Vicente Díaz, rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), se pronunció este domingo sobre las recientes declaraciones del periodista José Vicente Rangel relacionadas con la auditoría de las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril.

El representante del Poder Electoral rechazó a través de su cuenta en Twitter que Rangel, ex vicepresidente de la República, haya omitido “lo medular” de sus declaraciones.

“Lamento que JV Rangel haya omitido lo medular de mis declaraciones: las auditorías deben hacerse en las condiciones que les permitan a los afectados despejar cualquier duda sobre los resultados. No son para darle tranquilidad a lo rectores sino a los electores”, expuso Díaz a través de su cuenta en Twitter haciendo referencia al hecho de que el ente electoral habría afirmado la imposibilidad de realizar este proceso bajo las condiciones del Comando Simón Bolívar.

El rector desmintió lo señalado por Rangel de un presunto “cacerolazo” hacia su persona. “No es cierto lo afirmado por JV Rangel de que haya sido caceroleado en mi casa. Las únicas cacerolas que se oyen por donde vivo son adversando las cadenas electorales”.

Fuente: La Verdad

El Plan de los 100 días. Ese es el nombre que el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, utiliza para referirse al conjunto de proyectos que inició el lunes 29 de abril y que se prolongará hasta el 6 de agosto, con el fin de estabilizar el sistema, aumentar la generación, reducir la demanda y de esa manera disminuir la cantidad de interrupciones que presenta el servicio.

Chacón, al momento de esbozar los lineamientos del plan, se mostró optimista de poder alcanzar los objetivos establecidos. De allí que aseguró que si lo incumple renunciaría al cargo y el presidente Nicolás Maduro podría designar a otra persona.

“Yo les puedo garantizar que lo que nosotros digamos en ese plan, en 100 días se cumple”, afirmó. “Los usuarios venezolanos pueden esperar que en estos 100 días estabilizaremos el sistema y podremos tener una programación de generación, transmisión y distribución para garantizar que no existan racionamientos, a menos que ocurra un hecho fortuito”, agregó.

Las tareas anunciadas por el ministro son muchas y buena parte incluye superar los problemas que existen en la Corporación Eléctrica Nacional y que se agravaron en la gestión de Argenis Chávez, uno de los hermanos del presidente fallecido Hugo Chávez. Se le acusa de que durante los dos años que permaneció en el cargo paralizó la ejecución de obras del sector eléctrico, suspendió el pago a contratistas de proyectos que estaban en ejecución o que fueron concluidos, y asignó obras a empresas que no se adecuaban a la Ley de Contrataciones Públicas.

Expertos afirman que Corpoelec muestra un deterioro que en los dos últimos años empeoró la crisis eléctrica y generó más apagones. “No es cualquier cosa lo que ha pasado con la renuncia de Argenis Chávez a la presidencia de Corpoelec. Para el presidente Maduro no debe haber sido fácil tomar esa decisión por las consecuencias políticas que pueda traerle”, expresa el ingeniero Manuel Guevara, experto en el sector eléctrico.

“Es positivo el sacudón que está dando Jesse Chacón porque se venía de una gestión anquilosada, tanto en la corporación con Argenis Chávez como en el ministerio con Héctor Navarro. Ellos lejos de resolver la crisis, la agravaron y pusieron más trabas que difícilmente puedan resolverse en 100 días. No se puede esperar que ocurran milagros”, agrega.

Guevara refiere que entre los elementos positivos de los anuncios de Chacón está el hecho de que se intente agilizar un flujo constante de financiamiento para garantizar la inversión y que se procure establecer un esquema regional de gestión. Sin embargo, advierte que la gestión no tendrá éxito si no se retoma un esquema más descentralizado en las operaciones y se resuelve el problema referido a que Corpoelec carece de ingresos propios.

