Lo que unas horas antes parecía encauzado amenaza con irse al traste este domingo. El Gobierno chipriota alcanzó el sábado un preacuerdo con los tres organismos que deben prestarle 10.000 millones (Comisión Europea, BCE y FMI). Eran condiciones muy duras, pero Nicosia parecía dispuesta a aceptarlas para evitar el abismo al que se asoma. Pero la situación se ha complicado en las últimas horas. «Las negociaciones están en un momento muy delicado. La situación es muy difícil y los plazos, perentorios», aseguró en un comunicado el portavoz del presidente Nikos Anastasiadis.

Los chipriotas culpan al Fondo Monetario Internacional (FMI), «que presenta nuevas exigencias cada media hora», de las dificultades, señalan fuentes mencionadas por la agencia CNA. Según esta versión, el organismo que encabeza Christine Lagarde estaría reclamando que el Banco de Chipre, el mayor del país, corra la misma suerte que Laiki, la segunda entidad por tamaño. Tras desaparecer para dividirse en un banco bueno y otro malo, los ahorradores de Laiki con más de 100.000 euros no recuperarán su dinero en años, y nadie sabe si acabarán por perderlo todo. «¡Esto es muy importante! Si fuera así, se desataría el caos», apunta una fuente no oficial del Gobierno.

El enrarecimiento de las conversaciones se produce el mismo día en el que el Eurogrupo se reunirá en Bruselas para estudiar el acuerdo que debe alcanzarse antes del martes. El Banco Central Europeo (BCE) ha amenazado con que si para entonces no se ha pactado el rescate dejará caer al sistema financiero chipriota. El presidente Anastasiadis ha salido a primera hora de la mañana rumbo a Bruselas para participar en las negociaciones.

El pacto al que Nicosia llegó el sábado con la troika incluía una reestructuración del sistema financiero en el que quedarían libres de toda carga los ahorradores con menos de 100.000 euros. El coste para los que superen esta cifra dependería de la entidad en la que tuvieran su dinero: pérdidas masivas para los de Laiki, una quita del 20% para los del Banco de Chipre; y del 4% para el resto de entidades. El Gobierno tendrá, además, la potestad de imponer control al movimiento de capitales. Tras una semana de anuncios, rectificaciones, rechazos y titubeos solo faltan unas horas para saber si este plan es, al fin, el definitivo./YG

Fuente:Agencias

El clásico colombiano José Eustacio Rivera escribió en ‘La Vorágine’ que el protagonista de la novela “se jugó la vida a la violencia y la perdió”. Juan Manuel Santos ha apostado algo tan o más valioso que la vida, su lugar en la historia, a que es capaz de acabar con esa violencia que desgarra la nación colombiana desde hace más de medio siglo.

El 19 de noviembre de 2012 comenzó en La Habana la fase emergida de un tenso y demorado drama: las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC. Esas negociaciones se han denominado con abigarrado desparpajo: ‘Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, como si estuviera asegurado el final feliz. Pero aproximando el angular comprobamos cómo el titular encierra dos objetivos bien diferentes : la terminación del conflicto, entendido como fin de las hostilidades; y el logro de la paz, que no necesariamente se desprende del anterior.

El mes de febrero fue relativamente aciago para el presidente Santos: la protesta social arreciaba; la política económica del Gobierno inspiraba serias dudas; se deterioraba la percepción pública de la seguridad; el expresidente Álvaro Uribe recorría y recurría a la descalificación personal tronando y ‘trinando’ –colombianismo por tuiteando- contra unas conversaciones que la opinión empezaba a ver con creciente escepticismo; y todo ello, coronado por una apreciable caída de la popularidad presidencial. Como escribía Jorge Restrepo en ‘Semana’ era “la tormenta perfecta”.

Las tres grandes cuestiones de las que desearían conocer hoy la respuesta los colombianos son: 1) si habrá firma de la paz, probable sine qua non para que Santos sea reelegido, y que permita conjurar el anatema de violencia que hay quien ha erigido en ADN del país; 2) si la paz o el fracaso de las negociaciones resolverán en favor del presidente Santos o de su antecesor Uribe una guerra que ya es de extrema violencia verbal; y, en caso de que haya paz, si la opinión va a aceptar la impunidad con que se reintegrarían a la vida política gran número de guerrilleros que incluso hubieran cometido delitos de sangre.

