Organizaciones de la sociedad civil rechazaron hoy la compra por valor de 24 millones de dólares de armamento y material antidisturbios para el Servicio de Protección Institucional (SPI) aprobada en los últimos días del gobierno del ex presidente panameño Ricardo Martinelli.

El abogado constitucionalista y catedrático universitario Miguel Antonio Bernal afirmó que la «adquisición exagerada de armamentos» está dirigida a la «militarización de los estamentos de seguridad» en este país que carece de Ejército y sustrae los fondos del Estado destinados a la solución de problemas sociales, informó DPA.

Las compras autorizadas por el gobierno de Martinelli incluyen 65.000 granadas lacrimógenas con sus lanzadores, 324.000 proyectiles de pimienta, 5.000 granadas de humo, 35.000 cartuchos de impacto, calibre 12, para el SPI, responsable de la protección de la Presidencia de la república y los ministros de Estado.

Bernal instó al actual presidente panameño, Juan Carlos Varela, a vender las armas adquiridas con fines de represión y tratar de recuperar el dinero invertido, para que retorne a las arcas públicas.

El director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, rechazó las compras del Gobierno de Martinelli y adujo que el dinero utilizado pudo servir para la habilitación de estaciones policiales. «Panamá no requiere de tantas bombas lacrimógenas», apuntó.

Sin embargo, el ex ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, refutó las críticas y aseveró que los directivos y especialistas del SPI determinaron el criterio técnico de las compras de pertrechos antidisturbios, sobre la base de las «necesidades» de la institución.

El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) afirmó que el Gobierno de Martinelli tenía en su agenda «violar» las leyes electorales, para retener el poder después de los comicios del 4 de mayo, lo que explicaría la compra de arsenales.

El Universal

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