En Venezuela han ocurrido 5.671 secuestros desde 1999 hasta marzo de 2013. Esa cifra, que tiene registrada el Cuerpo de Investigaciones Científicas. Penales y Criminalísticas (Cicpc), representa un promedio de al menos un secuestro cada día.

Aunque los números han mostrado un incremento sostenido, los años más neurálgicos fueron 2009 con 805, 2010 con 898 y 2011 con 1.168 secuestros denunciados. De acuerdo a lo que explicaron fuentes de la policía científica y asesores en seguridad antisecuestro, entre 2009 y 2010 la banda de secuestradores exprés más peligrosa de Venezuela, «Los Invisibles» estaba en su «mejor» momento delictivo. Además, fueron muchas las que migraron de otros delitos y comenzaron a plagiar porque les resultaba menos peligros. Sin embargo, en 2010 y después de dos fugas, logran capturar los miembros de «Los Invisibles», y según efectivos del Cicpc, el delito se controla, pues desde 2007, que fue cuando nació esa banda, 85% de los secuestros eran breves.

Aunque durante los primeros meses de 2011 se logra controlar el delito, ese año cierra con 1.168 secuestros, el histórico más alto en los últimos 14 años. De acuerdo a las investigaciones que los efectivos de la policía científica pudieron adelantar, todo tuvo que ver con la fuga de al menos 31 reos y con la excarcelación de otros 140 reclusos en la crisis que se vivió por un mes con la toma de las cárceles Rodeo I y II. Según los policías consultados, buena parte de los ex privados de libertad se dedicaron a secuestrar, los líderes de las bandas giraran órdenes desde las cárceles, según se pudo conocer.

Es entonces cuando comienzan los homicidios en cautiverio. Hasta ese momento se habían registrado muertes en cautiverio por enfermedades, la mayoría de las veces. Pero los homicidios durante un secuestro se hicieron frecuentes durante el segundo semestre de 2011. Para 2012 se había reportado un aumento de 5% en asesinatos durante el cautiverio.

El año pasado se totalizaron 685 casos denunciados. Pero eso solo representó, según expertos consultados, 25% de los secuestros que en realidad se produjeron. «Lo que ocurrió fue que las familias comenzaron a tener miedo de denunciar por temor a que asesinaran a sus familiares cautivos… no bajó porque se lograra desarticular a las bandas», explicaron funcionarios policiales.

Una de las víctimas fue el manager de los Caramelos de Cianuro. A él lo secuestraron y mataron en marzo de 2012. El cuerpo de Líbero Iaizzo, de 35 años, fue ubicado en un terreno ubicado detrás de la Universidad Santa María, muy cerca de la entrada del estacionamiento de la facultad de Derecho de esa casa de estudios. El encargado de dispararle al manager fue, presuntamente, Gilber Gabriel, según detalló el comisario Humberto Ramírez, de acuerdo a las declaraciones de los jóvenes durante su interrogatorio.

La intención de los maleantes era quemar el cadáver. Así lo dejaron claro a los funcionarios del Cicpc. Sin embargo, no lo hicieron por la premura de abandonar el lugar del hecho. Por este caso, los funcionarios del Cicpc lograron capturar a nueve maleantes. Todos están presos. Pero no siempre ocurre así. «A veces les otorgan medidas, salen y vuelven a secuestrar», dijeron.

Fuente: EU

El Ministerio Público comienza a popularizar el delito de instigación a delinquir como sanción para quienes disientan del Gobierno y, en particular, manifiesten públicamente su descontento con los resultados oficiales de las elecciones del 14 de abril.

En dos meses, tres personas han sido presentadas ante tribunales de control, imputadas y privadas de libertad por situaciones ligadas a la convulsión política.

El propósito intimidatorio de la acusación por este delito contemplado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo no es más que la utilización de la justicia penal como instrumento de extrema eficacia para amedrentar, amenazar y tratar de neutralizar a los adversarios políticos.

Esa es una de las consideraciones del abogado penalista Alberto Arteaga, quien advirtió, además, que ve con preocupación cómo ante la posibilidad de encarcelar preventivamente a los procesados, establecida en la Reforma del Código Orgánico Procesal Penal, se recurre a estos tipos delictivos para conseguir la privación de libertad.

La protesta, un elemento común

Al estudiante de la ULA Antonio Peralta lo detuvieron durante las protestas frente a la Embajada de Cuba, el 27 de febrero de este año. Fue imputado por la presunta comisión del delito de instigación al odio y asociación para delinquir. Está recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia.

El 20 de abril fue el turno de Yendrick Sánchez, detenido por haber irrumpido el 19 de abril en el podio de la Asamblea Nacional cuando el presidente Nicolás Maduro hablaba, después de que fue juramentado. A él le imputaron la presunta comisión de los delitos de ofensa agravada al jefe de Gobierno y asociación para delinquir. El Tribunal 9° de Control de Caracas fijó como sitio de reclusión la Comunidad Penitenciaria de Coro, en Falcón, pese a los evidentes problemas mentales del detenido.

