La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, no había reaccionado bien el mes pasado al nombramiento de Jorge Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires, como Papa. Había recordado en aquel momento que había “acusaciones muy serias” contra él por el secuestro en la última dictadura militar de Argentina (1976-1983) de dos curas de la Compañía de Jesús, que Francisco dirigía en aquel tiempo en este país. También se había quejado de que como arzobispo jamás había hablado de los 500 nietos de las Abuelas de Plaza de Mayo que fueron robados de sus madres desaparecidas y entregados a integrantes de las fuerzas de seguridad y personas vinculadas a ellas, a veces por intermediación de religiosas y laicos católicos.

Sin embargo, Carlotto pidió ver al Papa y éste la citó para este miércoles, en una audiencia general en la plaza de San Pedro junto con otras 100.000 personas. Pero Francisco se ha acercado a ella y han hablado durante dos minutos. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo le ha entregado una carta pidiéndole que abriera los archivos de la Iglesia argentina y del Vaticano para ver si hay información de sus hijos desaparecidos y nietos robados (aún hay 400 sin identificar, incluido el de ella). También le ha rogado que advirtiera a los miembros de la Iglesia sobre el “pecado” de ocultar información sobre “secuestros, asesinatos y robos de bebés perpetrados por el terrorismo de Estado”.

“Cuenten conmigo, estoy a su disposición”, ha sido la respuesta del Papa, con la que Carlotto ha quedado conforme. “Eso fue suficiente. Nace otra instancia. Fue como una transmisión de afecto, una transmisión de la Iglesia que queremos los católicos. Es un hombre sencillo, con mirada clara, que nos besó”, ha dicho en rueda de prensa. Junto a ella estaban otra abuela de Plaza de Mayo, Buscarita Roa, que le ha regalado al Papa el tradicional pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo, y uno de los 108 nietos recuperados, Juan Cabandié, concejal kirchnerista de Buenos Aires que el día de la designación de Bergoglio se negó a participar en un homenaje a su figura.

Cabandié le ha contado al Papa que estaba leyendo el libro sobre la conferencia episcopal latinoamericana de Aparecida (Brasil) en 2007 que el nuevo pontífice le había regalado a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. El Gobierno argentino dio un giro de 180 grados en su relación con Bergoglio: se acabaron los años de tensión desde que lo nombraran pontífice y se desatara la papamanía.

Carlotto ha aclarado que el encuentro no cambia el pasado, pero sí el presente: “La historia no se borra, él nunca habló de nuestros nietos y había dolor en nosotras. Y llegó la oportunidad… La vida es eso, oportunidades y las abuelas tenemos paciencia”.

El pasado jueves, la hermana de uno de los dos jesuitas secuestrados, Graciela Yorio, había declarado como testigo en el tercer juicio sobre los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros clandestinos de detención del régimen. La testigo denunció que contra su hermano Orlando ocurrió una “clara persecución [ideológica] de la Compañía de Jesús”, que lo desvinculó poco antes de ser secuestrado por la dictadura. Graciela Yorio dijo que la desafectación de su hermano, un sacerdote que vivía en un barrio de chabolas y era acusado injustamente de guerrillero, lo dejó en una “situación de desprotección total”. También contó que Bergoglio le había dicho a ella en aquel tiempo que él había hablado bien de su hermano, en contraposición a lo que sospecha la testigo. En su testimonio, Graciela Yorio no acusó de ningún delito al ahora Papa.

Fuente: ElPaís

Todas las miradas están puestas en el Congreso, que debate la polémica reforma judicial.

Para el gobierno es una «democratización» del único poder del Estado que no es elegido por el pueblo y que actualmente está bajo la influencia de «corporaciones económicas». Pero para los críticos, la reforma judicial que hoy analiza la Cámara de Diputados de Argentina es una violación a la independencia de la Justicia y una forma de autoritarismo.

Se trata del cambio más profundo del Poder Judicial de las últimas décadas: si el proyecto oficialista se convierte en ley, como ocurriría en las próximas semanas, de ahí en más quien gane las elecciones presidenciales probablemente también controlará el órgano que define la elección y destitución de jueces.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner propuso que los jueces, abogados y académicos que integran este órgano -el Consejo de la Magistratura- sean designados ya no por sus pares, como ocurre ahora, sino por el electorado en comicios generales.

