La Fiscalía General de Colombia pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que investigue al expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe por su presunta colaboración y financiación de grupos paramilitares durante su etapa como gobernador del departamento de Antioquia.

El Ministerio Público pretende esclarecer si Uribe tuvo algún tipo de vínculo con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En concreto, la Fiscalía hace alusión a la masacre de El Aro, un suceso ocurrido en 1997, cuando Uribe era el gobernador de Antioquia, cargo en el que estuvo desde el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1997.

La petición se basa en los testimonios del líder paramilitar alias ‘Don Berna’ desde Miami, donde cumple condena por narcotráfico, que vincula al expresidente con la masacre. Los hechos ocurrieron en octubre de 1997 y fueron asesinadas 15 personas y desplazadas un número indeterminado. En 2008 el propio Uribe reveló la existencia de un testigo que le acusaba de haber asistido a una reunión con líderes paramilitares para planear una masacre, aunque proclamó su inocencia y pidió a los jueces no hacer caso de «bandidos».

En cualquier caso, la Fiscalía reclama que se lleve a cabo una investigación y aclara que, por tratarse de hechos anteriores a cuando Uribe era presidente de la República y por ser ahora senador, le corresponde a la Corte Suprema en su Sala Penal investigarle. No es la primera vez que el Ministerio Público colombiano busca esclarecer la presunta participación de Uribe en la masacre de El Aro. El pasado febrero anunció que iba a investigar por qué un helicóptero oficial se encontraba en el lugar de la matanza.

Varios testigos del suceso afirmaron haber visto un helicóptero de la Gobernación realizar labores de vigilancia mientras los paramilitares perpetraban la matanza. En aquella ocasión, Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, dijo que los directivos del Servicio Aéreo de Salud de Antioquía, dependiente de la Gobernación, habían explicado «una y mil veces» su participación en este caso, sin dar más detalles. Varios exjefes paramilitares, como Salvatore Mancuso, han confesado haberse reunido en repetidas ocasiones con el expresidente durante esa etapa de su carrera política, extremo que el ahora senador siempre ha negado.

Uribe niega acusaciones

El expresidente Uribe dijo: “estoy acostumbrado a infamias y especialmente en épocas electorales”. De acuerdo con él, esta es una prueba más de la supuesta persecución que denunció hace algún tiempo por parte del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre.

“El fiscal Montealegre busca con lupa cosas contra el expresidente para hacer ruido y actuar en una especie de sicariato moral contra todo lo que le huela a uribismo y sus familias”, indicó el senador Ernesto Macías.

Además, la Fiscalía pide establecer la veracidad de las denuncias presentadas por una presunta estrategia encaminada a la presión de testigos para que cambiaran y modificaran sus versiones entregadas a las autoridades judiciales.

En dos oportunidades, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín envió solicitudes para investigar al exgobernador de Antioquia.

El abogado Jaime Granados Peña, quien defiende los intereses del senador del Centro Democrático (partido de Uribe), calificó esta nueva decisión como una “persecución sin precedentes” por parte de la Fiscalía General.

Frente a las declaraciones de ‘Don Berna’, el abogado señaló que “es claro que la Fiscalía sigue a quien declara las respuestas que quiere escuchar, hace preguntas claramente sugestivas”.

Para el letrado se ha presentado una vulneración al derecho a la defensa, reiterando que pese a todas las acusaciones hechas hace años se han evidenciado que no son reales. “Ha quedado claro que han mentido quienes lo han dicho y por eso ningún proceso ha podido avanzar”, precisó el defensor.

El editorialista Rodolfo Arango, en una publicación en El Espectador, consideró “preocupante, por decir lo menos, que las declaraciones de ‘Don Berna’ hayan pasado desapercibidas para la opinión pública”. “En ellas afirma, entre otras, que el asesinato del paramilitar Francisco Villalba fue un crimen de Estado. Recordemos que Villalba señaló al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, de ser cómplice en la masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997. En nada contribuye a la memoria del conflicto armado que no se esclarezcan estos hechos y que los máximos responsables de delitos atroces no sean identificados y sancionados, así no sea con pena de cárcel”, destacó.

Para Arango, “el silencio ante las declaraciones de ‘Don Berna’ tiene una simple explicación. Sectores influyentes en lo económico y poderosos en lo político apoyan al exmandatario y hoy senador, bien sea por convicción o por miedo”.

El senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, insistió en que el fiscal mantiene una campaña de persecución que ya está denunciada en instancias internacionales, al considerar que en Colombia no existen las garantías judiciales.

“El fiscal quiere meter a la cárcel a los integrantes del Centro Democrático a la oposición del Gobierno, al mismo tiempo que quiere a los criminales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la calle”.

Público.es y CNN