La periodista y politóloga Claudia López, que hace esfuerzos sobrehumanos por distanciarse tanto del presidente como de su gran debelador, sitúa la cuestión en términos con los que coincidirían los temores de muchos de sus compatriotas: “La paz no se firmará en Cuba; solamente el fin de la guerra. Esa es la condición mínima para dedicar el resto de la vida a construir la paz”. Esa es la trinchera en torno a la cual se polariza la vida política colombiana. El santismo –sentimiento aún en coalescencia- y el uribismo, berroqueño e intransferible, se maltratan uno a otro con el cuerpo aún maltrecho de Colombia a sus pies.

Marta Lucía Ramírez, que aspira a la candidatura del partido conservador a la presidencia, pero dentro de las toldas de Uribe porque el expresidente no puede serlo por razones constitucionales, critica el hecho mismo del enfrentamiento: “No habrá un ganador, sino dos líderes que han perdido puntos ante la historia. Colombia necesita un Gobierno que priorice la institucionalidad, que garantice el Estado de Derecho”. Porque para la que fue ministra de Defensa con Uribe la paz no es una firma sino un proyecto: “Habrá paz solo cuando tengamos un Estado para la que lo más importante sea la seguridad de todos los colombianos, la Justicia, la Ley y la Educación”.

El punto de vista generalizado entre el uribismo es el de que la paz no se conseguirá negociando con un puñado “de terroristas”, y el más enfático en la crítica de lo que llama engaño y traición perpetrados por el poder, es Pacho Santos, vicepresidente con Uribe, y aspirante como Marta Lucía Ramírez y media docena más, a ser su candidato presidencial: “Habrá acuerdo pero no paz”. Lo que explica augurando una escisión en las FARC, la guerrilla un día marxista y hoy protectora y comisionista del narcotráfico: “El narco necesita una cobertura de fuerza y puede recoger a muchos elementos de las FARC que no acepten la paz”. Desde una posición meticulosamente alejada de los extremos, Roberto Pombo, director del diario más importante de Colombia, ‘El Tiempo’, coincide en que habrá firma pero que “el narco seguirá generando violencia”, opinión que corrobora su competidor más destacado, Fidel Cano, director de ‘El Espectador’, el gran periódico de Bogotá.

¿Pero por qué la firma de un acuerdo parece relativamente asequible? Alfredo Molano, politólogo y folklorista de la lengua lo explica convencido: “Habrá paz, pero la paz de los derrotados. Todas las estrategias de guerra, del Estado y de la guerrilla, han fracasado. En las FARC hay una generación de mandos más urbanos que campesinos, y en las FF. AA. los jefes son también más profesionales, y ya no formados en los tiempos de la Guerra Fría”. El parecer más extendido es el de que desde el doble mandato de Uribe (2002-2010) la guerrilla no ha hecho sino retroceder. El expresidente Ernesto Samper, prohombre del partido liberal, hoy próximo a Santos, aunque siempre estuvo en buenas relaciones con Uribe, reconoce el mérito del anterior presidente en la lucha contra la insurgencia y añade: “Las FARC saben que esta podría ser su última oportunidad de alcanzar un salida política del conflicto”. El historiador Jorge Orlando Melo, por último, lo resume dramáticamente: “Las FARC saben que si no firman morirán en la selva”, y la analista uruguayo-colombiana Laura Gil coincide en que la suerte de la guerrilla está echada.

