En octubre del 2000, un joven Ollanta Humala comandante del Ejército peruano se levantó en armas en contra del tambaleante gobierno de Alberto Fujimori.
Casi 13 años después, ya como presidente de Perú, Humala tiene en sus manos la llave que podría darle la libertad al exmandatario, condenado en el 2009 a 25 años de prisión por haber sido el «autor mediato» de dos matanzas perpetradas cuando su Gobierno enfrentaba a rebeldes izquierdistas, expuso Reuters.
Condonar una sentencia por abusos a los derechos humanos que América Latina consideró histórica abriría las heridas de este brutal conflicto interno -ocurrido en las décadas de 1980 y 1990-, que para muchos peruanos siguen sin suturar.
Y acarrearía consecuencias políticas para Humala, que llegó al poder en el 2011 tras una ajustada definición con una de las hijas de Fujimori, en la que no fueron pocos los que votaron por él para evitar que el fujimorismo regresara al poder.
La resolución del pedido de indulto estaría más cerca, pues el informe de una Comisión de Gracias Presidenciales, que evalúa las solicitudes de indulto, se encuentra en el tramo final.
A continuación se analizan las potenciales consecuencias políticas para Humala ante la concesión o no del indulto:
Humala concede el indulto:
Un eventual perdón de Humala que evitara que Fujimori cumpla toda su condena tendría repercusiones para su Gobierno tanto en el frente interno como en el externo.
El primer costo sería perder a los aliados políticos que nucleó para derrotar a Keiko Fujimori, hija mayor del exmandatario, en las últimas elecciones presidenciales.
«Sería el tiro de gracia para su alianza con los antifujimoristas», dijo el politólogo Steve Levitsky en una columna publicada poco después del pedido. Los «votantes antifujimoristas no aguantarían el indulto. Jamás volverían a votar por un candidato (o candidata) humalista», acotó.
Esos electores no olvidan los casos de corrupción ni la mano dura con la que combatió Fujimori a las guerrillas izquierdistas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Paradójicamente, para otros el exmandatario fue quien «pacificó» a un país convulsionado y puso la primera piedra para el sólido desarrollo económico de la pasada década.
La pérdida de esos votantes minaría las posibilidades de quien sea el candidato oficialista en las elecciones del 2016, a las que Humala no puede presentarse porque la ley peruana prohíbe la reelección inmediata, concordaron analistas.
El electorado fujimorista le agradecería haber liberado a su líder, pero difícilmente estaría dispuestos a cambiar su voto en favor de Keiko Fujimori por una opción oficialista.
«Políticamente hablando, (Humala) no gana nada», con el indulto, dijo el analista Santiago Pedraglio a Reuters.
Y sus alianzas políticas, especialmente en el Congreso, se resentirían.
La coalición Gana Perú con la que Humala llegó al poder es la principal bancada en la Legislatura, pero sin alcanzar la mayoría. Para tenerla, debió aunar fuerzas con partidos como el del expresidente Alejandro Toledo, quien se opone al indulto.
El perdón presidencial resquebrajaría ese lazo y dejaría a la bancada oficialista -que ya sufrió el alejamiento de legisladores de izquierda decepcionados con el gran acercamiento de Humala con los empresarios- sin su principal aliado.
Y tampoco garantizaría el beneplácito de los legisladores fujimoristas, la segunda fuerza en el Parlamento.
«Dudo que los fujimoristas sean un apoyo consistente, especialmente porque su candidata va a ser una candidata de peso en el 2016», observó el politólogo Eduardo Dargent, profesor de la Universidad Católica de Perú.
Una decisión a favor del indulto también generaría el rechazo de figuras, como el escritor Mario Vargas Llosa, que apoyaron a Humala de cara a la segunda vuelta presidencial, cuando algunos aún temían que el líder nacionalista diera un brusco giro en las políticas económicas pro mercado.
«Yo espero que el Gobierno peruano no ensucie su gestión», dijo el literato hace unos meses.
Fuera de Perú, la noticia tampoco sería bien recibida.
«Fue una sentencia paradigmática en América Latina frente a un ex presidente, y además no por cualquier causa, sino por delitos gravísimos contra los derechos humanos», acotó el analista Santiago Pedraglio. // IPP
Fuente: El Universal