Así, Argentina será el único país de la región en donde el organismo que nombra a los jueces será elegido por voto popular. Sin embargo, no será el único del continente en donde la población juega una parte importante en la elección de jueces.

El proyecto oficialista amplía la cantidad de miembros del Consejo de 13 a 19, sumando a cinco académicos y a un abogado. De esta forma la presidenta Fernández revirtió una reforma que ella misma había impulsado como senadora en 2006 cuando redujo la composición de 20 a 13 consejeros.

Simple mayoría

Quizás el cambio más controvertido de la propuesta es el que simplifica el proceso para nombrar y remover jueces. Mientras que antes se necesitaba una mayoría de dos tercios de los consejeros ahora la mitad más uno de los integrantes del cuerpo podrá seleccionar o destituir a un magistrado.

La mandataria argentina dijo que esta reforma era necesaria para que la Justicia «garantice los derechos de todos y no sólo de los que tienen capacidad de lobby».

Una encuesta del diario digital Infobae, en la que participaron más 30.000 lectores, mostró que el 86% no está de acuerdo con la reforma.

Pero la oposición en su conjunto y otros actores de la sociedad civil, incluyendo a la Iglesia, decenas de organismos no gubernamentales (ONGs) y representantes de los abogados y jueces, denunciaron que el gobierno busca controlar al Poder Judicial.

«Quieren domesticar y no democratizar la Justicia», sintetizó el diputado Alfonso Prat-Gay de la Coalición Cívica.

Cientos de miles de argentinos críticos del gobierno protestaron en las calles el jueves pasado y entre sus consignas principales expresaron su rechazo a la reforma judicial.

La oposición también montó una carpa de protesta frente al Congreso e invitó a la población a movilizarse contra la reforma.

También hay quienes apoyan la medida por considerar que muchos jueces en la actualidad defienden al poder económico, algo que –sostienen- puede verse con claridad en varios fallos recientes que perjudicaron al Estado.

El caso Clarín

El caso que está en el centro de la polémica y que generó mucha tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial es el del Grupo Clarín, el principal multimedios del país, que está enfrentado con el gobierno.

La semana última Clarín obtuvo un nuevo fallo favorable en su batalla judicial para evitar tener que adecuarse a la Ley de Medios, una legislación antimonopólica aprobada por el oficialismo en 2009 que lo obligaría a desprenderse de algunas de sus empresas.

El mismo tribunal que falló a favor del multimedios ya lo había favorecido en diciembre pasado cuando extendió una medida cautelar que protege al Grupo y que lo exime de tener que adecuarse a la nueva ley hasta que se defina su constitucionalidad.

¿Quién elige a los jueces?

Consejo de la Magistratura (cuyos integrantes son votados por sus pares): en Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Venezuela.

Corte Suprema de Justicia: en Chile, Uruguay, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Congreso: en Costa Rica, Cuba, Haití y Puerto Rico (Senado).

Presidente: en Estados Unidos y Brasil los jueces federales o superiores son nombrados de por vida por el jefe de Estado, con aprobación del Senado.

Voto popular: en Bolivia desde 2009 la Asamblea Legislativa elige precandidatos que luego se someten al voto ciudadano. En EE.UU. en la mayoría de los Estados jueces de instancias menores se elijen por voto popular.

En enero pasado otra medida cautelar perjudicó al gobierno, frenando la expropiación de la principal sede de la Sociedad Rural Argentina (SRA) –uno de los principales referentes del campo-, que había sido ordenada por un decreto de la presidenta.

Por este motivo, el Poder Ejecutivo decidió incluir entre las reformas propuestas una modificación sustancial del uso de las medidas cautelares contra el Estado: ahora podrán durar un máximo de seis meses, prorrogables por otros seis. Y no se podrá dictar cautelares sobre los bienes del Estado.

Pero incluso organismos afines al gobierno criticaron con dureza estos cambios.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presidido por el periodista Horacio Verbitsky, se opuso a estos límites, afirmando que dejarían al demandante en una posición indefensa ante alguna arbitrariedad del Estado.

Sin embargo también hay cambios que son mayoritariamente bienvenidos, como el ingreso por examen o sorteo al Poder Judicial –salvo algunas excepciones-, la publicación en internet de las declaraciones juradas de bienes de los jueces y la creación de un registro de causas judiciales en trámite.

¿Democrático o autoritario?

