El ministro para la Defensa, Diego Molero Bellavia, sostuvo este domingo que de llegar a existir comportamientos asociados con la corrupción dentro de la Fuerza Armada Nacional (FANB) los atacará contundentemente.

En una entrevista realizada por el exvicepresidente José Vicente Rangel, Molero dijo que la oposición venezolana siempre lo ha intentado señalar de corrupto y atacar con este concepto al Gobierno Nacional.

«Esos son partes de la oposición contra el gobierno y de eso no me escapo yo. Puedo dar fe que varias veces he sido destituido de mis cargos por denunciar corruptos y ahora como ministro de la Defensa, al descubrir un acto de corrupción le aplicaré todo el peso de la ley (…) Perseguiré cualquier elemento corrupto dentro de la FANB», recalcó.

Molero aseguró que en la actualidad la FANB tiene principios humanistas y socialistas, basados en el pensamiento del Libertador Simón Bolívar. «Somos una Fuerza Armada humanista, socialista, con esos valores bolivarianos que rescató el comandante Hugo Chávez», afirmó

El diputado Richard Mardo presentará evidencias de un documento forjado y otras irregularidades en la acusación en su contra hecha en la AN: los papeles no respaldan los señalamientos.

Que le impulsaba el empeño en «adecentar la política en el país» dijo Diosdado Cabello cuando en plena sesión de la Asamblea Nacional, de pie y micrófono en mano, mostraba fotocopias ampliadas de lo que según él y su colega y camarada Pedro Carreño eran las pruebas irrefutables de la corrupción de Primero Justicia encarnada en el diputado y ex candidato a la gobernación de Aragua, Richard Mardo.

Lo que blandió el presidente de la Asamblea Nacional el 5 de febrero eran reproducciones de fotocopias de cheques y de una transferencia que tenían como beneficiario al parlamentario oriundo de Maracay. Cabello se despachó a gusto y acusó a Mardo por no haber reportado esos ingresos que -a su entender- eran aportes de campaña: «Ni una sola de esas contribuciones en efectivo se declararon ante el CNE». Y más: «Ivan Kop, C.A., este le da 107 mil 336 bolívares para un fin de semana. Aquí está señores, miren».

Al día siguiente Pedro Carreño presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público por «la presunta comisión de delitos contra el patrimonio público» pero lo que se planteaba ya no involucraba al CNE sino al Seniat: Mardo habría recibido 491 mil 736 bolívares (en la Asamblea, Cabello habló de 600 mil) que no fueron declarados al Seniat «y que fueron usados con fines que aun están por esclarecerse», según se lee en el documento con el que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, solicitó -el 12 de marzo- a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que se permita el antejuicio de mérito contra Mardo a quien acusa por los delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales.

El 9 de abril el TSJ aprobó convocar a Mardo y a la Fiscalía para la primera audiencia que, se estima, será el 11 de junio. Pero esta justicia que ha actuado con inusitada celeridad quizás tenga que esperar. O hacer otras consideraciones.

Hasta ahora Mardo no ha podido ejercer su derecho a la defensa ni durante la supuesta investigación realizada por la Comisión de Contraloría de la Asamblea, ni en la que dice haber hecho la fiscal Luisa Ortega antes de tocar a las puertas del TSJ, pero es posible que muy pronto el diputado esté del lado acusador una vez que exponga que en esta historia hay una importante prueba que podría ser forjada, otra que prueba todo lo contrario a lo que dicen Cabello y Carreño y explicaciones suficientes para dar cuenta de los cheques recibidos.

¿Falso?

En el documento presentado por la fiscal Ortega se incluye un cuadro con los datos de 11 cheques y una transferencia. Dos de esos cheques en realidad tienen como beneficiaria a la esposa del diputado. En la página seis, en el capítulo referido a los «Antecedentes», la Fiscalía totaliza en 491 mil 736 bolívares el dinero recibido por Mardo en un lapso que va de 2009 a 2012, aunque la cantidad al sumar es diferente.

