Ramón Guillermo Aveledo miembro del Comando Simón Bolívar ofreció entrevista en Globovisión. De entrada, Aveledo comentó la importancia del diálogo para calmar la situación que vive el país hoy en día. “El diálogo es necesario porque este país es de todos. El diálogo supone que reconoces y respetas al otro”.

Además comentó “El Gobierno no actúa como si quisiera el diálogo, lo que hace es disimularlo”. Aveledo comenta que una de las líneas que sigue el oficialismo es dividir a la oposición “Todo intento de separar a la unidad y a Capriles es una pérdida de tiempo, porque todo lo vamos a hacer juntos”.

Aveledo expresó que sería bueno contar con un tercero imparcial para ayudar con el diálogo. “Tenemos una Fiscal, una Defensora del Pueblo que hablan como dirigentes de partido. Eso no puede suceder”.

Sobre las denuncias que ha recibido Capriles explicó “Todas son falsas, ellos hacen eso es para cambiar la conversación. Ellos creen que si se concentran en una sola persona, los demás no se ven afectados. Y no, todos estamos juntos en esto”.

Aveledo reiteró que el diálogo es normal para los demócratas, sin embargo para otros es más complicado “Los que se creen monopolistas tienen dificultad de hablar con los demás, porque creen que no existen”.

Capriles ganó las elecciones el 14 de abril

Aveledo confesó que las elecciones habían sido ganadas por el candidato de la oposición Capriles. “Con todos los elementos que tenemos, sabemos que ganamos la elección y queremos demostrarlo”.

Además dijo que el CNE le hizo una burla a los presidentes en Unasur y al pueblo venezolano en relación a las auditorías. “Por eso insistimos en una auditoría seria. Tenemos un equipo de primera categoría para hacerlo. Mientras tanto estamos trabajando en la impugnación de las elecciones.

Tenemos un compromiso el cual es respetar el voto de los venezolanos. Toda imperfección que mancha el proceso hay que dejarla clara”, acotó.

Aveledo reveló que siguen recibiendo información que alimentan la impugnación en la cual están trabajando. “Estamos trabajando y verificando las informaciones, pero contamos con unas cuatro mil denuncias”.

Aveledo dijo que la actitud del presidente de la Asamblea Nacional lo que hace es demostrarle al mundo la situación de Venezuela. Sobre la comisión que formó el diputado Carreño en la AN, dijo “La AN no tiene autoridad para determinar responsabilidades de orden judicial.

Al testigo experto que mencionó es Mario Silva, un señor que hasta incluso los partidarios del Gobierno hablan con pena. Eso es una farsa”. “Un parlamento donde no se deja hablar y se agrede a los diputados no es un parlamento”.

Fuente: La Patilla

El dirigente nacional de Voluntad Popular y general de Brigada en situación de retiro, Antonio Rivero, rechazó las acusaciones en su contra que hizo este jueves el Ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, quien mediante un video lo involucró en supuestos actos de desestabilización y violencia.

«Miguel, nos conocemos desde hace más de 30 años, fuimos compañeros de promoción. Déjate de montar ollas burdas, pantallas que no dicen nada y dedícate a garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los venezolanos, que es para lo que estimo fuiste llamado”, expresó.

«El Gobierno lo que busca es desvirtuar, lo que como alternativa democrática, estamos demandando, que es conocer la verdad de lo que ocurrió el 14 de abril. Ellos buscan así criminalizar toda acción de protesta para hacer valer la voluntad popular», citando como ejemplo toda la campaña de inculpar a la dirigencia de la Unidad Democrática en supuestos ataques a los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), inclusive en cadena nacional, lo que posteriormente se demostró era falso.

El dirigente nacional de Voluntad Popular emplazó al Consejo Nacional Electoral «por la paz del país, a dar una respuesta a la solicitud de auditoría presentada por el Comando Simón Bolívar, y al Gobierno le pedimos dejar la persecución a quienes disentimos y estamos reclamando un derecho que está contemplado en la Constitución».

