Eliécer Avila fue el primer opositor cubano que viajó tras las reformas migratorias del 14 de enero. Realizó una gira internacional de varias semanas en ciudades de Europa y Estados Unidos, habló de la realidad en la isla y compartió foros con intelectuales, escritores y representantes de gobiernos democráticos.

A su regreso a La Habana, hace cinco días, Avila no sólo fue recibido en el aeropuerto internacional José Martí por familiares y amigos cercanos. También lo esperaban funcionarios de inmigración y la policía política para someterlos a un minucioso “chequeo” que se prolongó cuatro horas. Al final le confiscaron más de una docena de revistas y libros que llevaba consigo.

Otros dos opositores pacíficos denunciaron a El Nuevo Herald que la Seguridad del Estado cubano ha reforzado la vigilancia sobre sus actividades y movimientos. El común denominador: haber salido temporalmente de Cuba para hablar de la falta de libertades.

El tema sobre las represalias ha sido un punto obligado de conversación y análisis en las presentaciones de los disidentes, incluyendo las jornadas de debate y conferencias de prensa con la reconocida bloguera Yoani Sánchez, fundadora de Generación Y. Sánchez retornará a la capital cubana el jueves tras haber culminado un periplo de aproximadamente tres meses.

“Estoy dispuesta a aceptar ese precio, no le temo al insulto”, dijo la bloguera en una de sus primeras ruedas de prensa en México. “Ya sé cuál será el castigo: el fusilamiento mediático, la lapidación pública, el crecimiento de las ofensas sin fundamento, estigmatizar mi imagen, satanizarme”.

El aumento del cerco gubernamental parece ser una de las primeras reacciones del gobierno de los hermanos Castro a la exposición pública e internacional de los opositores y activistas “viajeros”. Todos han señalado abiertamente la crítica situación interna de la isla, las detenciones masivas y el control mediático sobre la información.

En una conversación telefónica desde La Habana, Avila dijo que el “registro” al que fue sometido no le sorprendió. En el 2008, Avila era un estudiante de la Universidad de Ciencias Informáticas cuando ocupó los titulares de la prensa internacional y su nombre comenzó a ganar espacio dentro de la disidencia. Avila le preguntó en ese entonces al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Ricardo Alarcón, por qué los cubanos debían obtener un permiso de salida del gobierno antes de viajar al extranjero.

“Me llevaron a un cuarto sin decir mucho”, recordó Avila sobre su experiencia en el aeropuerto José Martí. “Me decomisaron mis libros y literatura de contenido político. Tenía material interesante, de estudio, pero los oficiales de inmigración me dijeron que eso era de analistas y que yo no lo era”.

Avila agregó que fue el único pasajero de su vuelo, procedente de Estocolmo (Suecia), en ser separado y trasladado a otro ambiente.

“Fue un registro a fondo, nunca había visto algo así”, sostuvo Avila. “Cada ropa, cada papel, cada apunte, todo lo sacaron y lo pusieron en una mesa para analizarlo”.

Fuente: El Nuevo Herald

Finalmente, el fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, hizo público ayer el extenso dictamen que había prometido cuando la colectividad judía local salió a rechazar el memorandum de entendimiento firmado a fin de enero por los gobiernos de Cristina Kirchner y Mahmud Ahmadinejad.

En su dictamen de 500 hojas –de las cuales la prensa pudo acceder a un resumen de tres carillas–, el fiscal acusó a Irán de haber armado una red terrorista en Sudamérica para exportar la revolución islámica, lo que apunta a demostrar vínculos directos entre la República Islámica de Irán y el ataque terrorista a la mutual judía de 1994, que dejó 85 muertos.

Nisman asegura que el país persa instaló “estaciones de inteligencia” en “Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago, y Surinam”. El atentado a la AMIA, para el fiscal, habría sido parte de ese “engranaje” de “penetración” en la región, y que todo lo por él corroborado fue por “instrucciones impartidas por Teherán”.

