Las denuncias de representantes del Gobierno sobre ataques a sedes de Centros de Diagnóstico Integral y Servicios de Rehabilitación Integral, supuestamente efectuados por la oposición, han servido para alentar la polarización en algunas comunidades. Sin embargo, poco después de semana y media de los hechos que se habrían registrado en por lo menos ocho centros asistenciales, no existen pruebas para responsabilizar a miembros de la oposición de la violencia denunciada por el oficialismo.
Ayer, en varios medios de circulación nacional se insertó una publicidad en la que se reiteraron, con imágenes fotográficas, las acusaciones de ataques dirigidos por lo que ha sido calificado por el Gobierno como “fascismo opositor”.
El aviso destaca que, luego de que el candidato Henrique Capriles Radonski no reconoció los resultados de las elecciones del 14 de abril, ocurrieron destrozos en varios centros asistenciales. En un recorrido por algunos de los sitios que se mencionan, como el CDI de La Vaquera en Guarenas, el de Palo Verde, el de Piedra Azul y el SRI de La Dolorita, en el estado Miranda, así como también el CDI El Danto del estado Zulia y el SRI La Páez del estado Vargas, se comprobó que esos centros de salud funcionan con normalidad.
Aunque en la mayoría de las sedes visitadas el personal médico y administrativo siente temor de declarar, por no tener previa autorización de la Embajada de Cuba, en el centro de diagnóstico de Guarenas ofrecieron una versión de los hechos. La supervisora del CDI La Vaquera, Adeljaimes Garnier, explicó que el 16 de abril por la noche fue arrojado un pañuelo en llamas hacia el comedor de esas instalaciones.
“Se presume que fue alguien de la oposición, pero no podemos asegurarlo porque nadie vio cómo pasó. Nos dimos cuenta porque una médico cubana iba a tomar agua y se percató de que el mantel y la mesa se estaban quemando”, refirió.
En las adyacencias del SRI de La Dolorita, los vecinos comentan sus versiones de los hechos abiertamente. Una mujer, identificada con el oficialismo, dijo que vio cómo opositores ingresaron con bombas molotov para causar daños en el centro de salud, mientras que otras mujeres advirtieron que lo que habría causado que uno de los equipos médicos se incendiara fue un cortocircuito.
Irregularidades en otros estados
El 18 de abril en la madrugada se registró un ataque en un centro de diagnostico integral localizado en la población de Ciudad Urdaneta, parroquia El Danto de Lagunillas, Costa Oriental del Lago de Maracaibo. De acuerdo con la versión oficial, bombas molotov fueron arrojadas por una de las ventanas del centro. No obstante, en una visita al centro se comprobó que no se registraron daños.
Posteriormente, oficiales de Polizulia resguardaron la institución que, según habitantes de la zona, tiene nueve años en funcionamiento y beneficia a un promedio de 200 pacientes todos los días. Simpatizantes del Gobierno que llegaron al lugar después de lo ocurrido culparon a seguidores de la oposición y de Capriles Radonski.
El 16 de abril, personal médico que trabaja en el CDI del estado Vargas, localizado frente al bloque dos de la urbanización La Páez, denunció los daños que sufrieron tres puertas de las oficinas internas y algunos ventiladores. Algunos médicos cubanos afirmaron, de manera extraoficial, que presumen que los ataques fueron cometidos por hampa común porque los sujetos abrieron un boquete por una de las ventanas de la parte posterior del establecimiento; rompieron vidrios y entraron en el lugar.
Los daños causados al establecimiento no ameritaron el cierre del servicio. Ayer, más de cien pacientes esperaban para ser atendidos, aunque la falta de ventiladores lo hacía imposible, por el sofocante calor en las instalaciones. “Cuando se supo de lo ocurrido, vino un coronel y levantó el informe, pero no hubo nada trascendente”, informó uno de los empleados del centro de salud.
Cerca de esas instalaciones hay otro CDI que presta servicios de odontología, oftalmología y medicina general. “Todo funciona bien y, en mi caso, no he visto ninguna anormalidad”, afirmó Yenimar Canelón, vecina de la zona que acudió a consulta.
Detrás del bloque tres está el CDI para medicina general, emergencias y servicios de rayos X. A diario atienden a más de cien pacientes, aseguró una de las empleadas, que se identificó como Ana María Hernández.
Se conoció que ninguno de esos establecimientos ha recibido ataques, pero, de acuerdo con testimonios, a diario irrumpen hampones en los locales comerciales de la zona.
“Entrevistas deben coordinarse con Embajada de Cuba”
En el Servicio de Rehabilitación Integral de la parroquia La Dolorita, localizado en el Colegio Germán Ubaldo Lira, el personal médico se niega a hablar con la prensa.
En una visita a esa sede para verificar las denuncias que el Gobierno hizo sobre supuestas agresiones a centros asistenciales cubanos, El Nacional no pudo conocer la versión del personal con relación a los hechos violentos que se habrían registrado el 15 de abril.
El coordinador del SRI, Wilma Valle Hernández, explicó que por ser de nacionalidad cubana no pueden dar declaraciones sin previa autorización de la embajada de su país.
«Por ser extranjeros, no estamos autorizados a declarar antes de notificarlo. Vinimos a este país a complementar el servicio de salud, pero no podemos asumir la responsabilidad de darles información», dijo.
Mientras Valle Hernández explicaba que no está permitido hacer fotografías ni videos en el centro de salud, otros trabajadores y médicos de nacionalidad cubana formaron una fila frente al equipo reporteril para escuchar la conversación. Al salir de las instalaciones, el coordinador del SRI, junto con otros empleados del centro, escoltó al personal del diario para evitar que tomaran fotografías.
En la sala de espera del SRI de La Dolorita se comprobó que el personal médico trabaja sin contratiempos. Sin embargo, desde las 1:00 pm hasta la 1:30 pm ningún paciente ingresó para recibir atención médica. Desde esa área no se pudo ver ningún lugar afectado.
Fuente: EN
