El bloque de países del ALBA abordará aislado en sus posiciones la reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que este viernes sancionarán en Asamblea Extraordinaria los ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los principales puntos de desencuentro entre los Gobiernos más críticos con el sistema actual, liderados por Ecuador, y el resto de Estados se centran en la forma de financiación de los organismos que integran el SIDH -la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos-, y el peso de las relatorías, en concreto la de Libertad de Expresión.
El SIDH es el mecanismo más importante en materia de protección y promoción de derechos humanos de América y el último recurso de defensa de los 500 millones de habitantes de este continente ante las violaciones de los Gobiernos de los Estados de la región
El SIDH es el mecanismo más importante en materia de protección y promoción de derechos humanos de América y el último recurso de defensa de los 500 millones de habitantes de este continente ante las violaciones de los Gobiernos de los Estados de la región. Desde que en 2011 el Consejo Permanente de la OEA encargara un grupo especial de trabajo encargado de elaborar las recomendaciones para el “fortalecimiento del CIDH”, los desencuentros entre los Estados miembros, las organizaciones de defensa de derechos civiles y la CIDH, que es un organismo autónomo de la OEA, han sido profundas.
El proceso de reforma de la SIDH es un fiel reflejo de la realidad geopolítica que se vive en la región, con un difícil equilibrio de fuerzas entre el bloque de los países del ALBA al que, en este caso particular también se ha alineado Argentina -que, a última hora se ha desmarcado del bloque- y el resto de Estados. En esta pugna, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha hecho de la modificación del funcionamiento de la CIDH y, especialmente del debilitamiento de su relatoría de Libertad de Expresión, su caballo de batalla y, en esta ocasión, ha contado, hasta ahora, con el apoyo de Argentina, cuyo Gobierno está enfrentado con varios medios de comunicación.
En febrero de 2012, la CIDH solicitó al Gobierno ecuatoriano medidas cautelares para dejar sin efecto la ejecución de la condena a tres años de cárcel y el pago de 40 millones de dólares contra los directivos del diario El Universo por injurias al presidente Correa. Un año antes, la relatoría para la Libertad de Expresión presentó su informe sobre la situación de la libertad de prensa en 25 países de América, dedicaba 20 páginas a recoger las agresiones verbales y físicas a los periodistas de Ecuador. También en 2011, la CIDH falló a favor de un pueblo indígena en una demanda contra el Gobierno de Ecuador y condenó la intervención policial contra una marcha a favor de la defensa de los territorios indígenas en Bolivia.
Correa ha cuestionado en numerosas ocasiones el funcionamiento de la CIDH. El 11 de marzo, durante la cumbre en Guayaquil de los cancilleres de UNASUR para abordar la reforma del SIDH aseguró que “EE UU financia la relatoría de Libertad de Expresión como parte del neocolonialismo para que se persigan a algunos Gobiernos”. Su homólogo boliviano, Evo Morales, amenazó este lunes con retirar a su país de la CIDH, a la que equiparó con una “base militar de EE UU”. Hugo Chávez retiró en julio de 2012 a Venezuela de la Corte Interamericana.