Pica y poda

El plan incluye el recorte de monte que está bajo las líneas de transmisión para evitar incendios, la incorporación de 2.000 megavatios al sistema de generación –que se desglosan en 1.300 megavatios de obras nuevas que se ejecutan y los restantes 700 megavatios de plantas que están en mantenimiento–, solucionar las fallas en la línea de transmisión, que provienen del complejo hidroeléctrico de Guri, al igual que en los sistemas de distribución; propiciar el ahorro energético sobre todo en grandes usuarios comerciales y obtener los recursos financieros de manera permanente.

“Los anuncios del ministro han puesto demasiado énfasis en la pica y poda de monte, que en el pasado siempre fue un trabajo rutinario, y en decir que van a incorporar más generación cuando los problemas están más en transmisión y distribución”, dice Armando Meleán, ex director de Electricidad del antiguo Ministerio de Energía y Minas. “Se continúa insistiendo en el sabotaje, cuando uno de los problemas graves que ha afrontado Corpoelec ha sido la falta de dinero, no recibir los recursos a tiempo y el criterio discrecional al momento de pagarle a los contratistas, que se ven obligados a paralizar una obra porque deben esperar 20 meses para que les cancelen una porción de la factura”, añade.

El peso del contrato colectivo

Trabas burocráticas en el Fonden y el Fondo Chino

Buena parte de los recursos financieros dirigidos al sector eléctrico se ha hecho con cargo a recursos acumulados en el Fondo de Desarrollo Nacional y a una porción del financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo de China a la República, que se paga con el suministro de crudo y combustibles por parte de Petróleos de Venezuela.

Los dos organismos estuvieron bajo la tutela del extinto Ministerio de Planificación y Finanzas, a cargo de Jorge Giordani, que tenía por norma evaluar cada uno de los proyectos que iban a recibir dinero.

En la Memoria y Cuenta del Ministerio de Energía Eléctrica de 2010, 2011 y 2012 se señalan las limitaciones financieras que tiene el despacho al igual que Corpoelec para ejecutar sus inversiones y la mayor parte de los créditos adicionales aprobados en estos años, con excedentes en la Tesorería nacional, ha sido para atender pagos de personal.

En los reportes anuales del ministerio se ha reiterado la pesada carga que implica cubrir las obligaciones que impone la convención colectiva del sector, razón por la cual las autoridades anteriores se negaron a iniciar discusiones debido al elevado gasto que debe honrarse.

Fuente: EN

Los líderes de las juntas parroquiales de Cachamay y de la Asociación de vecinos de Villa Colombia, Arturo Vallés y Simón Yegres, reportaron nuevas denuncias de irregularidades en los comicios presidenciales del pasado 14 de abril.

Con registros de votación en los que aparecían personas con dos cédulas sufragando en un mismo centro electoral, presentaron un listado de 18 votantes, solo en el estado Bolívar, que incurrían en esta irregularidad. Todos estos datos fueron extraídos del portal web del Consejo Nacional Electoral.

“Nosotros queremos mostrar públicamente, pruebas que determinan las posibilidades de fraude electoral que se ha venido cometiendo de manera reiterada en nuestro país. Con dos modalidades que, entre otras, se vienen usando” explicó Yegres, ex concejal de Caroní.

Para ello realizaron una serie de investigaciones que han venido implementando en el estado y en otras zonas del país que consiste en recopilar una serie de denuncias que ya han estado consignando al Comando Simón Bolívar, como parte de los argumentos esgrimidos para solicitar la auditoría del proceso electoral que fue negada por el CNE.

“Evidentemente, mínimo, hay una duda razonable ¿estas personas votaron? Bueno, yo no sé si votaron o no, no sabemos si votaron o no. Lo que sí es que tienen derecho a votar dos veces, pero ¿cómo lo podemos comprobar? Con los cuadernos de votación. Ahí se vería según la firma dónde votaron cada uno de ellos. Esa es una de las razones por las cuales en las auditorías que están solicitando no quieren mostrar los cuadernos”, argumentan.

