La oposición venezolana espera este viernes que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronuncie sobre la auditoría de las elecciones del 14 de abril que se comprometió a hacer, a la vez que se prepara para impugnar los resultados “en los próximos días” ante la justicia.

“El paso siguiente es la impugnación que tiene que ser en los próximos días. Vamos a impugnar las elecciones con todas las pruebas, con todos los elementos que ya tenemos”, anunció el líder opositor Henrique Capriles en la noche del jueves en una entrevista con la cadena privada Globovisión.

Este viernes, el secretario general adjunto de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón José Medina, explicará en un encuentro con corresponsales extranjeros los pasos a seguir en esta impugnación.

Por su parte el chavista Nicolás Maduro, investido presidente la semana pasada en medio de las críticas opositoras y quien niega categóricamente que haya habido fraude electoral, seguirá recorriendo el petrolero estado Zulia (noroeste) con todos sus ministros, en el denominado “gobierno de calle” que inició el jueves y con el que promete recorrer el país.

“Seguimos en el Zulia trabajando con el Gobierno de Calle. Tod@s desplegados revisando los problemas y llevando soluciones. Vamos Tod@s…”, escribió Maduro, que ha empezado a dejar atrás el tono místico que caracterizó su campaña en torno a la figura del fallecido Hugo Chávez.

Capriles, el gobernador del estado Miranda (norte) que no reconoce su estrecha derrota electoral -1,8 puntos porcentuales- ante Maduro en las elecciones del 14 de abril, tomó la decisión de impugnar los resultados después de que el jueves venciera el plazo que le dio al CNE para iniciar la auditoría que se comprometió a hacer “ante todos los venezolanos y el mundo”.

Tras varios días de movilizaciones y protestas de la oposición -que se saldaron con nueve muertos de los que el gobierno culpa a Capriles- el máximo órgano electoral anunció una auditoría ampliada de las elecciones presidenciales, atendiendo a una petición opositora.

Sin embargo, hasta ahora el CNE no ha divulgado una fecha de inicio ni las condiciones en las que se hará esa auditoría.

Según la prensa local, los cinco rectores del CNE -cuatro de ellos cercanos al chavismo y uno a la oposición- se reunieron el jueves por la tarde, pero no trascendió ninguna comunicación.

El diputado chavista Pedro Carreño, presidente de la comisión mixta que instaló la Asamblea Nacional para investigar los hechos violentos tras las elecciones, dijo este viernes que la impugnación “carece de fundamento jurídico porque no existen pruebas que sustenten la comisión de algún delito electoral ni que deslegitimen la transparencia del proceso”.

Según explicó el abogado constitucionalista y analista político Tulio Álvarez, la oposición tiene un plazo de seis meses para reunir todas las pruebas y presentar la impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que deberá o no admitirla e iniciar el proceso, que no tiene límite de duración y podría alargarse años.

“Depende del tipo de vicio que se alegue, podrían (la oposición) solicitar la repetición parcial (en algunas mesas o centros electorales) o total de las elecciones”, explicó a la AFP Álvarez, que no ve muchas posibilidades de que el recurso prospere.

“Lo que pudiera pasar es que sea rechazado el recurso, declarado sin lugar y entonces (la oposición) arremeterá contra las instituciones del Estado, porque ellos no tienen pruebas de nada”, declaró por su parte Carreño.

Capriles, que denunció de nuevo el jueves irregularidades supuestamente ocurridas en los comicios y expresó su escepticismo en cuanto a la independencia del sistema judicial venezolano, no descarta participar en la auditoría del CNE en paralelo al proceso de impugnación.

Para ello la auditoría debe ser hecha “en los términos que yo he dicho: para verificar huellas, para verificar firmas”, explicó el líder opositor, que reiteró que no acudirá a una verificación “chimba” (mal hecha).

“Los cuadernos de votación son la prueba de que el voto se corresponde con quien lo ejerció! No revisarlo hace la ‘auditoría’ una farsa”, escribió en Twitter.

Capriles exige que la auditoría incluya abrir las cajas, contar los comprobantes (papeletas), comparar el resultado del conteo con el acta de escrutinio del CNE, contar los votos emitidos de acuerdo al cuaderno de votación (donde se registra el padrón electoral) y comparar la cantidad de papeletas con el número de electores que sufragaron según registran los cuadernos.