El general retirado, acompañado de integrantes del Equipo Nacional de Activistas de Voluntad Popular, como Freddy Guevara, David Smolansky, Luis Florido y el diputado Juan Guaidó, insistió en “que ninguna de estas ollas detendrán nuestro espíritu democrático. Seguiremos adelante, dando la cara, luchando con mucha fe y mucha fuerza, contra el abuso y la mentira, hasta imponer la verdad y construir una Venezuela donde todos los derechos sean para todas las personas”, finalizó Rivero.

Fuente: Globovisión

La directora de DDHH de la Universidad Católica Andrés Bello denunció que desde el gobierno , investigan ilegalmente los perfiles de sus empleados. “Es una cacería de brujas”

Ligia Bolívar denunció, en una entrevista con José Vicente Antonetti por Globovisión, que existen numerosos casos de despidos en la administración pública venezolana por “creencias políticas”.

“Estamos en presencia de una situación bastante masiva, preocupante y sistemática de despidos de funcionarios que están en instituciones del Estado por el ejercicio del derecho al voto. El voto es secreto, los teléfonos no”, dijo.

Ligia Bolívar: Hay una situación preocupante de… por Globovision

“A través de las cuentas Twitter, de las cuentas de Facebook, se está investigando a estas personas y se les está abriendo expedientes y algunos han sido despedidos”.

La directora de derechos humanos de la UCAB dio nombres de damnificados, de “personas de carne y hueso con nombre y apellido”. “Te puedo hablar de Edelca, de CVG sede central, te puedo hablar de Miverven, de Petomonagas, del Complejo de Jose”.

“Estamos recogiendo información de la gobernación del estado Nueva Esparta, y se está procesando información de funcionarios de protocolo del Consejo Legislativo del estado Miranda y otros casos en el estado Zulia”, detalló.

Según declaró la denunciante, esto siempre sucedió en los 14 años de chavismo, pero, a diferencia del pasado, “la gente ha perdido el miedo”.

Fuente: Infobae

Durante del mes de abril de 2013, lapso que coincide con la coyuntura electoral en Venezuela, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, organización no gubernamental encargada de la promoción y defensa de la libertad de prensa en el país, ha evidenciado un uso desproporcionado del poder estatal contra el trabajo de la prensa plural e independiente.

En este marco de conflictividad y polarización social, también, ha habido hostilidad de actores de diversos sectores político-partidistas, hacia periodistas y medios de comunicación.

Desde el inicio de la campaña electoral hasta la semana posterior al proceso comicial, se contabilizaron 48 casos de ataques contra la libertad de expresión e información, para un total de 84 violaciones.

Predominaron las obstrucciones hacia el trabajo periodísticas por el uso abusivo del poder estatal, principalmente por los cuerpos de seguridad del estado, funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), y autoridades ejecutivas. También, se evidenciaron limitaciones para la cobertura de asuntos públicos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, ataques a las sedes de los medios de comunicación, ataques cibernéticos, acciones de intimidación y persecución, procedimientos administrativos y judiciales, y medidas de censura.

Estos incidentes son contrarios a las garantías, en materia de libertad de expresión e información establecidas en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y otros instrumentos internacionales de protección de derechos humanos.

En este lapso, IPYS Venezuela reportó 77 víctimas, en su mayoría equipos reporteriles de medios privados, estatales, y comunitarios. También, se vieron afectados 15 medios privados, 3 medios públicos y comunitarios, 2 organizaciones no gubernamentales, y 3 instituciones del Estado.

La ciudad con mayor registro fue Caracas, capital del país, donde se reportaron 11 casos; seguida por el estado Lara (6); Barinas (4); Zulia (4); Táchira (4); Aragua (3); Mérida (2); Bolívar (2); Monagas (2); Carabobo (2); Cojedes (2); Falcón (1); Portuguesa (1); Miranda (1); Anzoátegui (1). Más tres ataques registrados en Internet. La mayoría de incidentes registrados coincidieron con las actividades y conflictos reportados en las calles en varias ciudades del país durante la coyuntura electoral.

