El abuso de poder del chavismo ha sido abrumador en la preparación de las elecciones presidenciales de mañana. La documentación interna chavista que este diario ha podido analizar –es parte de la información que ha llegado al equipo de campaña del opositor Henrique Capriles, pero que este ha preferido de momento no denunciar, reservándose cualquier acción a lo que ocurra la noche electoral– no hace más que aportar detalles sobre un «ventajismo» del que durante años se ha quejado la oposición, señalando casos concretos, ante los oídos generalmente sordos de la comunidad internacional.
Para la jornada de mañana, por ejemplo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha movilizado a sus militantes para controlar las plantas de generación eléctrica, lo que se haría en complicidad con el Ejército, pues el Gobierno anunció que encargaba a los militares la protección de las instalaciones. Los listados incluyen los nombres y teléfonos de quienes se harán responsables de ellas en caso de necesitarse una acción, al margen del organigrama de la empresa. [Ver listado en PDF. LSB: Luchadores Sociales Bolivarianos. UATIC: Unidades de Acompañamiento Técnico Integral Comunal]
Esos activistas llevan días informando sobre si ya tienen garantizado el acceso a las estaciones en la jornada electoral o si se les ha puesto dificultades para el trabajo encomendado. En un país de frecuentes apagones, velar por el suministro es esencial para garantizar el desarrollo de la votación, pero también permite camuflar como incidencia lo que puede ser un «apagón político» para impedir el ejercicio del voto en terminados lugares.
«La maquinaria es descomunal», advierte un anterior alto cargo chavista que ahora vive en EE.UU. Asegura que la supervisión central de los datos electorales durante el día de las votaciones se realiza en una casa de la urbanización El Placer, en el área metropolitana de Caracas. «Era la sala electoral de Chávez. Allí llega toda la información, cada dos horas se actualiza el número de votos de un candidato y de otro», asevera, confirmando lo publicado por ABC sobre el acceso ilegal del chavismo a la evolución en tiempo real del voto, lo que le permite redoblar la movilización donde lo necesite. La casa, con «apariencia de búnker» por lo cercada que está, es propiedad de Rafael Lacava, alcalde de Puerto Cabello. El chavismo aprovecha para sus fines partidistas la infraestructura y fondos del Estado para la propaganda y la movilización propia, así como para la coacción de funcionarios, otros trabajadores del sector público y los beneficiarios de ayudas. Se trata de algo bien conocido en Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral, controlado férreamente por los chavistas, se desentiende de las frecuentes denuncias.
«Ventajismo, abuso de poder, utilización indiscriminada y sin control de los recursos públicos. Todo el dinero proveniente de los ingresos petroleros o producto de los tributos. Un Consejo Nacional Electoral que, más que árbitro, se ha convertido en actor», decía ayer en una elocuente enumeración el diario «El Universal» en su editorial. Entre otras cosas hacía referencia a la descompensada aparición de Nicolás Maduro en televisión, con la obligación por ley de que todas televisiones, públicas y privadas, la emitan en cadena. O al uso de las Fuerzas Armadas en el esfuerzo electoral (estos días han aparecido fotos de camiones militares con propaganda del partido).
Entre los informes vistos por ABC hay una minuta de una reunión del PSUV celebrada en la presidencia de la petrolera PDVSA, donde la comisión de logística, movilización y despliegue del partido concretaba el uso de fondos e infraestructuras de la compañía para la campaña. El presidente de PDVSA y ministro de Energía, Rafael Ramírez, ha sido precisamente coordinador jefe de esa comisión.
Del presupuesto de PDVSA ha salido todos estos años el dinero para financiar las misiones sociales creadas por Chávez. El expresidente se la ingenió así para transformar sus programas sociales en una formidable maquinaria de retención del voto cautivo.
Horizonte, 10 millones de votos
La insistencia del fallecido mandatario en que las misiones (sanidad, vivienda, tercera edad…) contaran con unos ocho millones de beneficiarios ofrecía un clara meta electoral. Con los 7,9 millones de miembros de esos programas para las clases más bajas (sectores socioeconómicos D y E, como se les conoce en Venezuela) y los 2.4 millones de funcionarios públicos, el horizonte del voto chavista ascendía a 10,3 millones, lo que supone el 55% del registro electoral. Ese fue justamente el porcentaje de votos que logró Chávez el pasado mes de octubre.
Como entonces, el esfuerzo chavista se ha concentrado en estas elecciones en esos sectores de la población. Sin haber querido dar nunca a la oposición el padrón electoral, lo que descalifica el estándar democrático de los comicios, el chavismo se ha beneficiado de la base de datos del CNE y del Gobierno. Documentos internos muestran cómo el PSUV sabe quiénes de los beneficiarios de las ayudas públicas votaron a Chávez las pasadas elecciones y quiénes no, con lo que está servida la presión y la posible extorsión para que mañana acudan a votar por el oficialismo. Un operativo perfectamente pautado está contactando por teléfono con todos ellos. El chavismo considera que necesita movilizar a 2,2 millones de personas de su «universo» que no le votaron en octubre.
Fuente: ABC
