«La doctora me dijo que no me aseguran una recuperación total. Imagínate. Tanto luchar para morir en la orilla». Con estas palabras, Flor María Gutiérrez, de 48 años, resume las consecuencias de un periplo en el que lleva tres meses.

En julio de 2012 le diagnostican un cáncer de mama. Le indican quimioterapia (el tratamiento duró 6 meses) y luego cirugía. «Con la quimio no tuve problemas, gracias a Dios me daban los medicamentos gratis en el hospital Luis Ortega, de Margarita». Cuando terminó la terapia y se recuperó, fue a pabellón. Le hicieron una mastectomía radical en febrero de este año, también en Nueva Esparta, su estado de residencia. El siguiente paso, indicado por los especialistas, era iniciar radioterapia al mes de la operación.

Fue al hospital Luis Ortega de nuevo, pero el acelerador lineal, equipo con el que dan la radioterapia, estaba dañado. «Esa máquina la inauguraron en diciembre y en marzo ya estaba dañada, y nada que la arreglan. Allá en la isla no había radio, sólo quimio.

Me refirieron a Barcelona. Fui. Allá me dijeron que la máquina estaba parada porque se le dañó la tarjeta madre, y que estaban atendiendo a pacientes de Sucre, que también tenía el equipo dañado, de Monagas y Nueva Esparta. Supongo que por tanta gente se dañó. Bueno, ahí en Barcelona me dicen que la más cercana es la de Barquisimeto, que sí estaba funcionando, y me vine», relata vía telefónica.

Este recorrido lo hizo la señora Flor en marzo. Pero antes de ir a Barquisimeto debió viajar a Caracas con su hija de 9 años, para llevarla a unas consultas médicas porque tiene hidrocefalia.

«No me quedé en Caracas porque no tengo familia allá, me vine a Barquisimeto, aquí vive mi hermano». Tiene mes y medio en Lara, en una lista de espera para iniciar la radioterapia.

Intermitente

En el tratamiento del cáncer hay un enlace entre el diagnóstico, la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. «Todo está estandarizado. Después de una cirugía, en menos de 6 semanas el paciente debe recibir quimioterapia o radioterapia según el caso, y se deben respetar los lapsos para que no ocurra una recaída», explica Gustavo Uns-helm, cirujano oncólogo.

Pero cumplir esto es casi imposible. El Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la UCV, junto con el Observatorio Venezolano de la Salud, realizó una investigación sobre la situación actual de la atención oncológica en el país y en un primer análisis, que concluyó hace tres semanas, hallaron que 18 de los 26 equipos de radioterapia instalados en hospitales públicos estaban dañados para el 29 de abril; es decir, 69,23% de los aparatos (tanto aceleradores lineales como unidades de cobalto).

Carlos Walter, director del Cendes, informó que los datos los obtuvieron del personal de salud de los servicios de oncología del país, y de profesionales del ministerio. Se trata de la primera parte de una investigación sobre las políticas públicas de salud para el cáncer.

Si bien el diagnóstico fue hecho el 29 de abril, la semana pasada esa situación no había mejorado. 10 estados tenían el acelerador lineal o la máquina de cobalto dañadas. En el Hospital Universitario de Caracas (HUC) la unidad de cobalto no funciona desde diciembre y el acelerador lineal desde el 8 de febrero.

Los pacientes que estaban en tratamiento lo siguen recibiendo en otros centros (J. M. de los Ríos, Oncológico Luis Razetti, Padre Machado y Domingo Luciani), mientras que los casos nuevos entran en una lista de espera.

El equipo del Padre Machado (Servicio Oncológico Hospitalario del Ivss) tuvo un percance el miércoles pasado. Se le quemó un bombillo el martes en la tarde pero el miércoles a la 1 pm ya estaba arreglado y «operativo 100%», aseguró la directora, Sara Maissi. El acelerador lineal de este centro estuvo tres meses sin funcionar, pero lo arreglaron y «quedó como nuevo», indicó.

El hospital de niños J. M. de los Ríos es el único del país con radioterapia para niños (el HUC también pero está inactivo). Allí ven 23 pacientes pediátricos diarios y tienen cupos para adultos que son referidos de los centros caraqueños mencionados anteriormente, informó Huníades Urbina, director. Hace un mes el acelerador no pudo funcionar porque se dañó el aire acondicionado del servicio; el equipo recibe su mantenimiento periódico.

