Un estudio efectuado por Cecodap reveló que la violencia se ha convertido en la principal causa de muerte de los jóvenes en el país. La investigación fue realizada durante seis meses por los sociólogos José Fernández y Andrea Chacón, gracias al financiamiento de la Unión Europea y la organización sueca Save the Children.

Fueron analizados los últimos 12 informes epidemiológicos anuales del Ministerio para la Salud. Esto permitió recabar datos sobre la evolución de las causas de muerte de los menores de 17 años entre 1997 y 2009. Según los autores, se trata de un estudio meramente descriptivo, el primero en su tipo en el país.

Uno de los datos más relevantes es que las heridas por armas de fuego, voluntarias o accidentales, se han convertido en la principal causa de muerte entre los adolescentes con edades de 15 años a 17 años. En 1997 la tasa por este concepto era de 15,9 casos por cada 100.000 habitantes, y en 2009 saltó a 42,2 casos por el mismo número de pobladores. Esto representa un incremento de 163%.

La población que más riesgo padece es la de los varones. Para el último año del estudio (2009) la tasa de muertes por armas de fuego fue de 131,7 por cada 100.000 habitantes. Es decir, fue 158% más elevada que la incidencia de homicidios de todo el país para ese mismo año.

En el caso de las mujeres los investigadores destacaron que el índice de muertes violentas en 2009 fue más del doble que la reportada en 1997, al pasar de 3,6 casos por 100.000 personas a 8,6 casos.

Lugares de riesgo

En casi todos los estados del país la tendencia registrada fue al incremento de las muertes violentas entre los menores de 17 años de edad. Chacón observó que los logros registrados en el control de las muertes por enfermedades y otras causas naturales han sido desvirtuados por las consecuencias que tiene la violencia armada en ese mismo sector de la población.

Las regiones con las mayores tasas de muertes por arma de fuego entre menores de 17 años fueron Vargas, Distrito Capital, Miranda y Carabobo. Pero fueron Yaracuy y Barinas los estados que registraron la mayor aceleración o incremento de muertes violentas entre 2001 y 2009. Respectivamente fue de 772% y 385%.

Fernández, un ex integrante de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, indicó que esta situación debe ser analizada con el mayor detalle posible para establecer políticas públicas focalizadas y efectivas, pues las realidades cambian de un lugar a otro.

No obstante, sostuvo que uno de los factores debe ser la alta disponibilidad de armas en el país. Descartó además que la militarización de las calles del país pueda tener por sí sola algún efecto prolongado en cuanto a la disminución de la violencia.

Otra conclusión adelantada por los investigadores es que se confirma la inexistencia de una relación directa entre pobreza y violencia. Indicaron que todo análisis debe tomar en cuenta si hay grupos con bajo poder adquisitivo, unido a otros factores.

El estudio llegó incluso a determinar que El Paraíso y Diego Ibarra (Mariara) son las parroquias del país en las que los jóvenes corren el mayor riesgo de morir en forma violenta. Entre las 10 parroquias más violentas del país para los jóvenes, 3 están ubicadas en los Valles del Tuy.

Igualmente, se detectó que municipios donde anteriormente no existía ese problema lo sufrían para 2009. Fernández llamó la atención de algunos ubicados en Táchira, Sucre y Nueva Esparta, e indicó que probablemente el estallido de las muertes violentas entre jóvenes se deba al tráfico de drogas.

Otro hallazgo fue que los municipios que inicialmente aparecían como más violentos, ubicados en la zona norte del país y en las grandes ciudades del sur y el occidente, “fueron irradiando este problema a las zonas vecinas”.

“Es como una especie de epidemia, en la que unos estados que antes no tenían este problema ahora se ven contaminados por la violencia”, explicó Chacón.

Estacionalidad

La investigación determinó que diciembre y enero, así como agosto y mayo concentraron los mayores porcentajes de muertes por armas de fuego entre los jóvenes.

Fernández observó que tres de esos cuatro meses tienen lapsos de vacaciones escolares. Sugirió que ante el mayor tiempo de ocio en su vecindad es mayor el riesgo para los menores de fallecer por un disparo.

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