Uribe Vélez acaba de ‘trinar’ (jueves, mediodía hora española) alertando contra “el inminente anuncio” de un primer acuerdo en La Habana “con los narco-criminales” sobre restitución de tierras y reforma agraria. Y parece claro que si hay acuerdo el enfrentamiento entre el líder antioqueño y el presidente se decantará favorablemente a este último. Pacho Santos, en el mejor estilo del establecimiento colombiano primo hermano de Juan Manuel, escribía en ‘El Colombiano’ de Medellín: “Trata de mantener (el presidente) la ficción de que preserva el legado de Uribe, cuando todos los colombianos saben y sienten que traicionó las ideas que lo eligieron”. Es cierto que Juan Manuel Santos ganó las elecciones de 2010 presentándose como delfín de Uribe quien, con un optimismo desaforado, quería ver en su sucesor un clon de sí mismo, casi un presidente delegado. Y le faltó tiempo a Santos para ‘desuribizarse’ con el denuedo de quien se descontamina. A las 48 horas de la jura iniciaba un ‘fraternal’ deshielo con el presidente venezolano Hugo Chávez –fallecido el pasado 5 de marzo- que facilitaba en gran medida la celebración de las conversaciones de La Habana, bajo la patriarcal advocación del castrismo; restablecía lucrativas relaciones comerciales para Bogotá que hoy da de comer a media Venezuela; dejaba caer el acuerdo para el mantenimiento de siete bases militares norteamericanas en suelo colombiano; y se autoproclamaba una especie de médium diplomático para conflictos latinoamericanos; lo más opuesto al rígido posicionamiento, heredado de la Guerra Fría, de su antecesor.

La disputa puede asemejarse a una carrera de medio fondo. Alfredo Molano cree que “Si Santos logra firmar antes de las elecciones –el presidente pretende hacerlo antes de noviembre- Uribe quedaría muy debilitado. Y las FARC están dispuestas a favorecer el triunfo del santismo a cambio de alguna flexibilidad en la mesa de negociación”. Oscar Collazos, novelista barcelonés de origen colombiano, está incluso convencido de que “la paz intensificaría el enfrentamiento, porque la implementación de los acuerdos en el campo y marco legal para la participación política de la guerrilla” crearían una fricción que muchos prevén intolerable. Todo está en un ‘veremos’, como subraya la periodista independiente María Teresa Ronderos: “Si se rompe la negociación, no hay que subestimar la capacidad de Uribe de resucitar políticamente”.

El gran argumento del expresidente en esta guerra dentro de la guerra es que no se puede tolerar la impunidad con que se reintegre a la vida civil no solo la dirigencia insurgente, sino la gran mayoría de asesinos anónimos de la guerrilla. Siempre Pacho Santos demuestra en ello ser el mejor piloto de pruebas de su líder: “Una pequeña parte del país acepta (la impunidad) a regañadientes. Y el costo para el Gobierno será inmenso porque siempre ha asegurado que no iba a haber impunidad”. Marta Lucía Ramírez es aún más tajante: “Es imposible que la sociedad acepte que no vaya nadie a la cárcel”. Hombre, hasta las FARC saben que alguno tendrá que pagar el pato.

En el realismo crítico se inscriben el periodista Pombo :”Si cae palpablemente la violencia la opinión admitiría la dosis necesaria de impunidad”, y el historiador Melo: “Para desmovilizarse las FARC deberán obtener un cierto grado de impunidad así como recursos materiales para el cambio social”. El expresidente Samper aunque reconoce que “la opinión no está preparada para asimilar la impunidad, es tan sensible a la necesidad de paz que entendería que se aplicaran fórmulas de justicia transicional”; es decir, en el inagotable campo del juridicismo colombiano, penas que se dictaran pero no se cumplieran. Todo vale, o casi, como dice Molano: “Entre el derramamiento de sangre y el perdón, el pueblo acabará por transigir avalando la flexibilidad para parar la guerra”. Y en ese campo de la reflexión legalista, el profesor Pedro Medellín, residente en España, es el único que niega que pueda haber impunidad porque “Colombia suscribió el Tratado de Roma –que excluye esos acomodos- y la reparación de víctimas es esencial al proceso de paz”.