Y el Oncológico Razetti está activo pero con limitaciones. La unidad de cobalto estuvo apagada un mes, el jueves fueron a repararla, y el acelerador lineal no opera al 100%, sólo puede irradiar a 35 pacientes por turno, cuando se fabricó para 60. «No paramos pero tampoco podemos dar más», comenta María Benítez, radioterapeuta. Las citas para iniciar la radiación están para octubre en el turno de la mañana, y agosto para la tarde.

Riesgos

«Un paciente no puede esperar un tratamiento de radioterapia. Hay quienes tenían un estadio curable y al llegar a la cita están en metástasis», explicó. Unshelm agrega que el paciente que comienza radioterapia no debe suspenderla hasta cumplir el tratamiento completo, porque es perjudicial.

Otra consecuencia de las fallas de estos aparatos recae en las cirugías

Pedro Martínez Latuff, jefe de Patología Mamaria del Razetti, expone que en cáncer de mama, la cirugía preservadora es una opción (quitar el tumor y dejar la mama), «pero si no le garantizas a ese paciente que va a ser irradiado 1 mes después de la operación, no puedes hacer esa cirugía. Eso está pasando, jóvenes que pueden ser curadas y le puedes preservar la mama pero debes hacerle una mastectomía radical porque no se le garantiza la radioterapia en un mes, sino después. Eso es lamentable».

Frente a la traba vivida en tres estados, la señora Flor se ha movido junto a su familia para conseguir dinero y ver si se hace la radioterapia en una clínica. Lo más barato que ha conseguido es Bs 17.500 por todo el tratamiento. Pidió ayuda en entes gubernamentales pero no le han respondido. Su turno en el hospital es para junio o julio, cuatro meses después de su operación.

«Pero no puedo esperar tanto. Esas son células que no se detienen y es una enfermedad muy traicionera. Parece que la gente está sorda ante la situación de las máquinas de radioterapia. Le pido al Gobierno y a las autoridades que no nos dejen morir en la última etapa de la enfermedad». El cáncer es la segunda causa de muerte en el país (21 mil decesos cada año), con más de 40 mil diagnósticos anuales.

Fuente: ÚN

Por cacerolear al presidente Nicolás Maduro detuvieron a cuatro personas el sábado en La Grita, estado Táchira, a pesar de que en Venezuela sólo se puede privar de libertad a una persona sin orden judicial cuando es hallada cometiendo un delito. Una de ellas continúa presa.

“Cacerolear, e incluso abuchear a un personaje publico, así se trate de un funcionario público, no constituye delito en ninguna parte del mundo a menos que medien ofensas o agresiones contra la persona a la cual se cacerolea”, señaló el abogado Gonzalo Himiob, miembro del Foro Penal Venezolano, quien agregó que lo ocurrido es un caso típico de abuso de los derechos humanos.

“El Gobierno no tolera la disidencia ni la crítica. La autoridad se siente débil y se sirve del abuso para hacer valer sus posturas”, afirmó.

Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, dijo que la debilidad del Gobierno es tan grande que busca intimidar a las personas y controlar el descontento popular con represión, y añadió que se equivocan si creen que van a callar a los venezolanos. Confirmó que los tres jóvenes que estuvieron detenidos –Carlos Parra Ramírez de 19 años de edad, Karla Parra Ramírez, de 25 años de edad, y Leonardo Sánchez Cadena, de 24 años de edad– son dirigentes juveniles del partido que él encabeza.

Vocación represiva. Para Marino Alvarado, director de Provea, la detención de quienes caceroleaban al jefe del Estado no es un hecho aislado. “Hay diversos actos que han ocurrido en el país y que van integrando la vocación represiva del Gobierno”, dijo.

El defensor de derechos humanos recordó que durante el mandato de Maduro no sólo estas cuatro personas han sido detenidas por ejercer su derecho a la manifestación pacífica.

“Entre los jóvenes que detuvieron en Lara con ocasión de las protestas postelectorales se encuentran muchos que simplemente estaban caceroleando y pese a ello se los llevaron presos, les abrieron procesos penales y quedaron sometidos a régimen de presentación”, señaló.

Alvarado también se refirió al caso de Yendrick Sánchez, el espontáneo que interrumpió la intervención de Maduro en la Asamblea Nacional en el acto de juramentación del mandatario. “Sin cometer ningún delito los mandan para una cárcel común”, dijo.