Nisman apuntó directamente contra Moshen Rabbani, agregado cultural de Irán en Argentina al momento del atentado, de estar a la “cabeza” en la promoción del ataque de 1994, y dice que fue “el coordinador” de la penetración en Sudamérica, sobre todo en Guyana, junto a un supuesto discípulo, a quien identifica como Abdul Kadir, referente iraní en Guyana entre otros cargos. Nisman menciona al ciudadano Samuel Salman El Reda, como el supuesto máximo responsable de la conexión local, y quien con ciudadanía colombiana falsa habría entrado fácilmente a la Argentina años antes del antentado. Dice que ahora es prófugo.

Llama la atención sin embargo, de que todo lo dicho ayer por las fuentes de la Fiscalía no surgiera la ligazón actual de Irán a Venezuela o Bolivia, por ejemplo, donde los acusados de la Argentina y aún con pedido de captura de Interpol fueron recibidos a nivel presidencial.

La aparición en público del documento, que Nisman enviará a autoridades judiciales de los países mencionados en el dictamen, tiene un valor sobre todo político a nivel local, porque obviamente atenta contra el acuerdo firmado el 27 de enero por la Argentina e Irán y que busca establecer una llamada Comisión de la Verdad para interrogar a los iraníes, a los que la Justicia y la fiscalía acusan de ser los autores intelectuales del atentado.

Con esta presentación se abren algunas posibilidades. Entre ellas la de que el Gobierno hizo oídos sordos a la Fiscalía que el kirchnerismo impulsó a crear, y por ello también actúa ahora Nisman, férreo impulsor de la pista iraní en el atentado, junto a Estados Unidos e Israel. De hecho al Fiscal no se lo informó en su momento de ninguna de las negociaciones que por dos años mantuvieron Buenos Aires y Teherán bajo estricto secreto.

O por otro lado, el documento de Nisman es funcional al mismo Gobierno, que se ve ahora a las puertas de un acuerdo nunca explicado, que le costó enormes heridas en la colectividad judía, cuestionamientos a nivel internacional, y que en los hechos está empantanado. (Ver “Timerman….”) Las principales entidades de la colectividad judía, que mantienen un pedido de amparo ante la justicia local para que se declare inconstitucional el acuerdo con Teherán, respaldaron ayer de manera contundente el dictamen del fiscal, a quien venían presionando para que hiciera público su dictamen, de cuya existencia hablaban hace meses pero nunca aparecía.

“ El dictamen convalida lo sostenido por la DAIA al presentarse el memorandum. Que hay pruebas contra las personas y contra el Estado iraní, que promueve el terror. Hay sobradas evidencias para condenarlo y responsabilizarlo como sujeto de derecho más allá de las personas imputadas El dictamen acredita estas vinculaciones”, señaló ayer a Clarín Jorge Knoblovits, secretario general de la DAIA, brazo político de las instituciones judías. Entre tanto, el presidente saliente, Guillermo Borger, también respaldó a Nisman, al señalar a la AJN que su dictamen “ratifica doblemente la responsabilidad de Irán” en el atentado a la AMIA al tiempo que confirma “el rechazo de la comunidad judía” al memorándum de entendimiento.

Del diálogo con fuentes que vieron ayer el documento ampliado puede decirse que Nisman buscan acreditar con dureza que en los días previos y posteriores al atentado se registró que las células telefónicas de Rabbani tenían “ intensas llamadas” en la zona del edificio de AMIA. Y dicen las fuentes que también se registraron “intensas llamadas” entre la Triple Frontera y la embajada de Irán en Buenos Aires. “Otra cosa fuerte a mi entender es que Nisman acredita con vehemencia que hay células dormidas en América Latina y que reaccionan cuando el gobierno o alguien le dice que reaccione”, señaló la fuente consultada.

Ni los gobiernos de Irán, ni de Argentina se pronunciaron ayer ante el dictamen de Nisman.

Fuente: El Clarín

La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, indicó que el presidente Juan Manuel Santos “se mantendrá alejado de la dañina diplomacia de micrófonos”

“El presidente de la República, Juan Manuel Santos, desde que inició su Gobierno, decidió tratar los asuntos con el Gobierno de Venezuela de una manera directa y sin micrófonos», aseguró este miércoles la canciller María Ángela Holguín.

