Rafael Guevara, arquitecto experto en sistema eléctrico y miembro del equipo de Gremios de Voluntad Popular, aseguró que el ministro para la energía eléctrica, Jesse Chacón, miente al país al anunciar que en 100 días estabilizará el sistema eléctrico del país.

Expresó que solucionar este problema implica la ampliación de las plantas generadoras existentes, la construcción de plantas nuevas e implementación de planes de mantenimiento periódicos en los sistemas de transmisión y distribución, lo cual requiere de un tiempo mínimo de 5 años.

“Si tomamos en cuenta que para solucionar el problema se necesitan instalar unos 10.800 MW en los próximos 5 años, es decir, 2.160 MW por año, y que tal capacidad de generación anual equivale a la construcción de una planta similar a Tacoa, y que además si una planta de esta capacidad toma un tiempo de construcción de al menos 3 años, ¿cómo va a hacer el ministro para instalar en 100 días 1.000 MW?”, preguntó Guevara.

Explicó que en 2004, la Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (Caveinel), organización que dejó de existir al ser estatizado el sector eléctrico, proyectó para el año 2012 un aumento en la demanda que llegaría a 140.279 GWh (Giga Vatios hora). Teniendo en cuenta que en aquella época se aplicaban los planes de mantenimiento y se realizaban trabajos de ampliación, se requería instalar 10.800 MW (Mega Vatios) para llegar a tal cifra. Sin embargo, debido a las malas políticas gerenciales y administrativas, esta cifra ha aumentado exponencialmente, observándose una importante disminución de la capacidad instalada de aproximadamente 21.000 MW a 7.000 MW de capacidad operativa, que son los que sirven en la actualidad para suplir la creciente demanda poblacional.

“A esto hay que agregar otros errores gerenciales, como el congelamiento, desde el año 2005, de las tarifas de cobro por el servicio, lo que trajo como consecuencia la disminución de los ingresos de la empresa, lo que implicó a su vez el subsidio del estado para cubrir las necesidades sobre mantenimiento y ampliación del sistema, así como los salarios de los trabajadores. Cabe destacar que estos gastos no han sido cubiertos eficientemente, debido a la mala administración de los recursos provenientes de dichos subsidios”.

Guevara agregó que la sustitución de bombillos incandescentes por fluorescentes en las viviendas de los venezolanos, así como la instalación de algunas plantas generadoras con equipos de segunda o de mala calidad, son solo “pañitos de agua tibia” para tratar de solucionar un problema “muy grave”, cuyo origen de raíz está basado exclusivamente en fallas de tipo gerencial y administrativo, las cuales podrían traer “consecuencias catastróficas” para el país, ya que si el deterioro del sistema continua al ritmo actual, se podría suceder el colapso general del sistema eléctrico nacional. /JM

Fuente: Nota de prensa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró hoy su «preocupación» ante la situación política y social que vive Venezuela tras las elecciones y pidió que se garanticen a los ciudadanos sus derechos básicos.

En un comunicado, la CIDH instó al Estado venezolano a adoptar «de manera urgente» todas las medidas que sean necesarias a fin de «garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal», así como los derechos políticos, el derecho de reunión y los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión.

El organismo encargado de velar por el respeto a los derechos humanos en América indicó que, tras conocer los hechos de violencia que sucedieron después de las elecciones del 14 de abril, se puso en contacto con el Gobierno de Venezuela para solicitar información sobre ellos.

Específicamente, la comisión pidió datos sobre las personas fallecidas y las investigaciones llevadas a cabo a este respecto, sobre las detenciones realizadas y su base legal, sobre la situación de salud de las personas detenidas, el uso de la fuerza en las manifestaciones, las agresiones a periodistas y las garantías laborales para evitar cualquier tipo de represalia por el ejercicio de la libertad de expresión.

Según la CIDH, Venezuela confirmó la muerte de 9 personas y señaló que otras 78 resultaron «lesionadas» durante los disturbios que sucedieron a la jornada electoral, mientras que las organizaciones de la sociedad civil han informado de 13 personas muertas en los hechos de violencia.

En su respuesta, Venezuela citó a la Fiscal General para indicar que «las víctimas eran partidarias del chavismo que fueron atacadas por grupos afectos a la oposición», e informó de que las investigaciones judiciales sobre estos hechos están en curso.

El Estado, sin embargo, no hizo ninguna referencia a las muertes y lesiones que habrían sido consecuencia del presunto uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, denunciado por las organizaciones de la sociedad civil.

En su comunicado, la CIDH también lamentó que varias personas resultasen heridas por «graves» agresiones sufridas el 30 de abril en la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela, en un contexto en el cual el presidente de la Asamblea Nacional habría «negado el uso de la palabra a los congresistas que no reconocieran de viva voz a Nicolás Maduro como presidente».

Por todo ello, la comisión llamó al Gobierno a iniciar investigaciones sobre todas las muertes y hechos de violencia reportados, así como a reforzar todas aquellas acciones que garanticen que las investigaciones iniciadas se realicen «de forma diligente e imparcial».

Además, se emplazó al Estado venezolano a sancionar a las personas «que resulten responsables de estos hechos», lo cual debe ser determinado «mediante la conducción de juicios con todas las garantías del debido proceso, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial».

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington. /JM

Fuente: El Nacional

El canciller Elías Jaua, en rueda de prensa a los medios de comunicación, se pronunció sobre el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre la decisión del Estado venezolano de no renovar la concesión del canal Radio Caracas Televisión (RCTV).

Dijo que en la CorteIDH «se compran las sentencias, especialmente esas comiciones están controladas por los grandes medios de comunicación para garantizar tener el poder, en Venzuela el poder es el pueblo y el Estado como administrador de esa frecuencia tiene el derecho de otorgar esa frecuencia o no», dijo.

«Si la Corte decide que tenemos que restituirle la frecuencia a un determinado grupo económico, tendrán que invadirnos para obligarnos a acatar una decisión contra la paz y la estabilidad de Venezuela (…)». Aseguró que se pretender dictar una sentencia que limitaría y anularía la competencia de los Estados con respecto al espectro radioeléctrico. «No es un patrimonio de un grupo económico, quien tiene la capacidad de emitir esas concesiones es el Estado y las puede dar o no».

Afirmó que no acatarán la sentencia por «inmoral, tarifada y violatoria de los Estados». /JM

Fuente: GV