Proceso de reforma
Las principales recomendaciones propuestas por el grupo de trabajo a la CIDH, lideradas en buena medida por Ecuador, sugerían cambios en el sistema de financiación de la Comisión y de sus relatorías, en especial la de Libertad de Expresión; un cambio del proceso para ordenar medidas cautelares a los Estados en caso de violación de derechos humanos, limitando la autonomía para adoptarlas de la CIDH, y una modificación de los criterios de elaboración del Informe Anual, en especial de su capítulo IV, conocido como lista negra, en la que se recogen los países menos respetuosos de las libertades públicas -en 2011 incluyó a Venezuela, Colombia, Cuba y Honduras-. Los grupos de defensa de derechos humanos objetaron que, de implementar las sugerencias de la OEA, la CIDH vería debilitada su independencia en detrimento de la defensa de las víctimas.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha hecho de la modificación del funcionamiento de la CIDH y, especialmente del debilitamiento de su relatoría de Libertad de Expresión, su caballo de batalla
En medio de esta guerra sorda entre los Estados miembros de la OEA por reformar el SIDH, la CIDH decidió tomar las riendas del proceso y, tomando en consideración las recomendaciones del grupo de trabajo y las de más de 90 organizaciones de derechos civiles, presentó el 18 de marzo su propio proyecto de reforma de su reglamento. “Es lógico que este periplo haya sido de confrontación porque la materia prima del SIDH es el conflicto”, reconoce el secretario ejecutivo de la OEA, el mexicano Emilio Álvarez Icaza. “Aquí son las víctimas las que vienen a pedir amparo ante las agresiones de sus propios Estados y a ellas nos debemos y lo que debemos hacer es preservar esa sustancia. No podemos ser ajenos al nivel de disensión geopolítica en la región y en la OEA, pero eso son luchas que no nos competen y que no nos influyen”, explica Álvarez Icaza.
La propuesta de reforma de la CIDH ha contentado a la mayoría de los Estados de la región con la excepción, de nuevo, del bloque del ALBA. La CIDH ha mantenido los artículos referidos a las medidas cautelares, “estableciendo con mayor claridad los procesos y los mecanismos para hacerlas más eficientes”, explica Álvarez Icaza, y mantiene el capítulo IV, con la novedad de que no aparezcan reflejados en la lista negra los países que reciban el año de la redacción del informe la visita de la CIDH.
Motivos de disenso
En la reunión del Consejo Permanente que los Estados parte de la OEA mantuvieron el pasado martes para elaborar un documento de consenso que debatieran sus cancilleres en la Asamblea Extraordinaria de este viernes, los países del ALBA exigieron, como ya hicieron en Guayaquil, que la CIDH se financie únicamente con dinero de los Estados miembros, sin aportaciones de otros países o procedentes de fondos independientes y que todas las relatorías tengan el carácter de especial, en la actualidad la única de este tipo es la de Libertad de Prensa.
Los grupos de defensa de derechos humanos objetaron que, de implementar las sugerencias de la OEA, la CIDH vería debilitada su independencia en detrimento de la defensa de las víctimas
De las 10 relatorías de la CIDH, sólo la de Libertad de Expresión tiene la categoría de especial. Se trata de un organismo que no está dirigida por ningún comisionado cuyo presupuesto no depende enteramente de la Comisión. La dotación de esta relatoría triplica la del resto y la mayor parte de su financiación corre al cargo de EE UU. El bloque del ALBA considera que si todas las relatorias se equiparan en presupuesto todas se potencian -una idea con la que están de acuerdo el secretario general de la OEA y varios dirigentes de la CIDH-, pero muchos de los Estados miembros y las organizaciones de derechos civiles sostienen que esa decisión disminuirá la capacidad de actuación y de denuncia del ataque a la libertad de expresión en la región.
En la actualidad, la CIDH recibe el 47,03% del fondo regular de la OEA, el otro 52,97% restante proviene de contribuciones de fondos específicos. En 2007, según datos de la propia CIDH, los principales contribuyentes fueron siete Estados miembros -Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, EE UU y México- , nueve Observadores Permanentes -Azerbayán, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda y Suiza- y otros Estados no miembros.
La OEA trabaja contrarreloj para tratar de arrancar un acuerdo que permita presentar a la Asamblea Extraordinaria del viernes una propuesta de consenso. Si no se logra, es poco probable que se llegue a votar alguna resolución, porque esa organización es reacia a imponer decisiones si no cuentan con una aprobación general. En todo caso, de aprobarse algo, nunca sería vinculante para la CIDH. ¿Qué efecto podría tener la decisión de los ministros para el futuro del SIDH? Algunos especialistas consultados consideran que el peligro es que Bolivia o Ecuador hagan efectivas sus amenazas de abandonar el SIDH, una decisión paradójica, ya que se trata de los mismos países que exigen que todos los Estados miembros de la OEA firmen la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la que ellos dejarían de formar parte.
Fuente: El País
