e inflación elevada. «El pueblo despertó: o paran de robarnos, o paramos Brasil», clamaban miles de manifestantes el lunes tras ocupar el techo del Congreso. «Hay una insatisfacción con la política tradicional, un distanciamiento del elector con sus políticos, que no ocurre solo en Brasil, sino que lo hemos visto en las grandes protestas callejeras en todo el mundo», dijo a AFP una socióloga de la Fundación Getulio Vargas (FGV), Dolce Pandolfi.

En Brasil ocurre después de más de diez años de gobierno nacional del popular e izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) -surgido precisamente de movimientos sociales y sindicatos- y de casi dos décadas de Gobierno en el más rico y poblado estado del país, Sao Paulo, del Partido de la Social Democrácia Brasileña (PSDB). También se produce tras una sucesión de escándalos de corrupción que en los últimos años asolaron al Congreso, Gobierno y partidos, incluido el PT, que enfrentó al final de 2012 un histórico juicio en el que fueron condenados exministros y exdirigentes por pagar mensualidades a diputados de partidos aliados a cambio de sus votos. «Cada vez más los grandes partidos fueron aceptando prácticas que antes contestaban (…) Ha habido en la política un padrón degenerado de relaciones entre partidos, alianzas heterodoxas, una connivencia con la corrupción», dijo Alencar, que hace años abandonó el PT, cuando cayó en ese tipo de prácticas de gobierno.

A UN AÑO DEL MUNDIAL Y DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Un año antes del Mundial de Fútbol, que será seguido tres meses después de elecciones presidenciales, y después de que la popularidad de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, favorita para la reelección, cayera ocho puntos por causa de la inflación, nadie se atreve a evaluar el impacto político que tendrán las protestas. En opinión del investigador del Centro Brasileño de Análisis, José Artur Gianotti, dependerá de que «los políticos se abran a las nuevas demandas» y que los manifestantes sepan articularlas, según declaró a la radio CBN.

Tras una semana de manifestaciones, la presidenta Rousseff, una exguerrillera torturada y encarcelada bajo la dictadura militar, pasó de una actitud distante al elogio, al afirmar el martes que los políticos tienen que «escuchar la voz de las calles». El «mensaje directo de las calles es de repudio a la corrupción y al uso indebido del dinero público», dijo Rousseff, quien también hizo suyo el reclamo por «más ciudadanía, mejores escuelas, hospitales» de una sociedad que creció y aumentó sus clases medias en los últimos diez años.

Tras rechazar las reivindicaciones de los ciudadanos en un primer momento, los gobernantes de las dos mayores metrópolis brasileñas, Rio de Janeiro y Sao Paulo, anunciaron el miércoles que revocarán los aumentos del precio del transporte público, siguiendo a muchas ciudades que lo habían hecho antes.

Fuente: EDC

Comenzaba el verano, las clases ya eran historia. Patricia Domínguez le dio permiso a su hijo de 15 años para pasar la tarde de viernes en la discoteca News Divine, situada en la humilde Delegación de Gustavo Madero, al norte del Distrito Federal. Unos 500 jóvenes bailaban a ritmo de reggaeton cuando el caos policial se coló en su fiesta de fin de curso. Nueve chicos y tres agentes perdieron la vida, a plena luz del día, víctimas de la más absurda redada policial que se recuerda en la ciudad. El hijo de Patricia, Daniel Alán Ascorbe, murió por asfixia antes del anochecer del 20 de junio de 2008.

Unos 200 agentes irrumpieron en las inmediaciones del local minutos antes de las seis de la tarde para llevar a cabo su operativo. La orden era clausurar la News Divine, que operaba de manera ilegal y, según denuncias ciudadanas, vendía alcohol a menores.

Los policías comenzaron a detener (ilegalmente) a los chicos, las supuestas víctimas del delito. Por la fuerza los introdujeron en camiones para dirigirlos a la comisaría, donde quedaron acreditados numerosos abusos. Algunos jóvenes denunciaron que lo que pretendían era extorsionarles. Dentro de la discoteca se desató el pánico, el dueño dio orden de desalojar el edificio, pero los agentes en el exterior decidieron cerrar las puertas para que nadie pudiera escapar. El pasillo de salida se convirtió en una trampa. El sudor hizo que Daniel se soltara de la mano de su hermano, de 16 años, que lo perdió de vista.

Un vídeo mostrado por el Gobierno del Distrito Federal a varios medios de comunicación muestra la descoordinación, la falta de unidades sanitarias, el nulo tacto de los agentes, que apilaban cuerpos de niños en el asfalto, algunos inertes, otros con la mirada ya perdida.

“Doce días antes se hizo un operativo en una discoteca de lujo de Lomas de Chapultepec, el trato fue muy distinto, hasta trasladaron a los jóvenes a sus casas. Vemos con claridad un tema de discriminación por la pobreza y exclusión social de estos jóvenes”, dice Carlos Cruz, fundador de la asociación Cauce Ciudadano, que acompaña y asesora legalmente a las víctimas.

El entonces jefe del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, aplacó el escándalo destituyendo al entonces procurador del DF y al secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, que volvió a la política el pasado mes de diciembre como responsable del metro de la capital.