Más recientemente fue el turno del general del Ejército (R) Antonio Rivero. Fue detenido por aparecer en un video dando supuestas instrucciones a un grupo de jóvenes que manifestaban en la plaza Francia de Altamira el 15 de abril. Al ex militar le imputaron instigación al odio y asociación para delinquir.

En el texto legal, aprobado en 2012, se establece en el artículo 37: “Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada será penado por el solo hecho de la asociación con prisión de seis a diez años”. En estos tres casos, sólo mediante la aplicación de la Ley Contra la Delincuencia Organizada los imputados pudieran ir presos, pues los otros delitos de que les acusan son considerados menos graves y sus penas son inferiores a ocho años de cárcel, por lo tanto, serían improcedentes las privativas de libertad.

“Sólo se trata de actuaciones de activistas políticos, manifestantes o protagonistas de algunos episodios con trascendencia nacional, a quienes, sin razón alguna, califican de integrantes de grupos de delincuencia organizada, lo cual equivale a considerar a grupos estudiantiles, partidos políticos o figuras aisladas como grupos de crimen organizado, y eso es una aberración y un manifiesto atropello del Estado de Derecho de los ciudadanos”, explicó Arteaga.

Derecho penal coyuntural

El también abogado penalista Juan Carlos Gutiérrez recordó que Venezuela firmó en 2001 el Estatuto de Palermo y se comprometió a adecuar el estatuto interno para luchar eficazmente contra la delincuencia organizada y las estructuras transnacionales que cometen delitos con fines políticos y económicos.

“En 2005 había una primera ley que vino a materializar el esfuerzo internacional contra la delincuencia organizada. Pero ahora se trata de utilizar el Derecho contra quien el Estado considere enemigo. Estamos viendo lo que he denominado Derecho penal coyuntural, que busca atacar y castigar al adversario en determinados momentos. Por ejemplo, se crearon delitos financieros para perjudicar a los banqueros, es decir, se utiliza el Derecho no como un mecanismo de protección al ciudadano, sino como uno de control social, de control del Estado”, expresó Gutiérrez.

El experto considera que en estos casos no se justifica la aplicación de una ley como la de la Delincuencia Organizada, porque, sencillamente, no hay manera de vincularla con estructuras delictivas organizadas, y su utilización obedece más bien a una conducta tiránica que socava el Estado de Derecho de los imputados.

Tres preguntas

El ex juez penal Jesús Ollarves Irazábal responde

1. ¿A qué hechos se aplica la Ley contra la Delincuencia Organizada?

Específica y taxativamente a tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos; legitimación de capitales; tráfico y fabricación ilícita de armas; manipulación genética ilícita; trata de personas, inmigración ilícita y tráfico ilegal de personas; tráfico ilegal de órganos; sicariato; obstrucción a la justicia en beneficio de la delincuencia organizada; pornografía, elaboración y difusión de material pornográfico, utilización de niños en la pornografía; obstrucción de la libertad de comercio en beneficio de la delincuencia organizada; fabricación ilícita de monedas o títulos de crédito público; terrorismo y financiamiento del terrorismo.

2. ¿La disidencia política es un delito de delincuencia organizada?

Bajo ninguna circunstancia. Una cosa es organizarse para disentir, lo cual, por lo general, se hace a través de los partidos políticos; y otra, para delinquir, que se lleva a cabo a través de grupos de delincuencia organizada.

La disidencia es la expresión formal de un desacuerdo con el poder o una autoridad política, lo cual es propio de la democracia. La delincuencia organizada implica un eje de mando y una estructura flexible de células que opera bajo el principio de división del trabajo.

Tratar la disidencia política como un delito de delincuencia organizada equivale a tratar los partidos políticos como grupos de delincuencia organizada. Es una aberración.

3. ¿Cómo evitar excesos en la aplicación de la Ley contra la Delincuencia Organizada?

Con estricto apego al principio de legalidad, según el cual nadie puede ser sancionado por un hecho que no esté tipificado como delito.

Fuente: EN

A través de un comunicado, los integrantes del diario Líder en Deportes exigieron que factores externos no interfieran en las investigaciones por la muerte del periodista deportivo Jhonny González, ocurrido el pasado viernes en horas de la madrugada.

Comunicado:

1) Que las autoridades a las que no les corresponda no se adelanten a dar hipótesis que afecten el debido curso de las averiguaciones. Hasta el momento, todos los representantes de los diferentes cuerpos policiales y de investigación se han mostrado prestos para aclarar este horrible crimen. Por ello, se hace necesario que se les permita trabajar sin ningún tipo de presión.

2) Que el asesinato de un ciudadano venezolano no se utilice como bandera política. Por respeto al legado de González como periodista y al inmenso dolor que afecta a su familia y amigos, que ayer estuvieron unidos en el sepelio, solicitamos que ningún partido político o agrupación gubernamental o de oposición trate de usar esta tragedia que nos enluta como excusa para sobreponer sus intereses particulares.

3) Que el crimen ocurrido en la madrugada del 3 de mayo sea aclarado y que los culpables sean condenados bajo los designios de las leyes venezolanas. Ese es el máximo deseo de la familia González, amigos, compañeros de trabajo y de este medio. No hay ningún otro interés, ni de forma ni de fondo, en las actuales peticiones.

Fuente: Globovisión