El planteamiento es que Mardo no incluyó estos montos en sus declaraciones de impuesto entre 2009 y 2010, por lo cual «pudo afectar el patrimonio del Estado, que dejó de percibir el impuesto que debió corresponderle».

Y asoma, además que si bien queda claro quiénes son los emisores de esos cheques, «no es menos cierto que se desconoce si tales fondos son producto de una actividad ilícita o no».

Una de las pruebas principales de la denuncia de Cabello y Carreño, refrendada por la fiscal Ortega, es un cheque del Banco Exterior por 107 mil 336 bolívares cuyo emisor es Ivan Kov C.A., una empresa sobre la cual dijo Carreño que «trabaja con la Alcaldía de Sucre, en Petare. Todo eso es un círculo».

El cheque, fechado el 11 de noviembre de 2011, es el número 98-62433992 y la cuenta es la 0115 0069 21 3000462510. La fotocopia simple aportada por los denunciantes muestra el nombre -escrito a mano- de Richard Mardo como beneficiario.

De entre las acusaciones esta fue la que sorprendió más al diputado. A la hora de revisar los papeles presentados por los parlamentarios del Psuv ese cheque, ese monto, no le lucían conocidos. De hecho, asegura que en ninguno de sus estados de cuenta bancarios por esas fechas aparece depositada tal cantidad. Pero a sus manos llegó otra fotocopia.

Allí se ve el mismo cheque del Banco Exterior, por la misma cantidad de dinero, con el mismo número, de la misma cuenta de la empresa Ivan Kop pero a favor de Movilcentro NPA, una compañía dedicada al negocio automotriz, ubicada en Maracay.

«Cabello presentó un cheque forjado», advierte Mardo: «Yo no soy el beneficiario. El dinero fue de Ivan Kop a Movilcentro, una empresa con la que no tengo ninguna vinculación. Alguien falsificó ese cheque o esa fotocopia que usaron como medio de prueba y eso sí es un delito contemplado en el artículo 323 del Código Penal».

A leer bien

Otro documento fundamental de la denuncia de Cabello y Carreño es un papel al que la fiscal igualmente le atribuye enorme importancia. Se trata de la fotocopia de la constancia de una transferencia del Banco Nacional de Crédito en su agencia de la avenida Santos Michelena, en Maracay. Allí, según los diputados y la fiscal, queda establecido que Mardo recibió una transferencia de 200 mil bolívares en 29 de abril de 2009 por parte de alguien llamado «Radal Bechara», según la lectura de Cabello en la Asamblea. Un dinero que, dicen, no incluyó en su declaración de impuestos.

En efecto, si lee muy aprisa, eso es lo que se entiende de ese papel porque el nombre de Mardo aparece bajo la casilla de «Destinatario». Pero si se revisa con un poco -solo un poquito- de detenimiento, queda claro otra cosa: «La transferencia la hice yo», aclara Mardo: «Ese dinero salió de mi cuenta porque fue un préstamo que le hice a mi amigo Hadad Bechara».

En la fotocopia, el banco le comunica a su cliente, Mardo, que se ha hecho la transacción que él mismo pidió: transferir el dinero. Y se ve: «A favor: Hadad Bechara». Más abajo están la firma y número de cédula de Mardo manuscritos, rubricando la aceptación de la operación que está, además, reflejada en su estado de cuenta de abril de 2009.

¿Y Bechara quién es? «Mi primer trabajo formal fue en el depósito del Almacén Nadine, una tienda en el bulevar Pérez Almarza, en Maracay», recuerda Mardo: «Ahí conocí y trabajé con los hermanos Hadad, uno era cajero y el otro estaba en el depósito como yo.

Somos amigos desde muchachos y puedo dar fe de que son gente súper trabajadora, empresarios honestos». Por esos días de 2009, Hadad Bechara se encontró en una situación incómoda: con cuentas por cobrar, pero con pagos por realizar. Así que acudió a su amigo: «Tenía el dinero en ese momento y con mucho gusto se lo presté sin intereses. Esa es la transferencia que le hice yo a él. Es decir, los fondos salieron de mi patrimonio».