Fuente: Agencias

El arzobispo de Barquisimeto, Antonio López Castillo, declaró que la actuación de los organismos de seguridad tras las elecciones del pasado 14 de abril no estuvo bien y hay videos y fotografías que demuestran que hubo violencia.

Informó que no fue fácil para él ingresar al Destacamento 47, donde tenían detenido a los jóvenes y que no recibió un buen trato.

Declaró que se consiguió con un muchacho que estaba descuidado físicamente, que sentía temor porque estuvo tomando fotografías y que no vio heridos graves, pero que jóvenes estaban molestos y pedían que defendieran los derechos humanos.

El arzobispo dijo que todos los sectores tienen derecho a manifestar y pidió que no se produzca violencia.

Fuente: Globovisión

“Nos dedicaremos a vigilar estas actuaciones y velaremos para que la declaratoria de emergencia no se convierta en un caldo de corrupción”, indicó Lester Toledo.

“En estos momentos de crisis y caos eléctrico, más que planes y frases de impacto mediático, el sistema eléctrico nacional lo que requiere es un diagnostico exhaustivo de la situación, situación agravada por 14 años de corrupción, desinversión y falta de mantenimiento, en tal sentido, aplaudimos el reto y disposición que el nuevo ministro del sector eléctrico, Jesse Chacón, ha asumido, pero también le respondemos que nos mantendremos vigilantes día a día de la ejecución del plan anunciado este jueves, le tomamos la palabra y si no cumple el plan de los 100 días le pediremos su renuncia. Desde ya lo emplazamos a recuperar en ese lapso los millones de dólares anunciados para el sector, pero desviados por los enchufados del Gobierno durante estos últimos cuatro años”, señaló Lester Toledo, diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ).

Toledo, quien ha defendido los intereses de los zulianos ante “las erradas políticas gubernamentales que han sometido a los ciudadanos a injustas multas eléctricas y a inclementes apagones”, emplazó al ministro Chacón a no caer en el juego proselitista y se desmarque de la visión “socialista” que tanto daño le ha hecho al sector eléctrico en el país.

“Acá llegó la hora de llamar las cosas por su verdadero nombre y asumir la responsabilidad y costo de tantos errores cometidos en esta última década. Nos parece positivo que inicien un plan de sustitución de electrodomésticos dañados por los apagones, pero referir a que este daño se debe a presuntos actos de sabotajes, nos siembra la duda de la verdadera intención de este anuncio. Si van a iniciar este plan de sustitución de electrodomésticos háganlo de manera integral, compensando las molestias y los gastos generados a los usuarios durante estos últimos cuatro años de agravamiento de la crisis eléctrica”.

Otro aspecto planteado por Lester Toledo, miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, está vinculado a las multas eléctricas aplicadas a los zulianos. Señaló: “Me preocupa de sobremanera, como nuevamente rehúyen a nuestra exigencia de eliminar las multas eléctricas impuestas exclusivamente en el Zulia. Si el plan de 100 días es sincero y la intervención de Corpoelec tiene por intención la mejora del servicio, entonces procedan de inmediato al cese del cobro de estas multas, porque ya basta que los zulianos sigamos pagando por una gestión ineficiente y corrupta”.

Sobre la nueva declaratoria de emergencia eléctrica publicada Gaceta Oficial Toledo señaló: “Si no partimos de un real diagnóstico de la situación del parque eléctrico en el país, difícilmente podrán tomarse las decisiones correctas. Acá insistimos que el problema del sistema ha sido una excesiva politización del recurso humano dejando a un lado el carácter técnico, la corrupción, centralización, la desinversión y falta de mantenimiento. Es por ello que, desde nuestra gestión parlamentaria, nos dedicaremos a vigilar estas actuaciones y velaremos para que la declaratoria de emergencia no se convierta en un caldo de corrupción ni de excusa para retaliaciones ni persecución a los trabajadores, sino en el verdadero ataque a la raíz del caos eléctrico en el país”.

Finalmente el diputado Toledo le recordó al ministro Chacón que “aunado a la declaratoria de emergencia y al plan de 100 días, también debe ocuparse de designar a un verdadero técnico que esté al frente de Corpoelec. Y que en la conformación de la Junta Interventora del ente, priven las razones técnicas y profesionales y no las políticas, porque de imponer el interés partidista, estaría sentenciando este esfuerzo al fracaso”.

Fuente: Nota de Prensa