Ernesto Samper asegura que con acuerdo en el tema agrario, el 30% de la negociación está concluida y, por consiguiente, Santos habrá dado un paso importante para una reelección, que por mucho que se haga de rogar nadie duda que ansía. Hasta la izquierda canónica que representa Jorge Robledo, también en la mejor línea colombiana destacado miembro del establecimiento, se esfuerza por criticar igualmente a Santos que a Uribe, pero ha de preferir la victoria del presidente en ejercicio porque su partido, el Polo Democrático Alternativo, vería la victoria del uribismo como un retroceso en la modernización del país. Pero Juan Manuel Santos, consciente de que la paciencia de la opinión no es infinita, reunió hace unas fechas en Hatogrande a sus 16 ministros, altos funcionarios, y su señora, María Clemencia Rodríguez, para exhortarles a lo que los bogotanos más ‘in’ llamarían ‘resetear’ sus relaciones con la opinión. El presidente les dijo que aquel “era momento para construir y no dividir y sembrar el pesimismo de algunos que siguen atrapados en el pasado, vendiéndonos una Colombia condenada a otros 50 años de violencia”. Fácil adivinar quién. Y lo que promete, en cambio, es un país Justo, Moderno y Seguro. ¿De quién pueden ser (JMS) esas iniciales?

El periodista más español de Colombia y más colombiano de España, Daniel Samper, hermano de Ernesto -en el establecimiento colombiano todos son amigos o parientes- resume el enfrentamiento Santos-Uribe como un quiste incurable de la historia, afirmando que no concluirá hasta que “a uno de los dos le llegue la cuenta de 10, tendido en la lona”./YG

Fuente:El País

El fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, era un «líder regional poco valorado» entre los políticos latinoamericanos, según un estudio, cuyo director advierte de las «dificultades» de la continuidad de su proyecto bolivariano.

En el estudio, realizado por el proyecto «Elites Latinoamericanas» de la Universidad de Salamanca (España), al que ha tenido acceso la agencia Efe, se incluye una encuesta realizada entre los miembros de los Parlamentos de 17 países de América Latina, en el periodo de 2009 a 2012, antes de la muerte del líder venezolano, quien falleció el pasado 5 de marzo.

En esos tres años, «Hugo Chávez era el líder internacional peor valorado por el conjunto de diputados de otros países latinoamericanos», ya que mereció una valoración media de 3,72, según el estudio.

Además de Chávez, el presidente de Bolivia, Evo Morales, también «suspende», con una valoración media de 4,68, mientras que el líder mejor valorado por los diputados latinoamericanos era Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil, que alcanzó una puntuación de 7,54, según el estudio.

El director del estudio, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca Manuel Alcántara, destacó en declaraciones a Efe las «dificultades» para dar continuidad al proyecto lanzado por Chávez para América Latina.

En opinión de este experto en Latinoamérica, el proyecto bolivariano «ha sido pergeñado y desarrollado por Chávez, por lo que se encuentra íntimamente ligado a su liderazgo y ello hace que su futuro sea difícil» después de su muerte.

Ahora emerge la figura de Nicolás Maduro, a quien designó Chávez para sustituirle en la Presidencia venezolana, y «dependerá de sus habilidades» para mantenerse en el poder, según Manuel Alcántara.

«La base social la tiene, aunque dependerá de su capacidad de lograr equilibrios entre los distintos sectores que apoyan el proyecto bolivariano. Pero sus puntos débiles serán los militares y una economía renqueante», pronosticó el catedrático.

Después de Lula, el más valorado por los parlamentarios latinoamericanos en esos tres años fue el presidente de EEUU, Barack Obama (6,53), seguido del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (6,16).

El estudio también muestra «la relación existente entre la valoración que se hace de los líderes políticos y los acuerdos regionales».

Así, pone de relieve que «quienes valoran positivamente a los líderes políticos internacionales de izquierda (Lula, Chávez, Evo Morales, Cristina Fernández y Rodríguez Zapatero) valoran positivamente la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y negativamente o peor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos».

El estudio de la Universidad de Salamanca también destaca que los políticos que más han dado su apoyo a Chávez están en los Parlamentos de Bolivia, El Salvador y Ecuador; mientras que los de Chile, Colombia y Brasil son los que «ofrecen los valores más bajos, inferiores al umbral del 3».

Según el documento, «esta valoración es congruente con la que se hace del proyecto regional chavista por antonomasia como el ALBA», pues Nicaragua y Bolivia son los países más entusiastas con esa Alianza, mientras que Brasil, Colombia, Perú y Chile, los que menos./YG

Fuente:Globovisión

El expresidente de Pakistán general Pervez Musharraf llegó hoy al aeropuerto internacional de la ciudad paquistaní de Karachi (sur) procedente de Dubái para participar en las elecciones de mayo.