Tratándose de un préstamo, era lógico que Bechara comenzara a devolver el dinero a su amigo. Y lo hizo a través de cheques: en ocasiones de su cuenta personal y en otras de compañías en las que participa.

De los 11 cheques que la fiscal Ortega llevó ante el TSJ para demostrar las culpas de Mardo, siete están firmados por Hadad Bechara y forman parte de ese proceso de devolución del dinero prestado.

Hay uno del propio Bechara por 35 mil bolívares. Ahí se ve claramente el trazo de su firma. El mismo que se repite en los cheques de algunas de sus empresas: Corporación Milenio de Venezuela, Constructora Gargil y Distribuidora Orión. Todos los cheques fueron mostrados por Cabello en la Asamblea y se pueden ver en la web, en algunas reseñas del día.

Cambio de planes

Llegados aquí, es momento de sumar y restar. Los pagos del préstamo explicado suman 198 mil bolívares.

De acuerdo a la denuncia de Fiscalía el monto bajo sospecha totaliza 491 mil 736 bolívares. Considerando que los 200 mil fueron más bien un egreso, al restarlos quedan 291 mil 736. Considerando también que -tal como se ve- el cheque de Ivan Kov por 107 mil 336 bolívares no fue para Mardo y que siete cheques que suman 198 mil bolívares se recibieron como pagos por un préstamo entre amigos, las cuentas no cuadran.

Y eso sin incluir que hay dos cheques -de 6.000 y 5.400- que según Mardo fueron colaboraciones recibidas para obras sociales realizadas antes de ser diputado de la República.

Y sin contar tampoco los 5 mil recibidos por su esposa el año pasado como anticipo por la venta de un Corolla de su propiedad.

Jesús Loreto forma parte del equipo legal que asesora a Mardo en esta situación. Para él, la aparición de la copia del cheque de Ivan Kov a nombre de otro beneficiario marca un nuevo rumbo en el caso: «Ese escenario plantea que hubo la comisión de delitos por forjamiento y manipulación de pruebas. Funcionarios del Estado han difamado al diputado Richard Mardo y han puesto en funcionamiento al aparato de justicia con base en pruebas falsas».

Loreto denuncia, además, que ninguna instancia ha permitido la defensa de Mardo, tal como establecen la Constitución y la declaración de los Derechos Humanos: «Lo pedimos a la Comisión de Contraloría, a la Fiscalía Décima, a la Fiscalía General y al TSJ».

Ahora lo que viene es otra cosa: «Asumiendo la buena fe de la fiscal en todo esto, asumiendo que la engañaron, no hay otra alternativa que decretar el sobreseimiento de la causa», explica Loreto: «Si no se solicita el sobreseimiento se estaría dando lugar al enjuiciamiento criminal de una persona inocente porque las pruebas en las que se basa la acusación son falsas o fueron forjadas. Si la Fiscal permite que esto avance se colocará en la misma posición de quien forjó el documento».

De todas maneras, explica, nada de lo denunciado puede asumirse como delito. Ni por lo hecho, ni por los montos involucrados. Mardo nunca ha manejado dinero del Estado, por tanto no hay corrupción. Y si hay un problema por impuestos, la competencia no es precisamente de la Fiscalía. «Esta es una persecución política», acusa Mardo: «Saben que les puedo ganar la alcaldía del Municipio Girardot, tienen miedo de verme como alcalde en Maracay».

Fuente: El Universal

por: Oscar Medina

En mesas con 100% de participación se encuentran difuntos inscritos

Los fallecidos sí votan en Venezuela o para ser más exactos: votan por ellos.

A pesar de la negativa del Consejo Nacional (CNE) a permitir la revisión exhaustiva de los cuadernos de votación, el cruce de las bases de datos de fallecidos del Instituto Nacional de Estadística (INE) contra los resultados electorales por mesa de votación, permite identificar casos concretos de usurpación de identidad de ciudadanos fallecidos antes de las elecciones parlamentarias del año 2010, la presidencial del 7 de octubre y los comicios regionales celebrados el 16 de diciembre de 2012.

