La distorsión en los precios de los vehículos que exhibe el mercado venezolano es originada por los empleados de las ensambladoras, que por contratación colectiva tienen derecho de comprar un automóvil al año a un valor inferior al sugerido a los concesionarios.
Prevén aprobar proyecto de ley de regulación de carros este martes
Así lo denunció la diputada Vestalia Sampredro, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.
La parlamentaria elaboró un informe sobre el proyecto de ley que regula la compra-venta de vehículos nuevos y usados, en el que afirma que los trabajadores revenden los carros hasta por el doble de lo que pagan en las plantas.
Fuentes de la industria automotriz, que pidieron no ser identificadas, reconocen que muchos trabajadores le sacan provecho al beneficio que les brinda la empresa. “Aunque varía según la marca y el modelo del automóvil, la diferencia entre el precio de venta sugerido a los concesionarios y el que pagan los empleados de las ensambladoras llega hasta 100.000 bolívares”, informó una de las fuentes.
Son muy pocos los empleados que no usan los cupos, dijo otra de las fuentes. Calculó que máximo representan 10% de las nóminas. “El resto sí lo utiliza, unos para comprar carros para ellos o sus familias, y otros para hacer negocio”, afirmó.
Por ofrecer este beneficio a los trabajadores, las ensambladoras no son responsables de la distorsión, aseguró otro de los consultados, y agregó que es un derecho que tienen los empleados, y que una vez que los carros son de su propiedad son libres de hacer con ellos lo que quieran.
La distorsión de los precios se incrementa cuando los trabajadores venden sus cupos, añadió la otra fuente. Dijo que no sabe con exactitud en cuánto pueden estar negociándose actualmente las asignaciones de carros, pero recordó que hace más o menos 3 años podían estar entre 30.000 y 40.000 bolívares.
Pese a que las fuentes reconocen esta realidad, una de ellas indicó que no es la única razón de distorsión. Indicó que existen algunos concesionarios –pocos, aclaró- que tienen negocios con clientes fijos, que les permite colocar en el mercado secundario automóviles a precios más elevados.
El informe de Sampedro lo respalda: “La alta demanda y la poca oferta abrió un ‘nicho u oportunidad de negocios’ por parte de personas naturales o jurídicas que se han dedicado a la venta secundaria (…) en locales que proliferan a lo largo y ancho del país y que a todas luces demuestran el grado de improvisación y oportunismo”.
Incrementar oferta
Los empleados del sector automotor sólo se aprovechan de las condiciones del mercado, en el que los vehículos suben de precio “en cuestiones de minutos en un floreciente mercado negro”, afirma la parlamentaria en el documento. Asegura que la operación que hacen es “perfectamente legal”.
Sampedro señala que la distorsión es producto de la escasa oferta de vehículos disponibles, por la reducida actividad productora que presenta la industria.
En 2012 el déficit de vehículos en Venezuela llegó aproximadamente a 119.447 automóviles, indicó otra fuente del sector, que también prefirió no ser mencionado. Dijo que la demanda real es de más o menos 250.000 unidades, y que las vendidas el año pasado –130.553 según la Cámara Automotriz de Venezuela – sólo representan 52,22% de la necesidad.
Refirió que las automotrices que operan en el país cuentan con la capacidad instalada para cubrir la demanda, pero que el retardo en la emisión de los certificados de no producción y en la asignación de divisas para importar el material de ensamblaje impiden aumentar la producción.
Datos del informe de la diputada muestran que el año pasado Cadivi aprobó al sector 2,6 millardos de dólares: 14,2% menos de lo que recibió el año anterior.
“La menor asignación de divisas y la demora en la entrega obligó a las ensambladoras a dosificar sus inventarios para evitar paradas forzosas”, dice el informe.
Pese a que la política automotriz gubernamental que entró en vigencia en 2008 establece que para este año 50% de las partes de los carros deben ser nacionales, el informe de Sampedro refleja que 60% de los componentes son importados, lo que constituye la principal alcabala que frena la fabricación.
“El cierre del mercado de permuta, que permitía la adquisición de bonos para la compra de dólares fuera de Cadivi y la eliminación del Sitme han sido factores fundamentales en la caída de la producción”, indica el texto.
Datos de la Federación de Asociación de Distribuidores Automotrices exponen que el año pasado las ventas bajaron 8,2% en comparación con 2011. “Si se produce menos, hay menos que vender”, enfatizó una de las fuentes consultadas.
Aunque los representantes de las ensambladoras afirman que la manera de acabar con la distorsión de precios es elevar la producción para satisfacer la demanda, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela Elvis Amoroso insiste en que se erradica con la regulación de los precios de los automóviles.
A comienzos de este año desempolvó el proyecto de ley sobre esta materia, que estaba engavetado desde 2009. De 33 artículos que contiene, la Asamblea Nacional aprobó 14 en segunda discusión.
Política gubernamental
Una de las razones que esgrimió el Gobierno para impulsar la política automotriz, que entró en vigencia en enero de 2008, fue aumentar la producción nacional y así generar más empleos en la industria. Condicionó las ventas de vehículos extranjeros a la obtención de licencias de importación, lo que bajó la comercialización del segmento drásticamente.
Incluso, en los últimos años las automotrices no han obtenido los permisos, lo que les ha impedido ofrecer los automóviles al mercado.Una fuente del sector, que también pidió no citar su nombre, afirmó que las importaciones también generan empleos.
“Las empresas necesitan personal en los puertos que reciban la mercancía, de transporte para el traslado de los carros y quienes inspeccionen en qué estado llegan los vehículos, entre otros”.
La contracción de la actividad manufacturera de la industria generó que las nóminas de las compañías quedaran grandes para el volumen de producción. Datos de la Cámara Automotriz de Venezuela indican que las empresas tienen alrededor de 30% más empleados de los que necesitan.
Fuente: El Nacional