IPYS Venezuela expresa su preocupación por la agudización de los ataques contra la prensa en el país, debido a que quienes desarrollan el ejercicio periodístico en Venezuela se encuentran en una situación alta vulnerabilidad.

Los 48 casos reportados durante el contexto electoral, representan el 43% del total de los incidentes que se han registrado durante 2013, debido a que de enero a abril se han sumando 115 casos, según el monitoreo permanente en el área de libertad de prensa de IPYS Venezuela. A su vez, hemos visto un aumento excesivo de la hostilidad contra la prensa al comparar esta última cifra con los 200 casos reportados en 2012.

Presiones gubernamentales

Esta situación ha sido alimentada por un discurso, sostenido, de confrontación y agresividad de parte de las autoridades venezolanas, lo cual no contribuye a la conciliación nacional y a la sostenibilidad pacífica de las acciones tanto de las instituciones públicas como de la sociedad civil. Así lo demuestran las declaraciones públicas reiterativas de autoridades del gobierno nacional, quienes han afianzado mensajes de odio y de criminalización hacia la labor de la prensa libre, plural e independiente. También, ha habido una utilización desproporcionada de los recursos de los medios estatales para mantener este clima de conflictividad contra la prensa.

Detenciones arbitrarias

En esta coyuntura preocupan las acciones que denotan un uso abusivo del poder estatal contra los periodistas. Así lo evidencian las detenciones arbitrarias contra reporteros que realizan su labor en las calles, que se han registrado en el contexto postelectoral, el cual ha estado marco por altos niveles de conflictividad social.

Uno de los casos reportados por IPYS Venezuela, fue la detención arbitraria de Juan José Farías, reportero; Eduardo Méndez, reportero gráfico; y Yolman Bejarano, chofer; equipo reporteril de La Verdad, periódico privado regional con sede en Maracaibo, estado Zulia.

Agresiones físicas

Desde el 14 de abril de 2013, en acciones de calles y en la cobertura de protestas ciudadanas en rechazo al veredicto electoral resultaron heridos 8 periodistas y fotógrafos de medios privados, estatales y comunitarios quienes, además, recibieron insultos y descalificaciones por parte de cuerpos de seguridad del Estado y simpatizantes político partidistas.

Labor de la prensa en riesgo

Este panorama se enmarca en una coyuntura de conflictividad sociopolítica que se ha acentuado en durante 2013, registrando una agudización en el mes de abril, por razones electorales. Además, IPYS Venezuela ha registrado un incremento sustantivos de casos en lo que va de año, en comparación a 2012. De enero a abril de 2013, IPYS Venezuela ha contabilizado 115 casos de violaciones a la libertad de expresión en el país, lo cual representa 57% del total de incidentes registrados durante 2012 (año que record de agresiones a la prensa, según los datos históricos de 2002 a 2012).

Durante los 10 procesos electorales que se realizaron en Venezuela el país desde 2004 a 2012, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, ONG reportó 824 incidentes sobre violaciones a este derecho. Del Referéndum Revocatorio Presidencial (2004) a las Elecciones Presidenciales (2012) las obstrucciones a la prensa han mostrado una radicalización, en su mayoría bajo la responsabilidad del Estado, siendo los equipos reporteriles los más afectados.

Hubo un incremento de más del 400% entre los casos de 2004 -cuando ocurrieron 44 incidentes de violaciones la actividad periodística- y 2012 -año en el que el número ascendió a 200 incidentes.

Obligación del Estado IPYS Venezuela hace un llamado al Estado venezolano a garantizar las medidas necesarias para garantizar el pleno disfrute de la libertad de expresión e información en el país, sin que existan amenazas, ataques ni acciones de censura.

También, exhortamos a las autoridades públicas a proteger la integridad física y la seguridad personal de los trabajadores de la prensa, activistas de derechos humanos, y ciudadanos que difunden informaciones y emiten opiniones por distintos medios de comunicación. Asimismo, es urgente que se desarrollen las investigaciones necesarias para sanciones los incidentes registrados en el contexto electoral.

Fuente: Globovisión