La policía turca ha detenido a 24 personas en Esmirna por difundir a través de Twitter mensajes que “incitaban a causar disturbios”, según informa el diario turco Hurriyet. Las autoridades buscan a otras 14 personas por el mismo motivo. Mientras, en Ankara, la Asociación Médica Turca ha informado de que Ethem Sarisuluk, un activista que recibió una herida en la cabeza durante las manifestaciones en la capital, se ha convertido en la tercera víctima mortal de las protestas.

El jefe provincial del opositor Partido Popular Republicano, Ali Engin, acompañado por otros miembros de la formación y de familiares de los detenidos, visitó la sede policial de Esmirna para hablar de las detenciones con las autoridades. Engin dijo que los arrestados estaban apoyando el movimiento para “un país libre y justo”. “Si eso es un crimen, entonces todos hemos cometido un crimen», afirmó el político.

Sevda Erkan Kilic, otra dirigente del partido y abogada, dijo que había estudiado los mensajes y que no había ningún elemento de provocación en ellos. “Estos mensajes son cosas que todos compartimos”, afirmó.

En Turquía, los manifestantes que llevan días protestando contra la violencia policial y «el autoritarismo» del primer ministro Recep Tayyip Erdogan han dado un uso intensivo a redes sociales como Twitter y Facebook para comunicarse y publicar información.

Los pasados 31 de mayo y 1 de junio, cuando la policía antidisturbios respondió con violencia y enormes cantidades de gas lacrimógeno para evitar que miles de personas tomaran el centro de Estambul, los principales medios de comunicación turcos no informaron sobre el tema o apenas lo hicieron.

Twitter atrajo la ira del primer ministro Erdogan hace unos días. «Esa cosa que llaman redes sociales no es más que una fuente de problemas para la sociedad actual», afirmó el domingo en un discurso televisado. «Hay un problema que se llama Twitter», añadió. «Allí se difunden mentiras absolutas».

Las detenciones despiertan especial preocupación en un país con un negativo historial de acoso e intimidación a la libertad de opinión y prensa. Se trata de uno de los capítulos en los que Bruselas ejerce la mayor presión sobre Ankara en el marco del proceso de integración de Turquía a la Unión Europea, estancado desde hace años.

La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) ha querido intervenir en la guerra abierta entre las comunidades indígenas y el Gobierno.

El secretario de la Conferencia Episcopal, Leonardo Steiner, en un encuentro con la ministra de la Casa Civil, Gleisi Hoffman, brazo derecho de la mandataria Dilma Rousseff, le ha reprochado que la presidenta no haya recibido oficialmente a una delegación de representantes indígenas desde que tomó posesión en 2011. Steiner, en nombre de los obispos, ha pedido a través de Gleisi que lo haga.

En una nota el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), vinculado a la Conferencia Episcopal, se queja de que mientras la presidenta no celebrado todavía este encuentro, “en el mes de mayo encontró tiempo en su agenda para por lo menos cinco reuniones con representantes terratenientes, enemigos históricos de los pueblos indígenas”.

La ministra Gleisi, que apoya un proyecto polémico para que no solo la Funai (Fundación Nacional del Indígena), sino también el Gobierno, puedan participar en las decisiones de las demarcaciones de tierras indígenas, ha prometido al representante de los obispos que recibirá ella misma a los indígenas, pero se reservó de comentar la posibilidad de que también la presidenta Dilma lo haga.

Sin duda la mandataria no aceptará presiones de la Iglesia, por lo que los analistas piensan que por el momento el encuentro con los representantes de las comunidades indígenas quedará, si acaso, limitada a la ministra de la Casa Civil.

Fuente: El País