«En aras de mantenernos alejados de la diplomacia de micrófonos que es tan dañina, trataremos este tema de manera directa con el Gobierno Venezolano», agregó la funcionaria, según informó El Tiempo.

El canciller de Venezuela, Elías Jaua, afirmó este miércoles por la tarde: “Es lamentable que un gobierno y un pueblo como el de Venezuela, que están haciendo esfuerzos denodados para que se consiga la paz en Colombia, reciba como respuesta de las instituciones del Estado colombiano el aliento y el estímulo a quienes desean desestabilizar la paz en Venezuela”.

Fuente: Infobae

El ex vicepresidente Francisco Santos cree que la posición adoptada por su primo y actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en torno a la crisis política en Venezuela constituye un hito histórico en la diplomacia del país andino.

Pero no porque sea buena.

“Es uno de los episodios más vergonzantes de la política exterior de nuestra historia”, dijo Santos durante una visita a El Nuevo Herald.

Y es que en los ojos del primo, y potencial rival del gobernante en las elecciones presidenciales del próximo año, Santos “echó al agua” a todas las fuerzas democráticas del vecino país al reconocer el gobierno de Nicolás Maduro pese a las amplias evidencias de que se robó las elecciones.

El heredero de Hugo Chávez se mantiene en el poder gracias a un acto de fraude electoral, del cual el presidente Santos y muchos otros líderes de América Latina son cómplices, dijo Francisco Santos, quien está en vías de convertirse en el abanderado presidencial del naciente “Centro Democrático”, partido liderado por el ex presidente Alvaro Uribe.

“Maduro es un presidente ilegítimo. Se robó unas elecciones y en América Latina […] nadie se atrevió a levantar un dedo”, afirmó el ex vicepresidente.

Pero en el caso de Colombia, dada la cercanía y los largos y estrechos lazos históricos que atan a los dos pueblos, la posición adoptada por Bogotá cobra especial importancia.

“El presidente Santos actuó de una manera cobarde frente a la vigilancia de algo tan precioso, de todos los que nos consideramos demócratas, como es preservar la democracia en países cercanos a nosotros y en el que es fácil ver cómo se desmoronan todos los espacios democráticos”, agregó.

Sin embargo, la posición de Bogotá ante la usurpación de poder en Venezuela no causa sorpresa, dijo Francisco Santos, un periodista de extensa trayectoria que en 1991 fue secuestrado por el narcotraficante Pablo Escobar y que en el 2000 tuvo que salir el país bajo amenaza de muerte por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Es consistente con una estrategia general emprendida desde el inicio de la administración de Santos para tratar de conseguir un arreglo con las FARC, bajo el auspicio de La Habana y del régimen bolivariano.

Es una estrategia que constituye una desviación del mandato popular que Santos obtuvo cuando fue elegido bajo promesa de que continuaría con el camino emprendido por Uribe, quien enfrentó frontalmente el régimen de Chávez.

“Santos traicionó el mandato popular que obtuvo”, dijo su primo al explicar la pronunciada caída de popularidad, hasta niveles de 40 por ciento, que afecta al mandatario.

Las intenciones del actual presidente de Colombia se hicieron evidentes poco después de su toma de posesión, cuando decidió entregarle a Chávez y al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, la información comprometedoras contra sus gobiernos que contenían las computadoras que fueron incautadas a la guerrilla.

“Cambió toda una dirección que había en relaciones internacionales, al entregarle los computadores a Chávez y a Correa, les entregó el mother load [el grueso] de la información para poder ellos manejar y contener muchos de los problemas y de las informaciones que claramente evidenciaban que tanto un gobierno como el otro tenían relaciones con las FARC”, dijo.

