La desesperación ha alcanzado niveles alarmantes a las puertas de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, estado Miranda. Este jueves, el grupo de familiares de presos políticos que mantiene una huelga de hambre superó los cinco días de ayuno voluntario, sin que hasta el momento el Estado venezolano haya emitido una respuesta concreta a sus demandas de liberación.
Negligencia oficial ante el deterioro físico
El Comité para la Libertad de Presos Políticos (ClippVe) denunció que, tras 120 horas de protesta extrema, el silencio institucional persiste. La situación se tornó más tensa luego de una infructuosa visita de un representante del Ministerio Público (MP) el pasado miércoles.
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La denuncia del comité: Según ClippVe, el funcionario del MP que se apersonó en el lugar manifestó «no tener información sobre las liberaciones».
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Falta de inspección: Se criticó severamente que el delegado fiscal no entablara conversación sobre el estatus de los casos ni verificara las condiciones de reclusión de los detenidos en el comando.
Un riesgo de salud inminente
La prolongada ausencia de nutrientes ha comenzado a pasar factura en la integridad de las madres y esposas que protagonizan la protesta. El comité de víctimas alertó que el deterioro físico y emocional de los familiares se agrava con cada hora que pasa.
«La ausencia de respuestas institucionales mantiene en riesgo la salud e integridad de las familias y de las personas detenidas, tras más de cinco días de ayuno y semanas de protesta pacífica», remarcó el ClippVe.
Exigencia directa a la Fiscalía y Defensoría
Frente a la parálisis administrativa, el comité de víctimas dirigió un llamado urgente a las cabezas de las instituciones del Poder Ciudadano, específicamente al Fiscal General, Tarek William Saab, y al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.
Hasta el mediodía de este jueves, ninguna de las instancias responsables de velar por los derechos fundamentales se ha pronunciado sobre la huelga, lo que es visto por los activistas como una omisión deliberada ante un escenario de posible emergencia médica.
El registro de esta mañana incluyó a Narwin Gil, Mileidy Mendoza y Yayzodara Lozada, las tres familiares que todavía siguen firmes en su reclamo cuando ya algunas de las manifestantes debieron separarse provisionalmente y recibir urgente atención médica.
Las mujeres mantienen su protesta silenciosa desde el pasado sábado, cuando consideraron que Jorge Rodríguez había incumplido su promesa de liberar a todos los detenidos injustamente en Zona 7.
«Que sean todos» es la exigencia innegociable de las mujeres que esperan por la excarcelación de más de 30 presos políticos, luego de que solo 17 volvieran a los brazos de su familia el fin de semana pasado.
Además de las familiares, los presos políticos dentro de Zona 7 también habían iniciado una huelga de hambre, aunque algunas denuncias aseguran que los uniformados les han obligado a consumir alimentos bajo la amenaza de severos castigos.