El exmandatario aterrizó en el aeropuerto Quaid e Azam hacia las 12.20 hora local (7.20 GMT) en un vuelo de la aerolínea Emirates, donde esperaban su llegada miles de seguidores, según los medios locales Geo y Dawn.

Los talibanes paquistaníes prometen matar a Musharraf cuando regrese al país./YG

Fuente:ABC.es

Es positivo que Miguel Díaz-Canel, un civil que nació ya con los Castro en el poder y no forma parte de la gerontocracia militar de los «históricos», haya sido elevado a primer vicepresidente del Consejo de Estado en sustitución de José Ramón Machado Ventura, uno de los pilares de la línea dura estalinista.

Como dijo Yoani Sánchez en La Habana, antes de emprender su actual gira internacional, tener en Cuba un vicepresidente con menos de 80 años ya es algo.

Sin embargo, aunque es lógico que el nombramiento de Díaz-Canel suscite cierto optimismo y aliente las esperanzas de algunos de que pueda convertirse en el Gorbachov cubano, no conviene hacerse ilusiones. La única relevancia de esta designación —que no elección—radica en que él podría ser el nuevo jefe de Estado si Raúl muriese o quedase incapacitado para el cargo antes de 2018, cuando se vence su último período presidencial.

Por lo demás, todo es aparente, no real. El primer vicepresidente del Consejo de Estado no tiene la fuerza política que sugiere el nombre de su cargo. La razón es simple, no forma parte de la élite militar que en verdad ostenta el poder en el país.

La ascensión de Díaz-Canel no significa el inicio del postcastrismo (al menos con Raúl vivo), ni él es el «número dos» del régimen. Es el segundo de a bordo del aparato estatal, que no es lo mismo. Además, ni siquiera se le ubica en el ala «liberal» de la nomenklatura, sino como un ortodoxo algo más moderno.

Pero la clave aquí es que la Constitución castrista establece que institucionalmente la máxima instancia de poder en Cuba país no es el Gobierno, sino el Partido Comunista (PCC), encabezado por un Primer Secretario (Raúl Castro) y un Segundo Secretario, que es Machado Ventura, y un Buró Político sometido a la voluntad del dictador y la cúpula militar.

Machado sigue siendo el jefe de Díaz-Canel

La comunidad internacional no acaba de procesar que el general Castro es el «número uno» de Cuba, no por ser presidente del Consejo de Estado, sino porque es el Primer Secretario del PCC, y que Machado Ventura es el segundo al mando de la nación porque es el vicejefe de dicha organización. «Machadito» (como le llaman los Castro) sigue siendo el jefe de Díaz-Canel, y no a la inversa.

No obstante, hay aquí una incongruencia no prevista por Castro cuando se proclamó en 1976 la actual Constitución. Esta señala que el presidente del Consejo de Estado es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Así lo concibió el comandante cuando era un «mozuelo» de 50 años de edad y su hermano tenía 45. Ambos tenían décadas por delante como presidente y primer Vicepresidente.

Y así fue. Pero ya estamos en 2013 y si Raúl Castro no llega a 2018, Díaz-Canel sería el nuevo jefe de Estado. ¿Aceptarían a un civil como jefe supremo de las FAR las decenas de generales de tres y dos estrellas, y los restantes, así como los cientos de coroneles y demás altos jefes militares? Es poco probable.

En términos constitucionales el derecho a elegir al núcleo institucional de poder en Cuba, es privilegio de una versión moderna de patriciado romano al que pertenece sólo el 7% de la población, es decir, los 800.000 militantes del PCC. Los millones de adultos restantes no tienen ese derecho. Constituyen la plebe, son ciudadanos de segunda clase.

O sea, en la Isla el poder no emana de la voluntad del pueblo soberano, como lo llamaba Jean-Jacques Rousseau. Podrá ser muy constitucional, pero legítimo no es. Los cubanos no eligen a sus gobernantes desde 1948, cuando se celebraron las últimas elecciones democráticas. Fulgencio Batista dio un golpe de Estado en marzo de 1952, tres meses antes de los siguientes comicios, y luego fue derrocado por Fidel Castro. Desde entonces, durante 61 años, Cuba ha tenido solo tres gobernantes, y militares los tres (récord absoluto en Occidente).

