Entre 2011 y 2015 el Ejecutivo –primero Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro– designó a 27 diputados del PSUV en cargos de gobierno, lo cual los obligó a desincorporarse definitiva o temporalmente de las curules. Un promedio de 5 diputados dejaban el Parlamento anualmente para desempeñar otras funciones.
Desde que se instaló la nueva Asamblea en enero de 2016 hasta febrero de 2017, 11 diputados del Gran Polo Patriótico (10 principales y un suplente), lo que representa 20% del total de parlamentarios oficialistas, han sido convocados por el presidente Maduro o por el PSUV para ocupar cargos en el Ejecutivo nacional y regional.
Un total de 7 eran diputados lista que representaban a 1.894.860 votantes del Gran Polo Patriótico, mientras que 4 fueron elegidos por circuitos, es decir, por nombre y apellido, y representaban las preferencias de 263.150 electores.
Maduro ha sacado diputados de 10 estados: Aragua, Lara, Zulia, Portuguesa, Miranda, Táchira y Trujillo. Sucre y Mérida han cedido a 2 diputados cada uno.
El primero en ser llamado a un cargo en el Ejecutivo fue el suplente de la lista de Mérida Mervin Maldonado, nombrado ministro de Deporte en enero de 2016. El principal de esa misma lista, Ramón Lobo, fue designado ministro de Finanzas en enero de este año. La designación más polémica fue la de Edwin Rojas (nominal por el estado Sucre), que fue convocado por su partido para ocupar el cargo de secretario de gobierno del estado Sucre y 48 horas más tarde sustituir al renunciante Luis Acuña.
Desdén
La desintegración progresiva de la bancada oficialista luce como otra estrategia del gobierno para debilitar la representatividad del cuerpo legislativo, que se suma al acoso judicial, el desconocimiento de sus atribuciones, el impago a sus diputados y trabajadores, la intervención de la nómina y más recientemente la intervención administrativa por parte de la Contraloría General.
El abogado constitucionalista y experto en derecho parlamentario Juan Matheus explica que el derecho de ser representado políticamente se concreta en el “mandato parlamentario”, que traduce la relación entre el electorado y el diputado.
“En Venezuela el mandato parlamentario tiene carácter reforzado a través de los suplentes. En el caso de los circuitos nominales, un suplente por diputado, y en el caso de la lista, con una sucesión de hasta cuatro suplentes. Cuando un diputado es designado en otro cargo o cesa en su función por renuncia, muerte o sentencia firme, el derecho a la representación se sostiene en el suplente, pero se debilita el mandato parlamentario”, afirma.
Matheus considera que tales convocatorias de parte del Ejecutivo y del PSUV evidencian el desdén hacia el Poder Legislativo.
Ni van. A partir del 1° de febrero los diputados del GPP dejaron de asistir a las sesiones plenarias y reuniones de las comisiones, en las que durante 2016 participaron esporádicamente.
En febrero se realizaron siete sesiones ordinarias y a ninguna asistieron los diputados oficialistas. Entre las decisiones adoptadas por la plenaria solo con el voto de la oposición destacan la aprobación de la moción de censura contra el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta, la sanción de la Ley Especial de Seguridad Social del Funcionario Policial y el acuerdo en rechazo a la venta de acciones de Petromonagas a la empresa rusa Rosneft sin autorización de la AN. El GPP tampoco estuvo presente durante el debate sobre las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el vicepresidente Tareck el Aissami.
Fuente: El Nacional
Por Confirmado: David Gallardo
