La oposición venezolana quiere que se anulen las elecciones que ganó Nicolás Maduro, para lo que presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Pero como no confían en la justicia local dicen estar listos para ir a instancias internacionales, lo que pondría la crisis política venezolana en una nueva dimensión.
Este jueves un equipo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) introdujo un “recurso contencioso” ante el TSJ para que se anule el resultado de las presidenciales del 14 de abril, en las que Maduro venció por pequeño margen a Henrque Capriles.
Desde que aquel día el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador a Maduro por una diferencia de 1,5%, Capriles se negó a reconocer la derrota y pidió una auditoría total del proceso de votación, al que señala fallas e irregularidades que habrían influido en el resultado final.
BBC Mundo conversó con Ramón José Medina, secretario ejecutivo de la opositora MUD, a su salida de la Sala Electoral del TSJ, donde entregó el documento solicitando “la impugnación del total de la elección del 14 de abril y su resultado”.
Medina reconoció que están “agotando los recursos administrativos y legales” dentro de Venezuela para eventualmente acudir a organismos multilaterales y poner la crisis política venezolana en una compleja dimensión internacional.
¿Ustedes pretenden que se revierta el resultado de las elecciones, que se declare la nulidad del proceso?
El objetivo es que se declare la nulidad de las elecciones porque de acuerdo al artículo 215 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, toda aquella elección donde hubiera mediado fraude, cohecho, soborno o violencia, por ejemplo en la conformación del registro electoral, en la votación o en los escrutinios, y ello afecte el resultado electoral debe ser declarada nula.
Hemos hecho un recuento de las 222 denuncias que durante el proceso electoral hicimos, sin que (el Consejo Nacional Electoral) tramitara ninguna de ellas, junto a los hechos correspondientes al día de las elecciones (…) que influyeron en que los resultados no reflejaran la realidad de la voluntad popular.
¿No tenían que esperar la auditoría del proceso que hace el CNE para demostrar esos puntos?
No, en lo absoluto. La ley establece plazos de caducidad para ejercer estos recursos. Si no lo ejercíamos ante el TSJ en el transcurso de los quince días hábiles siguientes a la proclamación (como presidente electo) de Nicolás Maduro perdíamos la posibilidad de ejercer el recurso.
¿Para qué servirá la auditoria que se está haciendo entonces?
El CNE se negó a que esa auditoría fuera completa y que se permitiera acceder a los cuadernos de votación para determinar firmas y huellas dactilares de quienes aparecen allí como votantes de modo de determinar si hubo correspondencia entre quienes se presentaron en el proceso y quienes votaron.
Pero Capriles ha dicho ya que no tiene confianza en el TSJ
Es que estamos obligados a agotar todas las vías judiciales y administrativas que nos corresponden en Venezuela para poder acudir ante los organismos internacionales. Así lo exige la legislación internacional.
La violencia, fraude o cohecho en estos casos, no solamente atenta contra el principio de ser elegido sino contra el principio de ser elector. Hay una serie de hechos que inciden en los derechos fundamentales de los venezolanos en términos generales y no sólo en los del que pretendía ser presidente de la República.
¿En cuánto tiempo se debería resolver este proceso en el TSJ?
Ahora le corresponde al tribunal proceder a la admisión del recurso y citar a las partes involucradas de modo de dar comienzo para que, aparte de los alegatos que puedan presentar el CNE o la Procuraduría, se abra el lapso probatorio para nosotros poder presentar las pruebas que se requieren para demostrar nuestros alegatos.
¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuántos meses?
Dependerá de la diligencia con la que el tribunal actúe. Una vez que hagan las citaciones del caso empezarán a correr los lapsos de ley. Aspiramos que sea cuanto antes posible, pero dependerá de los magistrados.
Pero también podría rechazar el recurso
Tienen esa posibilidad de declarar la inadmisibilidad, aunque no sé en qué se fundamentarían. Sería otro golpe de estado a la institucionalidad democrática.
¿A qué instancias internacionales irían?
A la Comisión Interamericana de la OEA, a Unasur y Mercosur que exigen en sus cláusulas democráticas ciertas condiciones para determinar cuando sus países miembros están dentro de la clasificación de estado democrático y ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Parece poco probable que un organismo internacional de estos vaya a terminar metiéndose en los asuntos internos de un país soberano como pueden serlo unas elecciones presidenciales.
Allí no hay injerencia en asuntos internos, por el contrario, cuando eres miembro de un organismo multilateral estás bajo la jurisdicción de ese organismo. Si hay normas que establecen requisitos y exigencias que exigen el comportamiento y la adecuación de los estados miembros a esas normas, entonces violarlas puede tener consecuencias.
Pero ya puestos en el escenario internacional, hay un elemento legal y uno político también y resulta complicado imaginarse que un organismo como la OEA, por ejemplo, vaya a tener la capacidad, el poder o el ánimo de meterse en este problema que por ahora es interno venezolano.
Bueno, esa es una apreciación personal suya. Nosotros estamos obligados a ejercer los recursos en las instancias que tenemos y esperemos que resuelvan según lo que deban resolver y no a instancias o intereses particulares.
Fuente: BBC Mundo
