Lejos de apaciguarse, la ira entre los manifestantes ha conquistado nuevos seguidores y se ha aliado con otras causas.

El lunes, decenas de miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades de Brasil para expresar su descontento con las autoridades.

BBC Mundo le explica las razones de la mayor ola de protestas en décadas.

¿Qué desató las protestas?

Las manifestaciones empezaron como una reacción al aumento del precio de autobús, metro y tren, dispuesto a inicios de junio, de 3 reales (US$1,40) a 3,20 (US$1,50).

Pero a medida de que se desarrollaron las protestas, un nuevo incentivo surgió para que muchos brasileños salieran a las calles: las tácticas policiales para frenarlas.

El jueves, en Sao Paulo, testigos aseguraron haber visto a la policía disparando balas de goma a manifestantes pacíficos. Muchos funcionarios -dijeron los testigos- ocultaron sus identificaciones para evitar que sus nombres fueran vistos.

Más de 100 personas resultaron heridas y 190 fueron detenidas.

Este lunes, en una marcha en Belo Horizonte que reunió cerca de 20 mil personas según medios locales, la policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para evitar que manifestantes se acercaran al estadio mundialista Mineirao.

En Porto Alegre también hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes, con gases lacrimógenos y balas de goma lanzadas en el centro de la ciudad tras una marcha que congregó más de 10 mil personas.

Según analistas, los enfrentamientos muestran un desconcierto de las autoridades brasileñas para lidiar con protestas callejeras atípicas en este país y exponen una herencia que la policía arrastra del gobierno militar (1964-1985).

Sin embargo, las autoridades negaron un desempeño erróneo por parte de sus agentes y prometieron que investigarían las denuncias de exceso policial.

¿Es sólo el aumento del pasaje lo que ha provocado el descontento?

No. Observadores aseguran que el aumento del pasaje fue sólo la chispa que desató la ira.

En sus interpretaciones de las causas de las protestas, los sociólogos y politólogos destacan la insatisfacción de los jóvenes con el gobierno y con las condiciones de vida en las grandes ciudades.

«Hay una especie de malestar generalizado, sin un enfoque claro. Hay una especie de resentimiento y frustración de orden social, alimentada por un estilo de gestión que no ofrece un diálogo público», le dijo a BBC Brasil el sociólogo Gabriel Cohn.

Es así como al aumento del transporte público ahora se suma una gama de temas que han provocado descontento entre los brasileños.

Los altos costos de organizar la Copa Confederaciones de Fútbol (en plena celebración) y de la Copa de la FIFA 2014 son cuestionados, pues los manifestantes aseguran que mayores inversiones son necesarias en los sectores de la educación y la salud.

«Renuncio a la Copa del Mundo. Quiero dinero para la educación y la salud», gritaban los manifestantes en la capital, Brasilia.

Gary Duffy, editor de la BBC en Brasil, señaló que la corrupción política también está presente en la agenda de los movilizados.

«Algunos políticos son acusados de otorgarse salarios altos y nombrar a familiares en puestos de trabajo inexistentes en la capital», indicó el periodista.

Entre las manifestaciones pacíficas y violentas, lo que parece evidente es la profunda división que hay entre muchos brasileños y los políticos.

¿Quién está detrás de las protestas?

La primeras protestas fueron convocadas por la organización Movimiento Pase Libre (MPL), una agrupación de base estudiantil que promueve políticas de transporte público gratuito de carácter masivo.

Ese grupo se convirtió en el principal impulsor de las manifestaciones que se extendieron por Sao Paulo primero, y a continuación por varias ciudades de Brasil.

Después de varias semanas, decenas de miles de personas, la mayoría de ellas jóvenes, han salido a las calles a expresar colectivamente su descontento.

A los grupos de jóvenes se ha unido el movimiento Copa Pra Quem? (¿Copa para quién?), que protesta por el alto costo de la celebración del torneo y las repercusiones de las obras en construcción en el terreno sobre las comunidades.

Alberto Almeida, experto en opinión pública del Instituto Análise, en Sao Paulo, señala que las protestas son impulsadas por «radicales de izquierda» que buscan explotar políticamente el descontento por los precios del transporte urbano.

Organizadores de las protestas han intentado evitar los actos de violencia y vandalismo, pero a veces no lo han conseguido.

¿Cómo ha reaccionado el gobierno?

La presidente Dilma Rousseff, quien fue abucheada en la inauguración de la Copa de Confederaciones el sábado, dijo que las protestas son «legítimas» y que forman parte de la democracia.

