El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) emitió un comunicado en rechazo a las situaciones que afectan la libertad de expresión en Venezuela y el ejercicio profesional de los periodistas, así como el derecho que tienen todos los venezolanos a estar informados veraz y oportunamente.
El CNP reunido en el XLIX secretariado realizado los días 25 y 26 de mayo en Maracay, estado Aragua condenó las violaciones al derecho humano ocurridas el pasado mes de abril en el estado Lara en contra de los colegas Marla Prato, corresponsal de El Universal; Richard Lameda, Ricardo Marapacuto, del diario El Impulso; Doricer Alvarado de Globovisión; Leonardo Azuaje y Humberto Colmenares de Latina TV; Eduard Martínez del Diario La Prensa; Gerardo Oviedo y Juan Carlos Leal de la Agencia de Noticias Punto Medio; Ángel López de Promar TV; Rogenmys Valera del diario El Informador; Héctor Azuaje del Diario de Lara y Héctor Andrés Segura del Círculo de Reporteros Gráficos del estado Lara, quienes recibieron heridas de perdigones, golpes y daños materiales a sus equipos de trabajo, mientras ejercían el sagrado derecho de informar.
Además rechazaron la situación que vienen enfrentando los periodistas de Mérida, con la conformación del Estado Mayor Comunicacional, por parte del gobernador Alexis Ramírez.
El gremio solicitó a los responsables de la Oficina Regional de Información de la Gobernación del Táchira, el cese de los maltratos verbales y discriminatorios a los colegas dentro de sus puestos de trabajo, así como también exigieron que cesen las constantes agresiones verbales públicas del alcalde Rafael Lacava a periodistas de Puerto Cabello.
De igual modo, el CNP informó que en el estado Zulia actores vinculados al Gobierno buscan vulnerar la institucionalidad gremial al eliminar el requisito indispensable de la colegiación de las bases de sus premios de periodismo.
Asimismo, el CNP repudió el caso de Francisco «Pancho» Pérez del estado Carabobo, a quien han denunciado doblemente por difamación e injuria; así como el asedio y el hostigamiento a los periodistas, María Eugenia Morales y Richard Sayago.
Es importante destacar, que el CNP exigió respeto y derecho a la privacidad, pues consideran que nadie puede ser perseguido por su desempeño laboral, como lo es el caso de la caricaturista del diario El Universal, Rayma Suprani, y la periodista de Globovisión, Nitu Pérez Osuna, quienes han sido víctimas de acoso telefónico y de descalificaciones.
La Junta Directiva Nacional del CNP reiteró a la máxima instancia del poder legislativo para restablecer el libre acceso a los periodistas dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional, por medio de la reforma del Reglamento de Interior y Debate y que contribuya a preservar su integridad física.
Autoridades de esta organización informaron que para que se respeten las leyes y para que las instituciones recuperen su credibilidad haciendo justicia, sin parcialidades políticas en el país seguirán luchando y denunciando.
Cabe destacar, que cada una de las seccionales del CNP posee soportes y documentación de todos los casos anteriormente mencionados.
A continuación el comunicado completo:
COMUNICADO
S.O.S LIBERTAD DE EXPRESIÓN VENEZUELA
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), en su XLIX secretariado realizado en Maracay, estado Aragua, quiere expresar su más enérgico rechazo a las situaciones irregulares que vienen sucediendo desde el pasado mes de abril y que afectan no solo al gremio periodístico venezolano, sino a todos los ciudadanos que tienen el sagrado derecho de estar informados veraz y oportunamente, de acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional.
En tal sentido queremos denunciar las violaciones al derecho humano ocurridas el pasado mes de abril en el estado Lara en contra de los colegas Marla Prato, corresponsal de El Universal; Richard Lameda, Ricardo Marapacuto, del diario El Impulso; Doricer Alvarado de Globovisión; Leonardo Azuaje y Humberto Colmenares de Latina TV; Eduard Martínez del Diario La Prensa; Gerardo Oviedo y Juan Carlos Leal de la Agencia de Noticias Punto Medio; Ángel López de Promar TV; Rogenmys Valera del diario El Informador; Héctor Azuaje del Diario de Lara y Héctor Andrés Segura del Círculo de Reporteros Gráficos del estado Lara, quienes recibieron heridas de perdigones, golpes y daños materiales a sus equipos de trabajo, mientras ejercían el sagrado derecho de informar.
De igual forma rechazamos la grave situación que vienen enfrentando nuestros colegas periodistas de Mérida, con la conformación del Estado Mayor Comunicacional, por parte del gobernador Alexis Ramírez, quien pretende imponer un control a los medios y limitar el ejercicio de la profesión en un país que aún se hace llamar libre y democrático.
Solicitamos asimismo a los responsables de la Oficina Regional de Información de la Gobernación del Táchira, el cese de los maltratos verbales y discriminatorios a los colegas dentro de sus puestos de trabajo. También alertamos lo que viene sucediendo en el estado Zulia, donde actores vinculados al Gobierno buscan vulnerar la institucionalidad gremial al eliminar el requisito indispensable de la colegiación de las bases de sus premios de periodismo.
Además expresamos nuestro repudio sobre el caso de Francisco «Pancho» Pérez del estado Carabobo, a quien han denunciado doblemente por difamación e injuria, así como también exigimos que cesen las constantes agresiones verbales públicas del alcalde Rafael Lacava a periodistas de Puerto Cabello.
La Junta Directiva Nacional, dieciséis seccionales y miembros del Tribunal Disciplinario presentes, nos dirigimos de nuevo al Ejecutivo Nacional para instarlo a que detenga los abusos, las intimidaciones, agresiones y demás acciones violentas que son auspiciadas a diario mediante un lenguaje agresivo y pugnaz que en nada contribuyen a la paz y la tolerancia en el país.
Rechazamos que ante la indiferencia del gobierno y otras instituciones del Estado se siga menoscabando la libertad de expresión en Venezuela y el ejercicio profesional de los periodistas, quienes son los garantes y defensores de la democracia.
Reiteramos la exigencia hecha por la Junta Directiva Nacional del CNP a la máxima instancia del poder legislativo para restablecer el libre acceso a los periodistas dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional, por medio de la reforma del Reglamento de Interior y Debate y que contribuya a preservar su integridad física.
Condenamos el asedio y el hostigamiento a los colegas María Eugenia Morales y Richard Sayago, por el solo hecho de hacer investigaciones que puedan resultar incómodas para el sector oficial. Este tipo de situaciones deben encender las alarmas de todos y cada uno de los periodistas que luchan por ejercer una profesión libre de presiones y chantajes.
Exigimos el respeto y derecho a la privacidad recordando que nadie puede ser perseguido por su desempeño laboral, tal es el caso de la caricaturista del diario El Universal, Rayma Suprani, y la periodista de Globovisión, Nitu Pérez Osuna, quienes han sido víctimas de acoso telefónico y de descalificaciones.
Cabe destacar que todos los casos anteriormente narrados tienen su soporte y documentación en cada una de las seccionales del país, desde donde seguiremos luchando y denunciando, para que se respeten las leyes y para que las instituciones recuperen su credibilidad haciendo justicia, sin parcialidades políticas en el país.
Aprobado y refrendado en la ciudad de Maracay en el Secretariado Nacional XLIX, a los 26 días del mes mayo de 2013. /JM
Fuente: GV
