La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional discutirá el miércoles 5 de junio los informes sobre los casos de los diputados de Primero Justicia Richard Mardo y Gustavo Marcano, cuya conclusión es el allanamiento de la inmunidad parlamentaria por supuesta defraudación tributaria y legitimación de capitales.
El presidente de la instancia, Pedro Carreño, ordenó el imprímase y distribúyase de los expedientes entre los diputados de la comisión, para que puedan conocer los hechos que les atribuyen a Mardo y a Marcano: el recibo de donativos que luego fueron entregado a familias como ayuda en Aragua y Anzoátegui, pero que no fueron reportados al Seniat ni al CNE.
“Independientemente de las acciones de la Fiscalía General, que ya solicitó el antejuicio de mérito contra Mardo, el Parlamento puede discutir y aprobar el informe, el cual, según el artículo 187 de la Constitución, tiene efecto vinculante para los demás órganos del Poder Público. El informe se consigna a la directiva legislativa, que decidirá cuándo se declarará el allanamiento de la inmunidad parlamentaria”, afirmó Carreño.
El martes 4 de junio la plenaria del Parlamento debatirá la sanción contra el alcalde de Naguanagua, Alejandro Feo La Cruz, familiar del ex gobernador de Carabobo Henrique Salas Feo, y el 11 de junio entrará en agenda el expediente del ex gobernador de Monagas José Gregorio Briceño, a quien se le impondrán sanciones políticas y se instará a la Fiscalía General a establecer las medidas penales por presuntas irregularidades en su gestión.
Investigación en Zulia
La comisión sesionará además hoy en Maracaibo, Zulia, donde sustancian un informe contra el ex mandatario Pablo Pérez.
Carreño informó que se reunirán primero con la directiva del Consejo Legislativo zuliano; posteriormente, con el fiscal superior del estado y en la noche con el gobernador Francisco Arias Cárdenas. Mañana inspeccionarán ocho obras que se atribuyen a Pérez, pero que al parecer no fueron concluidas.
El Legislativo investiga una presunta nómina paralela en el Ejecutivo zuliano de 29.000 personas, el traslado de 145 millones de bolívares de una partida sin autorización de la legislatura regional y la cancelación del parque La Marina, que nunca se construyó.
La comisión acordó también citar a la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, por supuestas irregularidades en la Fundación UCV, luego de que los profesores Nora Malaver y Miguel Alfonso presentaran unas denuncias sobre desvío de recursos en dólares a la Universidad del Caribe, en Panamá, y “la pérdida” de 1 millón de bolívares, que debieron destinarse al Instituto de Zoología y Ecología Tropical.
Indicaron que en el Consejo Universitario García Arocha alegó que sólo recibió 280.000 bolívares de la fundación, razón por la cual Carreño solicitará un informe certificado de los recursos de esta instancia a la UCV, mientras que la Sudeban y Cavidi le pedirán un reporte de las operaciones en dólares de la mencionada fundación. “Hay desvío y malversación de fondos”, dijo Carreño, pero el vicepresidente de Contraloría, Jesús Montilla, señaló que hay apropiación indebida y transferencia ilegal de divisas. “La universidad son cotos cerrados y no rinden cuentas. Hay que exigirles que informen al país cómo gastan el presupuesto universitario”, indicó Montilla.
Aunque el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, descartó el retorno de los diputados de oposición a las presidencias y vicepresidencias de las comisiones, ayer el diputado Richard Blanco se sentó en la silla de la Vicepresidencia de Administración y Servicios y sus colegas del PSUV no le dijeron nada.
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