¿Cómo se concluyen que usurparon la identidad de algunos fallecidos? Las limitantes de acceso a los cuadernos de votación, la ausencia del reporte de incidencias del Sistema de Autenticación Integrado (SAI) y la falta de la auditoría de no duplicidad de huellas provoca que solo los técnicos del organismo comicial tengan la información necesaria para investigar y conocer la magnitud del voto doble, voto por fallecidos, usurpación de identidad, etc.

No obstante, si se analiza el comportamiento electoral de las mesas de votación en las cuales se reportó participación de 100% el 7 de octubre de 2012 y se cruza esta información contra los registros de fallecidos del INE desde el año 2001 al 2005 y del 2009 al 2012, se descubre que en 19 mesas de votación (a pesar de haber votantes fallecidos) igual se indica en los resultados del CNE que todos los ciudadanos acudieron a las urnas.

Según las proyecciones de fallecidos de estos años, en el padrón de votantes deben existir 210 mil difuntos que aún están activos como votantes.

La limitante de este tipo de cruce de bases de datos es amplia. Al carecer de acceso detallado a los cuadernos de votación el análisis debe limitarse exclusivamente a las mesas de votación en las que se reporta 0% de abstención y en las cuales estén fallecidos habilitados para votar.

Para poder determinar si en el resto de las mesas de votación (en las cuales la participación es inferior a 100%) se necesita que el organismo comicial permita verificar y contrastar la información de los cuadernos de votación, el reporte de incidencias del SAI y los resultados de la auditoría de no duplicidad de huellas contra los registros de fallecidos del INE.

El jueves el rector Vicente Díaz solicitó al resto de rectoras electorales que se activara una revisión de los cuadernos de votación para contrastar si los fallecidos reportados como electores activos aparecen firmando en los cuadernos de votación. No obstante, la petición de Díaz fue negada.

Falcón a la cabeza

En el análisis de fallecidos de la elección presidencial del 7 de octubre de 2012 -limitado a las mesas con 100% de participación- el estado Falcón aparece como la entidad con más electores difuntos votando, le siguen en orden decreciente: Bolívar, Guárico, Distrito Capital, Miranda, Sucre, Táchira, portuguesa, Aragua, Barinas, Delta Amacuro, Nueva Esparta, Anzoátegui, Apure, Carabobo, Vargas y Zulia.

En total, durante la elección presidencial del 7 de octubre de 2012 se puede identificar el voto de fallecidos en 17 entidades. No obstante, si no se realiza una revisión exhaustiva de los cuadernos de votación resulta imposible asegurar -o negar- que en el resto de entidades no se produjera usurpación de identidad o que esta práctica se limitara solo a los casos antes descritos.

En la infografía anexa se detallan los números de cédula (por estado) de todos los ciudadanos que el INE reporta como fallecidos antes del 7 de octubre que se encuentran en mesas de votación en las que existe 0% de abstención.

Para un detalle más preciso de cada caso se debe descargar de la web de El Universal los archivos en .pdf en los que se indica (por elección) el código asignado por el INE a la partida de defunción de cada votante (se incluye tomo, página y año), la fecha de nacimiento, fecha de defunción y códigos electorales que identifican a cada elector (centro de votación asignado y mesa). (Ver lista)

¿Por qué no se identifican casos de difuntos votando el 14 de abril?. Este análisis está limitado a las mesas de votación con 100% de participación.

En el caso de la elección presidencial sobrevenida del 14 de abril la cantidad de mesas en las que sufragaron todos los electores inscritos es pequeña. Al comparar lo reportes de fallecidos del INE contra los resultados de estas mesas, no se identifican que existan electores fallecidos inscritos en las mesas de votación en las que todos los ciudadanos acudieron a sufragar.

Fuente: El Universal

emartinez@eluniversal.com