“El culpable de la muerte de mi hijo es mi patrón”, dice al teléfono Patricia Domínguez, taquillera del suburbano, haciendo notar lo macabro de su destino. La soledad acompaña a estas familias humildes, que desde el primer momento sintieron caer miradas culpabilizadoras por haber permitido a sus hijos ir a bailar una tarde de viernes. “Soy culpable de no tener dinero para enviar a mis hijos al Pedregal o la Zona Rosa, a lugares donde no se hacen esos operativos”, dice Domínguez. “Nos hemos sentido muy solos, solo cada 20 de junio se arriman a nosotros”, apunta Carmen Rivas, mamá de Leonardo.

Leo tenía 24 años y trabajaba cada viernes como camarero en la discoteca. “Le iban a pagar 200 pesos, por 200 pesos me lo mataron”, se lamenta su madre. La familia nunca llegó a ver su cadáver. “Solo a través de una computadora para identificarlo. Luego lo echaron en un ataúd que no pudimos abrir. Nunca revisamos a mi hijo y no saber cómo murió me mata”.

El pasado mes de abril el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dictó penas de 5 a 24 años contra 19 mandos intermedios y agentes y absolvió a otros 11 implicados. El propio Ministerio Público, en nombre de las familias, ha apelado la sentencia, lo mismo que los condenados, la mayoría policías rasos que participaron en el operativo. “Es como si los policías no fueran los representantes del Estado mexicano y hubieran actuado por su cuenta. La sentencia establece que hubo una línea de mando y que los policías recibieron órdenes, por lo que se debería de proceder contra los funcionarios públicos de alto nivel. La sentencia es una de las peores en materia de derechos humanos en México”, sostiene el abogado Cruz.

En ese proceso judicial no se incluyó a ninguno de los altos mandos, como exigían las familias, en una ristra de nombres que incluían desde jefe de delegación hasta al propio Marcelo Ebrard. La denuncia contra ellos fue desestimada por el propio Ministerio Público, que en este caso se estaba investigando a sí mismo. “Ebrard no nos vio nunca la cara, Mancera [el actual alcalde] tampoco”, denuncia Domínguez. Las familias no esperan nada de la apelación, más que cumplir los cauces legales que les permitan llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces sí volverán a señalar a los que ellos consideran responsables. Cinco años después el único encarcelado por el caso es el dueño del local, condenado a 29 años por corrupción de menores (venderles alcohol).

Muchos capitalinos aún piensan que los chavos de la Madero murieron asfixiados en un incendio. Solo un puñado de personas acompañará a las familias este jueves, al cumplirse cinco años de los hechos. Luego toca seguir viviendo. Carmen irá “todos los domingos a lavar la lápida de Leo y ponerle flores” y Patricia seguirá vendiéndole a usted sus boletos de metro.

Fuente: El País

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha dicho que no abandonará la Embajada de Ecuador en Londres aunque Suecia retire la demanda de abuso sexual y violación contra él, cargos de los que se declara inocente. Assange teme ser arrestado y extraditado a Estados Unidos si sale del edificio.

En una entrevista con Reuters y otros medios tras un año de asilo en el edificio diplomático, Assange ha reconocido que aún tiene esperanza de dejar la Embajada, aunque no cree que pueda encontrar un nuevo lugar donde alojarse a corto plazo.

«No voy a decir que no me quiero ir», ha dicho. «Pero mis abogados me han advertido de que si dejo la Embajada, correré el riesgo de ser arrestado y extraditado a Estados Unidos», ha explicado. A la pregunta de si se quedaría dentro incluso si Suecia retirara la investigación contra él, Assange ha respondido: «Así es».

Assange ha ido escogiendo con cuidado sus palabras durante la entrevista, realizada el pasado viernes. En un debate sobre diferentes cuestiones, Assange ha calificado de héroe a Edward Snowden, el ex agente de la Agencia de Seguridad Nacional que filtró muchos de los programas de vigilancia de Estados Unidos. También ha criticado a los Gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y de su Australia natal.

Embajada de Ecuador

El fundador de WikiLeaks tiene garantizado el asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres, sin embargo Reino Unido ha dejado claro que será arrestado si intenta salir del edificio, rodeado por multitud de agentes de Policía.

Assange ha afirmado en la entrevista que en un principio creía que no estaría más de dos años escondido en la Embajada, sin embargo sus cálculos eran sólo estimaciones y ahora no sabe cuánto más tendrá que quedarse. Reconoce que es posible que se alargue su estancia. «Ha habido casos de refugiados en embajadas durante más de diez años», ha añadido.

Ha explicado que, dentro de la Embajada, nota la falta la luz solar, y teme que debido a las circunstancias, pueda desarrollar un problema de raquitismo.

WikiLeaks

Australia, su país natal, también ha sido un tema de debate, al que acusa de tener un Gobierno «corrompido» y donde sabe que su partido WikiLeaks ha obtenido mucha popularidad.

Assange ha recordado que su situación legal ha dado lugar a un tenso «conflicto geopolítico», y sabe que «no es probable que Suecia y Reino Unido le nieguen algo públicamente a Estados Unidos», según ha explicado a sus entrevistadores. El australiano sabe que este tipo de cuestiones muchas veces necesitan de un tercero para alcanzar una solución, como un tribunal internacional, y por ello Assange espera «que también ocurra lo mismo en su caso».

Tras la pregunta de si se arrepentía de algo, Assange contestó que «estratégicamente ha sido exactamente como esperaba».

Fuente: ABC