De “inexplicable” calificaron en la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales el silencio que el Gobierno ha guardado frente a la decisión de las autoridades guyanesas de autorizar perforaciones petroleras frente a las costas del estado Delta Amacuro; y advirtieron que esta actitud puede tener “consecuencias negativas bajo el Derecho Internacional”.
“El Gobierno de Guyana, heredero de los atropellos imperialistas ingleses contra Venezuela, ha procedido en forma absolutamente negativa a lo largo de las etapas establecidas por el Acuerdo de Ginebra, en la búsqueda de una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia, y además, ha traspasado todos los límites de la tolerancia y la buena fe al llegar a otorgar concesiones a terceros en la fachada atlántica de la exclusiva jurisdicción de Venezuela”, afirmó la institución asesora del Parlamento, en un comunicado.
En el escrito, la Academia recomendó al Ejecutivo Nacional que se solicite al Gobierno de Georgetown sentarse, de inmediato, en una misma mesa con el secretario General de las Naciones Unidas, el surcoreano Ban Kim Moon, para llegar a un acuerdo definitivo sobre El Esequibo que sea aceptable para ambas partes.
Critican salida de la Corte IDH
La Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, en otro documento difundido ayer, también rechazó la decisión del Gobierno de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y retirar a Venezuela de la Corte Interamericana, por considerar que la misma implica “derogar la Constitución”.
Para la institución presidida por Luis Cova la resolución “es un hecho de gravísimas repercusiones (…) ya que afecta injustificadamente el derecho de todas las personas a su protección internacional” y por ello la calificaron de “nula”, porque ni el Presidente de la República ni la Asamblea Nacional pueden derogar la Carta Magna de 1999.
Por último, la Academia hizo “un llamado final al Estado venezolano para que rectifique esta decisión, ratifique de nuevo la Convención en beneficio de todas las personas bajo su jurisdicción y repare así la grave inconstitucionalidad aquí denunciada”.
Fuente: EU