Pero expertos aseguran que el liderazgo político no veía venir el surgimiento de un fenómeno social que cada semana cobra más fuerza.

«Perplejos y con un paso atrás, tienen que decidir cómo responder en un país que está en el centro de la atención internacional», indica Duffy.

Dos encuestas realizadas la semana pasada mostraron caídas en los niveles de aprobación al gobierno.

El descenso fue de ocho puntos en uno de esos sondeos, realizado por Datafolha: de 64% de aprobación en marzo a 57% en junio.

Es la primera vez que la firma registra una caída de popularidad de Rousseff desde que comenzó su gobierno en 2011.

Cuatro de cada cinco encuestados dijeron sentir el aumento de los precios de alimentos.

¿Por qué en Brasil?

Como señala Duffy, en los últimos años los titulares sobre Brasil reflejan un país que quiere mostrarse como una potencia agrícola y en el que millones de personas han sido sacadas de la pobreza. «Es un país que está aprovechando la oportunidad de destacarse en el ámbito internacional».

Brasil es una de las principales economías del mundo y es integrante -junto a Rusia, India, China y Sudáfrica- de los BRICS, las naciones emergentes más poderosas del mundo. El Mundial de 2014 y las Olimpiadas de 2016 son parte de las banderas que la nación sudamericana enarbola.

Pero para muchos brasileños, el aumento de las expectativas económicas no tiene ninguna relación con los resultados reales.

Pese a las mejoras de infraestructura en algunas ciudades, la delincuencia continúa siendo un grave problema.

Fuente: EN

Se llama Carmen Muñoz y no hace alarde de su preferencia sexual. No la niega, pero es la primera línea del currículum. Ni siquiera había sido activista de los derechos gays, pero la coyuntura política no le dejó otra opción. Es la portavoz parlamentaria del principal partido opositor de Costa Rica en un año electoral que se prevé determinante para los proyectos de reconocimiento legal de las parejas homosexuales.

Muñoz asumió la jefatura del Partido Acción Ciudadana (PAC, centro) después de tres años de ejercicio legislativo en los que asumió como propia la causa de los derechos de las parejas del mismo sexo, pero hace dos meses habló abiertamente de su “no heterosexualidad” en una entrevista en el diario La Nación. Ahora se reconoce “una mujer más libre” para enfrentar “sin remilgos” las fuerzas conservadoras que pretenden mantener a Costa Rica dentro de la norma en Centroamérica: una pareja del mismo sexo tiene el mismo reconocimiento legal que tendría un par de amigos que comparten piso.

La figura del matrimonio homosexual es solo la forma más extrema, pero los activistas mantienen cinco proyectos legislativos que, con grados y formas distintas, pretenden hacer que el Estado otorgue las parejas del mismo sexo los mismos derechos que poseen los heterosexuales. No es tarea fácil en un país confesional católico por Constitución Política y donde también crecen corrientes cristianas evangélicas cuyos líderes se oponen a las uniones legales homosexuales con mucha más dureza.

Uno de estos representantes se llama Justo Orozco y es quizá el diputado más conocido del país, sobre todo por oponerse a rajatabla y sin pudores a cualquier reforma que abra la ventana a la validez legal de las parejas homosexuales. Es uno de los dos congresistas (de 57) representante de partidos religiosos. El símbolo de su agrupación es el pez cristiano, suele llevar la Biblia al plenario legislativo y exigió a Carmen Muñoz inhibirse de votar en una comisión el proyecto sobre parejas del mismo sexo, por considerar que estaría legislando en beneficio propio.

“Fue notorio en medios de comunicación y hasta en Wikipedia que ella se declara lesbiana, por lo que me opongo a que sea parte de la votación”, dijo hace tres semanas, lo que volvió a indignar a grupos activistas y otros legisladores, aunque Carmen Muñoz dice tener claro que el diputado cristiano responde a un sector de la población conservador y que detrás de él hay otros grupos de más peso político contentos de que Orozco sea quien dé la cara sin tapujos. Dos ejemplos: la Iglesia Católica y buena parte del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN).

El Gobierno de Laura Chinchilla ha tenido que hacer malabares retóricos para no quedar como enemigo del reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, aunque ministros puntuales han dado el apoyo, incluido el de Educación, Leonardo Garnier. La mandataria empezó su gestión diciendo que el tema no era prioridad suya y la última referencia pública la hizo hace un mes y medio, cuando visitó el país el presidente Barack Obama, quien apoya la validez legal de las parejas homosexuales. “Cada nación tiene su propio tiempo”, manifestó Chinchilla, queriendo decir que Costa Rica aún no está lista para sumarse a los 19 países (seis en América) que reconocen total o parcialmente los matrimonios homosexuales o las uniones libres.