«Queremos democratizar un poder que desde su nacimiento tiene un profundo déficit democrático», explicó el ministro de Justicia, Julio Alak, al defender su propuesta en el Congreso.

«Yo como ciudadano me siento más protegido si el partido que voté elige a los magistrados y no que los elijan 700 jueces y 20.000 abogados.»

Julio Alak, Ministro de Justicia

El funcionario negó que la reforma sea un intento por parte del partido gobernante (el kirchnerismo) de concentrar el poder, afirmando que en el futuro serán otras fuerzas políticas las que tendrán la mayoría electoral y por ende el control del Consejo de la Magistratura.

«Estamos convencidos de que es mejor que los jueces sean votados por fuerzas políticas populares y no que los elijan los representantes de las corporaciones», señaló, en referencia a las asociaciones de jueces y abogados que en la actualidad votan a sus pares para conformar el Consejo de la Magistratura.

«El poder judicial no es de los jueces y de los abogados, es del pueblo, como los otros poderes», completó.

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel considera «saludables» los planes del gobierno.

«Creemos que es una decisión correcta del gobierno y hay que tratar de ver que se lleve adelante lo mejor posible», afirmó.

Preocupación

Esta reforma se produce en el conexto de un enfrentamiento judicial entre el gobierno y el Grupo Clarín.

Sin embargo la mayoría de las organizaciones consultadas por BBC Mundo se mostraron críticas.

«Los proyectos presentados contienen elementos preocupantes», expresó el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en una declaración enviada a este medio.

«(La limitación de las medidas cautelares) perjudica a los ciudadanos cuyos derechos han sido violados por el Estado, al establecer un plazo máximo de seis meses (prorrogable por otros seis) cuando los procedimientos judiciales duran en general varios años», detalló.

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) se mostró muy crítico con el proyecto gubernamental.

«Los cambios al Consejo de la Magistratura y a las medidas cautelares dañan gravemente la independencia del Poder Judicial», dijo a BBC Mundo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Algunos detractores advierten que más allá de las reformas el gobierno ya tiene una fuerte influencia sobre la Justicia: un 55% de los jueces nacionales y federales fueron nombrados por el kirchnerismo desde que llegó al poder en 2003.

En tanto, muchos analistas anticipan que una vez que se convierta en ley la reforma será impugnada ante la Justicia, por lo que es improbable que se elija consejeros en las próximas elecciones legislativas de octubre.

Fuente: BBCMundo

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, dijo este miércoles en Lima, Perú, que América Latina ya no es el espectador de antes y algunos de sus países ahora pueden invertir en sus antiguos colonizadores, tras la inauguración del Foro Económico Mundial en Lima.

“Latinoamérica ya no es el espectador de antes, ahora América Latina es un jugador y entre los jugadores están países como Brasil, México, Perú, que han logrado muchas cosas que han significado provecho para los pueblos”, subrayó.

“Los países que fueron colonias van a ir a comprar a nuestros antiguos colonizadores, ahora tenemos la oportunidad para que los empresarios de nuestros países puedan ir a invertir a lugares como Europa y Estados Unidos, algo que antes no se veía”.

Martinelli hizo hincapié en que con ayuda de los pueblos y las empresas los gobiernos latinoamericanos pudieron “reducir de manera contundente los altos niveles de pobreza y desigualdad que teníamos”.

“Hemos podido romper la brecha social que había mediante políticas de crecimiento con desarrollo. (…) Los más pobres se benefician porque todos los gobiernos tienen agresivos programas sociales para ayudar a que la gente tenga mejor calidad de vida”, dijo.

El jefe de Estado panameño puntualizó que los mandatarios de la región tienen problemas similares frente a los cuales “han hecho un trabajo ejemplar reduciendo la pobreza”. En Panamá, aseguró, los niveles de pobreza y de pobreza extrema cayeron de 38% a 25% de la población.

Martinelli, quien asiste a las sesiones del Foro Económico Mundial, se reunió temprano el miércoles con el presidente peruano Ollanta Humala, quien lo recibió en el Palacio de Gobierno de Lima.

Tras la reunión, que se prolongó por espacio de una hora, Humala dijo que uno de los puntos que abordaron fue la aplicación de mecanismos de comercio, en función de que Panamá e3s actualmente “observador” de la Alianza del Pacífico, que integran Chile, México, Colombia y Perú.

Panamá será organizador del Foro Económico Mundial sobre América Latina en su edición 2014.

Fuente: LaPatilla