Por ANTONIO MARIA DELGADO

ADELGADO@ELNUEVOHERALD.COM

Fuente: Nuevo Herald

Luego de su triunfo en mayo del 2009, el Presidente electo Ricardo Martinelli, me ofreció ser el Embajador de Panamá ante la ONU, pero con una condición: que no le fuese a declarar la guerra a ningún país. Le indiqué que prefería la OEA, ya que allí podría podría desarrollar mejor labor. Nunca nadie se imaginó que sus premonitorias palabras por poco se convierten en realidad cuando, bajo las amenazas del gobierno de Venezuela de romper relaciones, tuvo que destituirme de mi cargo el 17 de enero de 2013, lo que Caracas celebró con mucha efusividad el entonces presidente encargado, Nicolás Maduro.

Durante los tres años y medio que estuve en la OEA, fui un crítico de la doble moral de algunos que, como Venezuela, criticaban la supuesta dictadura mediática de los medios norteamericanos como CNN, pero callaban ante las interminables cadenas nacionales de radio y televisión que su Presidente Chávez imponía con mucha regularidad por 8, 9 y hasta 10 horas en su famoso Aló Presidente! Me convertí en la OEA en una especie de vocero de los sin voz en ese país por una relación especial desarrollada desde joven, que consolidó mi formación política en los cursos que tomé en el Instituto de Formación Demócrata Cristiana (IFEDEC) de Caracas, financiado por la alemana Fundación Konrad Adenauer. Igualmente, me relacioné con los presidentes venezolanos que nos ayudaron en la lucha contra la dictadura: Caldera, Herrera Campins, Carlos Andrés y Lusinschi.

Cuando Chávez se traslada a Cuba para su última operación el 8 de diciembre 2012, en coro en el Consejo Permanente de la OEA, con algunas excepciones, los países miembros desearon pronta recuperación y mejoría al enfermo mandatario. Dije que si bien esperaba que se mejorara Chávez, no era democrático que los venezolanos desconociesen los males que le aquejaban, hecho atentatorio contra la libertad de información, lo cual no había pasado durante la enfermedad de los presidentes de Brasil, Paraguay y Colombia.

Sabido es que Chávez no apareció más, acercándose su toma de posesión el 10 de enero 2013. El 8 de enero, estando en Panamá, señalé a La Estrella de Panamá que de no aparecer Chávez a su toma de posesión, se estaría violando la Constitución de Venezuela, ya que se debía decretar una falta absoluta, asumiendo el poder el Presidente de la Asamblea Legislativa, Diosdado Cabello, y convocando elecciones en treinta días, a tenor de lo dispuesto constitucionalmente. Regresé a Washington la madrugada del 11 de enero, y recibí llamada del Vicecanciller panameño para preguntarme que había dicho en ese medio, ya que Venezuela había llamado a protestar; como muchas de las cosas que decía y escribía, nadie en Cancillería siquiera se daba por enterado. A su pregunta de qué haría para el Consejo Permanente del 16 de enero, dije que procuraría encontrar puntos comunes con Costa Rica, Canadá, Estados Unidos y Paraguay, convencido que todos me apoyarían. Allí quedó todo y ese fin de semana preparé el discurso que daría el día 16. El lunes 14 por la tarde se lo envíe a los colegas mencionados, y también a mi amigo Joel Hernández, Representante Permanente de México, que aunque sabía que no hablaría, era mi amigo personal.

El día 16 la sesión debía comenzar a las 10 de la mañana. Poco después recibí llamada de funcionario de mi Cancillería anunciándome que por instrucciones del Canciller no podía hablar ese día y que seguiría dándome instrucciones. Sin argumentar le dije: Que me llame el Presidente, y cerré. Al poco rato llama el Canciller Roux –primo hermano de mi esposa- para indicarme que en la tarde del día anterior el Embajador de Estados en Panamá, Jonathan Farrar, lo había visitado preocupado por lo que yo diría en el Consejo Permanente. Que ellos pedían prudencia, quizás hasta a sabiendas que Chávez para ese día ya había muerto. Le indiqué que hablaría de todas formas porque consideraba que el tema de lo que ocurría en Venezuela debía hacerse público; me dijo que me llamaría el Presidente. Inmediatamente me comuniqué con él: “Ricardo: ¿tú has dado órdenes de que yo no hablé hoy”. Su respuesta: “Ni los gringos quieren que tu hables”. Ante eso respondí que hablaría porque era un hombre de principios y que me atenía a las consecuencias de mi actuación. Y así hice.