Muñoz no está tan segura de que el cuatrienio de Chinchilla acabe sin reconocer las uniones de parejas homosexuales. Hay expedientes legislativos en espera de una oportunidad política un resquicio en la dinámica del Congreso en este 2013 marcado por la lucha electoral de cara a las elecciones de febrero de 2014. “No descarto nada. Todas las bancadas están divididas entre apoyar o rechazar esto, pero cada vez hay más apoyo popular y eso cuenta en las elecciones”, opinó Muñoz, a pesar de que en 2012 los grupos activistas se opusieron a un referendo nacional por considerar que los derechos humanos de minorías no se deben someter a las urnas, donde habría altas posibilidades de salir derrotados.

Fuente: El País

Estados Unidos y Cuba retomarán esta semana las negociaciones para tratar de restaurar el servicio postal directo entre ambos países, suspendido desde 1963. El Departamento de Estado, que ha confirmado el reinicio de las discusiones, ha insistido en que la iniciativa no supone un viraje en la política de este país hacia la isla, mientras los grupos de exiliados han dado la bienvenida a este acercamiento, si bien, lo consideran insuficiente.

“Cualquier paso para agilizar el intercambio de personas y recursos entre ambos países es positivo”, señala en conversación telefónica Tomás Bilbao, director ejecutivo de Cuban Study Group, una organización independiente formada por profesionales y empresarios cubanoamericanos y estadounidenses. “Pero si la Administración Obama quiere mantener su compromiso de facilitar los procesos de cambio en Cuba, aún le quedan cosas mucho más importantes por hacer”, advierte Bilbao.

Las negociaciones para restablecer el servicio postal directo se desarrollarán entre el martes y el miércoles y estarán lideradas por Lea Emerson, directora de Relaciones Internacionales del Servicio de Correos de EE UU, y José Cabanas Rodríguez, responsable de la Oficina de Intereses Cubanos en Washington. Desde el Departamento de Estado han advertido de que el contenido de las reuniones será “eminentemente técnico” y se ha instado a que no se analice en clave política un posible acuerdo.

Desde que se suspendió el envío directo de cartas y paquetes entre los dos Estados en 1963, sus ciudadanos logran remitir sus remesas a través de terceros países

No es la primera vez que EE UU y Cuba abordan la posibilidad de reanudar el servicio postal entre ambos países. En 2009 ya se iniciaron unas negociaciones que no fructificaron. Desde que se suspendió el envío directo de cartas y paquetes entre los dos Estados en 1963, sus ciudadanos logran remitir sus remesas a través de terceros países, eminentemente México. “Se trata de un asunto que viene de lejos y es uno de los grandes temas pendientes”, señala en conversación telefónica Antonio Zamora, abogado y presidente de la Fundación para la Normalización de las Relaciones entre EE UU y Cuba. “Habrá que afinar en temas relacionados con la seguridad, pero es un paso que puede abrir las puertas a otras negociaciones que, quizás, de momento no estén contempladas todavía”, indica.

El presidente Barack Obama inició su presidencia con la intención de realizar una aproximación al régimen castrista para favorecer la transición democrática y reforzar a la sociedad civil cubana, pero la detención por las autoridades cubanas del contratista estadounidense Alan Gross,en 2009, y su posterior condena a 15 años, acusado de atentar contra la independencia y la integridad del Estado, provocaron que se congelara ese acercamiento.

La noticia de la reanudación de las conversaciones entre ambos países llega en medio de un profundo malestar entre el exilio cubano en EE UU, muy molesto por la decisión del Departamento de Estado de mantener a Cuba en la lista de países terroristas. Muchos consideran esta decisión una concesión al sector más duro y reaccionario del Congreso estadounidense. La semana pasada, más de medio centenar de profesionales, académicos e intelectuales cubanoamericanos remitieron una carta al presidente solicitándole la exclusión de la isla de la relación de Estados promotores del terrorismo y desvinculándose de las políticas de varios congresistas de origen cubano, favorables a esta inclusión.