A Sánchez lo enviaron a la Comunidad Penitenciaria de Coro, Falcón, y le imputaron los delitos de ofensa agravada al jefe de Gobierno y asociación. El director de Provea advirtió que es grave que desde el Ejecutivo se estén cerrando las puertas a las formas pacíficas de manifestación.

“El propio Gobierno está conduciendo a la gente a implementar otros mecanismos de protesta que lamentablemente pueden ser violentos”, advirtió.

Ilegalidad

Las detenciones efectuadas por protestar pacíficamente contra el presidente Nicolás Maduro fueron ilegales por tres razones, explicó el abogado Gonzalo Himiob:

– Cacerolear no constituye delito.

– Casa Militar no tiene atribución para detener a personas, como en efecto lo hizo.

– La orden de aprehender a un individuo tiene que ser dada por el Poder Judicial, no por el Ejecutivo.

LaCifra

201 personas han sido detenidas arbitrariamente en Venezuela desde que Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales. La cifra se obtiene al sumar las cuatro aprehensiones ocurridas el sábado en el Táchira más las 197 detenciones por razones políticas que se efectuaron entre el 15 de abril y el 6 de mayo, según reportes del Foro Penal Venezolano.

Fuente: EN

Leopoldo López, responsable nacional de Voluntad Popular, indicó que en los próximos días solicitarán la libertad plena del general retirado Antonio Rivero debido a que “no hay ningún tipo de delito”. El exdirector de Protección Civil se mantiene hospitalizado. Ingresó la noche del viernes a la clínica Sanatrix por una infección respiratoria.

José Manuel San Miguel, director médico de la clínica, informó que ingresó con una infección respiratoria tipo neumonía por micoplasma, gastritis aguda, hemorragia digestiva y deshidratación moderada. Detalló que las visitas se encuentran restringidas y se espera una evolución favorable en los próximos días.

Leopoldo López estuvo ayer en el centro asistencial junto a familiares del general (r), desde donde indicó que el próximo paso en materia legal será solicitar la libertad plena de Rivero, dado que aún se le mantiene una medida cautelar.

“Solicitamos libertad plena porque no hay ningún tipo de delito, porque no debe haber ningún tipo de persecución. Hay algunos rumores de que se quiere restringir desde el punto de vista de derechos políticos, como convocatoria y participación en eventos públicos y de poder desplazarse por todo el territorio nacional”.

Según López, Rivero es un perseguido político y estuvo privado de libertad «por orden de los hermanos Raúl y Fidel Castro”, debido a la denuncia permanente que ha hecho sobre la infiltración de más de 300 oficiales cubanos dentro de la fuerza armada nacional.

Fuente: La verdad

La Mesa de la Unidad Democrática prepara las pruebas que presentará si el recurso de impugnación de las elecciones del 14 de abril, en 5.729 mesas, es admitido por el Tribunal Supremo de Justicia. Desde el jueves 16 hacen llamadas telefónicas y visitan a los testigos electorales que estuvieron desplegados en los centros de todo el país.

Fuentes que coordinan el proceso señalaron que deben contactar a más de 16.000 personas para verificar si están dispuestas a dar su testimonio ante el TSJ acerca de las irregularidades observadas. “Buscamos a tres declarantes por mesa para que vayan al tribunal. Pueden ser testigos electorales, votantes o miembros de mesa que hayan presenciado los delitos”, precisó una fuente del comando opositor. Esperan terminar esta semana para tener listo el legajo de pruebas, apenas lo exija el máximo tribunal.

Los testigos electorales son clave para recabar los testimonios, pues conocen a los vecinos –tanto electores como miembros de mesa– que acudieron al centro y pueden descubrir quién podría dar fe de los actos de violencia, cohecho o fraude que se alegan en la impugnación. Gabriel Aguilar, del equipo de la MUD en el municipio Brión de Miranda, señaló que en los casos de agresiones se hace más difícil: “Al principio la gente contaba el incidente, pero ahora algunos se niegan a ratificar su testimonio porque temen retaliaciones”.

Miguel Cocchiola, diputado a la Asamblea Nacional por Carabobo, se reunión el fin de semana con testigos y coordinadores de centros que trabajaron el 14 de abril. “La gente está dispuesta a ir al CNE o a los tribunales regionales, o nacionales, a donde sea necesario, para llevar las pruebas”, afirmó.

Fuente: EN