La organización Unión Venezolana en Perú (UVP ) solicitó que el nuevo proceso de formalización migratoria que comenzará el próximo lunes 15 de septiembre en Perú tenga un alcance mayor y que se abra a extranjeros que ingresaron al país de forma irregular, según expusieron en un comunicado oficial.
Este colectivo, dedicado a la integración social y económica de la población venezolana en Perú, instó a esta extensión poblacional en pro de “fortalecer la seguridad ciudadana”, de cara al inicio de este nuevo proceso dirigido a migrantes que ingresaron de manera regular a Perú pero que actualmente tienen caducada su residencia.
«Consideramos pertinente evaluar la posibilidad de ampliar el alcance del proceso a otros grupos migrantes que, si bien ingresaron al país de forma irregular —en muchos casos escapando de situaciones de emergencia o crisis humanitaria— hoy están integrados en la dinámica económica y social del Perú», expresó el presidente de la organización, el exdiputado opositor Óscar Pérez.
El presidente de Unión Venezolana en Perú indicó además que, «muchas de estas personas trabajan formal o informalmente, tienen hijos e hijas estudiando en el sistema educativo nacional, han conformado familias con ciudadanos peruanos e incluso han tenido hijos nacidos en territorio peruano».
Pérez señaló que este proceso «contribuye al orden, permite saber quiénes están en el país, en qué condiciones, y facilita la articulación interinstitucional para atender realidades diversas».
Actualmente, la administración está destinada a personas extranjeras que, en su momento, gestionaron el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), el Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), alguna calidad migratoria de residencia o ingresaron regularmente al país como turistas y actualmente tienen vencido su estatus.
Una medida por la trazabilidad migratoria
«Esta medida representa un paso significativo hacia la recuperación de la trazabilidad migratoria, un componente clave para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia y para el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad ciudadana», destacó Pérez.
Además, el líder de este colectivo venezolano reafirmó su inconformidad con «quienes actúan al margen de la ley o buscan evadir los procesos institucionales», afirmando, no obstante, que es «importante reconocer a la proporción significativa de personas que ya se encuentran asentadas e integradas en diferentes niveles de la sociedad peruana».
Desde la dirección de la ONG, Freddy Ramírez suscribió que esta trazabilidad no debe suponer solo un gesto administrativo, también una herramienta para la seguridad pública, y por ello, debe contemplar la realidad de la población «y el nivel de integración alcanzado en la sociedad que los acoge».
Con esta ampliación, aseguró el director de la UVP, permitirán al Estado «prevenir delitos como la trata de personas, el tráfico de documentos o la suplantación de identidad», y además de fortalecer la capacidad de control migratorio y el acceso equitativo a derechos fundamentales.
«Incluir a más personas en el sistema no debilita el control, lo fortalece», subrayó Ramírez.
Actualmente Perú es el segundo país con la mayor comunidad venezolana residente en el exterior, al acoger a 1,66 millones de venezolanos, que representan a alrededor del 24 % de los cerca de 6,9 de personas que han abandonado Venezuela en los últimos diez años, de acuerdo a las cifras del Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V). /EFE