Fuente: El País

Relajado, seguro e incluso sonriente, el presidente electo de Irán, Hasan Rohaní, ha dado su primera conferencia de prensa. Durante una hora y media, ha dejado claro que su prioridad es la reactivación de la economía, que está dispuesto a ser “más transparente aún” sobre el programa nuclear y que desea mantener buenas relaciones con todos los países, empezando por los vecinos. “Con Estados Unidos, existe una vieja herida, pero tenemos que buscar la manera de curarla; no queremos ni mantener ni incrementar la tensión”, ha manifestado antes de enumerar tres condiciones para considerar el restablecimiento de los lazos diplomáticos.

Rohaní ha presentado su triunfo electoral como una “declaración de confianza” de los iraníes en la República Islámica, e insistido en que la elevada participación, “por encima del 72%”, ha cambiado la percepción del resto del mundo sobre su país.

“Este nuevo clima nos ofrece una oportunidad y estoy convencido de que nuestras relaciones internacionales van a mejorar”, ha señalado. Las bases para ello, ha repetido en diversas ocasiones, son “el respeto mutuo y los intereses comunes”. De ahí que sobre el conflicto en Siria, haya respondido que es un asunto que tienen que resolver los propios sirios “sin interferencias extranjeras”. En un estilo que recordaba al presidente reformista Mohamed Jatamí (1997-2005), ha mencionado el deseo de acercarse a los países islámicos, a sus vecinos (Arabia Saudí, en especial), a América Latina, pero también a los europeos y a quien la propaganda oficial denomina “el gran Satán”, Estados Unidos.

“Es una pregunta difícil”, le ha contestado al periodista que se interesaba por las relaciones con ese país, sin esperar a la traducción y dejando claro que entiende el inglés, idioma en el que estudió su doctorado en la Universidad de Glasgow.

Washington rompió lazos diplomáticos con Irán en 1980, a raíz de la toma de su Embajada en Teherán por un grupo de estudiantes revolucionarios que pareció contar con el respaldo del fundador de la República Islámica y entonces líder supremo, el ayatolá Ruholá Jomeini. Desde entonces, Irán ha sido un paria internacional, salvo durante la presidencia de Jatamí, en que pareció que la comunidad internacional iba a rehabilitarle finalmente. Pero el descubrimiento de un programa nuclear secreto en 2002 y la influencia de los neocons en la Administración norteamericana de la época frenaron cualquier avance. Luego, los dos mandatos de Mahmud Ahmadineyad han terminado de cerrar las puertas.

Rohaní ha enumerado tres condiciones para reanudar las relaciones con EEUU. En primer lugar, ese país debería “comprometerse a no interferir en los asuntos internos de Irán”; en segundo, “reconocer todos los derechos de la nación iraní, incluido el derecho [a tener un programa] nuclear”, y finalmente, “poner fin a sus políticas unilaterales y de acoso” hacia la República Islámica.

Nada de esto es en realidad nuevo. Cambia sin embargo el contexto. El sorprendente triunfo del más moderado de los candidatos a la presidencia de Irán ha llevado a la Casa Blanca a ofrecer con rapidez contactos directos. Además, existe la sensación de que las sanciones internacionales están funcionando y que el régimen iraní busca una salida que le permita no perder la cara al callejón sin salida en que se ha convertido su programa nuclear.

De hecho, y a pesar del estéril debate sobre si el presidente tiene o no influencia en ese dossier, Rohaní ha declarado que la solución pasa porque “las negociaciones con el Sexteto [las grandes potencias] sean más activas”. Y aunque ha dicho que “el tiempo para suspender el enriquecimiento de uranio ya ha pasado”, se ha mostrado dispuesto a ofrecer “más transparencia aún para convencer a todo el mundo de que Irán está actuando dentro de las normas internacionales”. Con ello espera poder poner fin a las sanciones, que ha calificado de “brutales” y asegurado que “sólo benefician a Israel”.

Ha quedado claro que ese castigo es en gran medida responsable de la terrible situación económica de Irán. “Reactivar la economía va a ser mi prioridad”, ha prometido Rohaní. Los periodistas, entre los que apenas había extranjeros debido a que las autoridades no han extendido los (escasos) visados que dieron para las elecciones, han preguntado una y otra vez cuándo van a empezar a verse los resultados. El flamante presidente ha pedido paciencia y tendido una mano al resto de las facciones, incluidos los reformistas.

“El símbolo de mi campaña fue una llave, no una hoz”, ha bromeado ante la pregunta si va a hacer una limpia en la administración. “Mi Gobierno va a basarse en la meritocracia”, ha anunciado antes de repetir la necesidad de dar una mayor participación a las organizaciones de la sociedad civil, respetar la ley y evitar el extremismo.

Fuente. El País