Esa misma tarde, mi gobierno desautorizó lo que yo había dicho y pidió disculpas a los venezolanos. La nota de desautorización jamás la recibí, pero mis colegas sí: se las envío la Misión de Venezuela en la OEA. Al día siguiente me destituyeron, luego de que le mandara carta al Presidente indicándole que “así como me nombraste, estás en libertad de cesarme”.

Si hay algo que me ha dado satisfacción en mi extensa vida pública de medio siglo ha sido lo que terminé diciendo en la OEA. He seguido con el tema, volviéndome un referente sobre lo que ocurre allá, volviéndome un experto con las redes sociales.

La pregunta que aún no recibe respuesta en todo esto, es porque los Estados Unidos no quería revolver la olla de lo que pasaba en Venezuela, aún a sabiendas, repito, que si no muerto, ya Chávez para ese día tenía muerte cerebral.

Fuente: El País

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, tiene previsto terminar su mandato al frente de la organización que culmina en 2015. En una entrevista concedida al EL PAÍS, el veterano político socialista chileno ha indicado que aún le quedan dos años más al frente de la OEA y que tiene intención de cumplirlos.

“El pasado 26 de mayo cumplí ocho años al frente de la Secretaría General y, por lo tanto, me quedan dos años más. Después veré qué es lo que hago”, ha señalado Insulza desde su despacho en la sede de la OEA. Los rumores sobre su posible renuncia al cargo para concurrir con el Partido Socialista de Chile a las elecciones de su país en noviembre han rodeado su gestión en los últimos meses. El anuncio, el pasado mes de abril, de que se había puesto a disposición de su formación para ser candidato a senador supuso para muchos en Washington la confirmación de que Insulza no culminaría su mandato.

En otra entrevista otorgada a este diario el pasado mes de marzo, el secretario general alimentó las dudas sobre su futuro. “No voy a abandonar nada, porque cuando una persona decide poner término a una función, lo primero que hace es avisar a quienes le han otorgado ese mandato y dejar un tiempo prudencial para que elijan a un sucesor“, señaló entonces, aunque dejó una puerta abierta. “Ahora, naturalmente, yo no nunca diré si me voy a quedar aquí hasta el último día”, advirtió. En esta ocasión, se ha mostrado más categórico. “Me quedan dos años en la OEA”, ha insistido.

Insulza asumió el cargo de secretario general en mayo de 2005 y fue reelegido en 2010. Su periplo al frente de la OEA ha sido complicado por el difícil equilibrio entre los países del ALBA y el resto, las exigencias, lideradas por Estados Unidos, para reformar y revitalizar la entidad y las críticas hacia su gestión administrativa. El secretario general aspira a que su legado se recuerde por “haber fortalecido los temas hemisféricos y por haber ajustado la organización a los tiempos en los que actualmente se viven”, ha indicado.

Este último año, el secretario general ha abanderado dos proyectos que él considera un ejemplo de esas políticas hemisféricas que, sostiene, deberían polarizar el trabajo de la OEA: la reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Informe sobre la Situación de las Drogas en Las Américas. Precisamente, la presentación de este documento, en el que Insulza se ha implicado personalmente, se había considerado como una de las fechas que podrían marcar el anuncio de su retirada del cargo al frente de la organización. Insulza hizo entrega del informe al presidente de Colombia, José Manuel Santos, el pasado 17 de mayo. La semana que viene tiene lugar la Asamblea General de la OEA en Antigua (Guatemala), otro de los momentos que se barajaban para que anunciara su renuncia.

Hace unas semanas, Álvaro Elizalde, el secretario general del Partido Socialista chileno, aseguró que su formación “vería con buenos ojos el regreso de Insulza a la política del país. La insistencia de la candidata a la presidencia de su partido, Michelle Bachelet, de que todos los que se postulen al Senado y al Congreso pasen por un proceso previo de primarias, podría haber hecho a Insulza replantearse su intención de volver a la política activa. En 2004, pese a tener buenas expectativas para suceder a Bachelet, decidió no presentarse.

Fuente: El País