La denuncia formulada este domingo tiene vinculación con el recurso legal del líder opositor Henrique Capriles Radonski para impugnar las elecciones del 14 de abril, que dieron la victoria por estrecho margen al presidente Nicolás Maduro.

Fuente: Correo del Caroní

En los regímenes democráticos las fuerzas policiales tienen el papel central de combatir la inseguridad, mientras que en los autoritarios emplean a las fuerzas armadas para esta labor. Esta es una conclusión compartida por expertos en la materia, como los generales retirados Miguel Aparicio y Enrique Prieto, y la presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y es también una opinión resaltante en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicado en el año 2009.

Invertir los papeles –tal como pretende el presidente Nicolás Maduro, según se desprende de sus declaraciones del sábado sobre sacar el Ejército a la calle para combatir la delincuencia– es un error, pues tradicionalmente las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, que corresponde a la fuerza policial civil, afirman los expertos.

Argumentan que la medida de delegar responsabilidades en la FAN en materia de seguridad ciudadana, en lugar de reducir la inseguridad, podría traer como consecuencia la intimidación de la población.

“La FAN no puede combatir la delincuencia con armas de guerra, pues la inseguridad hay que atacarla con la prevención. Cuando se desborda a la policía en desórdenes públicos es cuando la fuerza armada actúa por mandato constitucional y según lo establecido en el Reglamento de Servicio y Guarnición. Si está en la calle es para intimidar”, sostiene Aparicio.

San Miguel afirma que hay una clara criminalización de la protesta puesta en marcha por el gobierno de Maduro. “Este despliegue selectivo de la FAN en unas áreas y la Policía Nacional en otras es claramente una bisagra orientada a la línea de intimidar. Los estándares internacionales hemisféricos establecidos por la CIDH hablan de la inconsistencia e inaplicabilidad de la fuerza armada en el control del orden público”, enfatiza.

Con ella coincide el general retirado Enrique Prieto, que opina que Maduro pretende utilizar la FAN como una guardia pretoriana. “Quieren poner a la FAN en la calle para amedrentar a los ciudadanos que protesten, no para atacar el hampa”, asegura.

En peligro los derechos humanos

El informe de la CIDH aconseja evitar la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna, pues acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos.

“Es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas, ya que son dos instituciones substancialmente diferentes. La historia hemisférica demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general es acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos”, así se especifica en el capítulo “La intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana” del informe.

San Miguel advierte que hay una equivocada interpretación de la seguridad de la nación, que no ha terminado de entender el Gobierno.

“El principal plan al que debería orientarse el Gobierno es al del control de armas y municiones. Mientras no exista una política precisa, que hable del armamento en Venezuela, seguiremos con la cifra escandalosa de 50 muertos diarios en Caracas”, agrega la experta en el área militar.

La labor de la FAN se encuentra claramente establecida en los artículos 324, 328 y 330 de la Constitución Nacional.

Miguel Aparicio plantea que en lugar de tratar de intimidar a la población lo que debería hacer Maduro es buscar el diálogo y asesorarse bien: “Debe dejar de estar pendiente de Henrique Capriles y ocuparse de la inseguridad”.

Misión A Toda Vida Venezuela y la FANB

El Gobierno pondrá en marcha un plan con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como parte de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, para reducir la inseguridad, informó ayer el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, general Miguel Rodríguez Torres en un programa de televisión. Dijo que se ejecutará primero el dispositivo de seguridad en Caracas.

Explicó que el Gobierno se encuentra en la fase previa del plan y será el presidente, Nicolás Maduro, quien hará el anuncio detallado del dispositivo que ofrecen desarrollar enmarcado en la Gran Misión A Toda Vida Venezuela.

“Yo creo que la presencia de la FANB será una herramienta positiva que le va a dar tranquilidad a los ciudadanos”, agregó Rodríguez Torres.

Fuente: EN