«Creme de la creme» del poder

Pero hay más, el máximo poder realmente no radica en el Buró Político del PCC como reza la Constitución, sino en un reducido grupo de militares, algunos de los cuales no integran el Buró Político. Constituyen de hecho una junta militar invisible para la comunidad internacional y para la mayoría del propio pueblo cubano, pues opera tras bambalinas y ningún medio habla del asunto. Díaz-Canel no pertenece a esa «creme de la creme» que controla el país, y que tiene 14 miembros.

Encabezada por los hermanos Castro y por el comandante (hoy equivalente al grado de general) Machado Ventura, el selecto grupo lo conforman además los cuatro generales más poderosos de la Isla: Leopoldo Cintras Frías, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); Abelardo Colomé, ministro del Interior; Alvaro López Miera, viceministro primero de las FAR y Jefe del Estado Mayor; y Ramón Espinosa, viceministro de las FAR; así como el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, y el coronel de inteligencia Marino Murillo, vicepresidente del gobierno a cargo de la «actualización» del socialismo. Todos integran el Buró Político.

Los no miembros del Buró Político son el general José Amado Ricardo, secretario ejecutivo del Consejo de Ministros (primer ministro en funciones, cargo que ejercía Carlos Lage; general Carlos Fernández Gondín, viceministro primero del Interior; general Joaquín Quintas Solá, viceministro de las FAR; y el coronel Alejandro Castro Espín, hijo del dictador y jefe de Coordinación e Información de los Servicios de lnteligencia y Contrainteligencia de las FAR y el Ministerio del Interior. El otro integrante ha sido hasta ahora el coronel Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, ex yerno de Raúl, a cargo de la actividad empresarial de las FAR. Pero al divorciarse recientemente de Deborah Castro Espín, no se sabe si continuará en tan privilegiada posición.

Estos son los 14 hombres más poderosos de Cuba y que, junto a los Castro, toman las decisiones más importantes. Ese fue el estilo de poder paralelo impuesto por Fidel, quien creó el todopoderoso Grupo de Coordinación y Apoyo del Comandante en Jefe que durante décadas fue el verdadero gobierno ejecutivo de la nación, por encima del Consejo de Ministros, el Estado, y el propio PCC.

Por otra parte, 8 de los 15 miembros del Buró Político son militares (la mayoría), y 4 de los 7 vicepresidentes del Consejo de Ministros son también militares.

En fin, Cuba es el único país del mundo que teniendo una cúpula de poder militar la presenta como civil, y así es aceptada. Si un general es presidente de una nación sin haber sido elegido nunca en unos comicios democráticos, y gobierna rodeado de generales, eso se conoce como dictadura militar, excepto si se trata de Cuba, que ahora incluso preside la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

En cuanto a Díaz-Canel, más allá de insuflar algún «aire fresco» a la vetusta cúspide totalitaria, no es de esperarse que inicie una transición en la dirección aperturista que necesita la nación. En todo caso, todo indica que él es la primera ficha importante del «raulismo» para transitar hacia una dictadura con mejor imagen, mientras los descendientes de los Castro, el generalato y sus familiares consolidan su posicionamiento económico y echan las bases del postcastrismo./YG

Fuente:ABC.es

La mítica actriz dijo que se «Qconmovió hasta las lágrimas» con el nuevo Papa. Y se mostró confiada en una renovación de la Iglesia: «Algo va a cambiar».

Uno de los símbolos italianos hacia el mundo, la mítica actriz Sofía Loren, fue uno de los tantos que se conmovieron con el papa Francisco. Y le depositó su voto de confianza.

En un evento en Génova, la protagonista de Matrimonio a la italiana y Dos mujeres fue consultada sobre la elección de Jorge Bergoglio como Sumo Pontífice y no dejó dudas.

«Cuando vi la aparición del nuevo Papa, y he oído su ‘buenas noches’ me conmovió hasta las lágrimas y sentí en mi interior que algo va a cambiar», lanzó la actriz, de 78 años./YG

Fuente:Agencias