En lo que va de 2015 han ocurrido por lo menos 19 asesinatos dentro o en las inmediaciones de edificios de la Misión Vivienda en la región metropolitana de Caracas; el año pasado se reportaron por lo menos 13 casos de homicidios en urbanismos de Fuerte Tiuna, La Paz, Ciudad Caribia, Ciudad Mariches, San Martín y la avenida Casanova.
Verónica Zubillaga, profesora Universidad Simón Bolívar e investigadora del Laboratorio de Ciencias Sociales, considera que la masacre de hace una semana en los edificios de Ocumare del Tuy representa la exacerbación de la violencia que se vive cotidianamente en centros urbanos del país.
“Eso no quiere decir que la gente de los barrios sea naturalmente violenta. Significa el fracaso del Estado en una de sus funciones más básicas como es la pacificación de las relaciones sociales”, señaló la investigadora.
Estadísticas de la Comisión de Desarme revelan que en 90% de los homicidios se utilizó un arma de fuego; fuentes policiales aseguran que en 70% de los casos el móvil fue el ajuste de cuentas, y 83% de las víctimas provenían de sectores urbanos en desventaja. “Son cifras conocidas, pero no hay una política pública seria para atacarlas”, afirmó Zubillaga.
La inserción de familias de zonas populares a edificios de interés social amerita el acompañamiento de las instituciones del Estado. José Gregorio Guerra, director de la ONG Quiero Paz, asegura que en la Misión Vivienda ha faltado vigilancia y supervisión del Estado: “No estamos generando procesos de urbanización. Se está haciendo una inversión en infraestructura, pero no hay ningún tipo de trabajo social que lo acompañe”.
EMILY AVENDAÑO
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