El presidente ruso Vladimir Putin multiplicó las sorpresas este miércoles al nombrar a un nuevo primer ministro desconocido para el público, y anunciando revisiones constitucionales inéditas.

Putin ha elegido para reemplazar a su fiel jefe de gabinete saliente, Dimitri Medvedev, a una figura salida de las sombras: Mijail Mishustin, de 53 años, gran patrón del fisco ruso.

La cámara baja del Parlamento, la Duma, examinará el jueves esta candidatura, según las agencias de prensa rusas.

Al frente del Servicio Federal de Impuestos desde 2010, Mishustin se ha forjado una reputación de funcionario eficaz.

Esta elección fue anunciada justo después del sorpresivo anuncio de la renuncia del gobierno, tras un discurso de Putin anunciando reformas constitucionales. Los ministros siguen a cargo de los asuntos corrientes hasta que un nuevo equipo entre en funciones.

Estos anuncios tomaron desprevenidos tanto a la clase política como a los medios de prensa rusos. Putin podría preparar el terreno de cara a 2024, cuando acaba su actual mandato.

Con la legislación vigente, el presidente no tiene derecho a presentarse nuevamente a las elecciones.

El líder ruso hasta el presente ha sido muy evasivo sobre sus intenciones y nunca ha señalado a un sucesor. Mishustin no hizo ninguna declaración inmediata, en tanto el Kremlin sólo distribuyó fotos suyas en traje oscuro, sentado ante Putin.

Sed de cambios

La politóloga Ekaterina Schulmann califica al nuevo primer ministro como una “figura neutral”, quien cumplirá un rol ejecutivo. “Es muy pronto para (hacer emerger a) un heredero”, señaló.

Durante sus mandatos entre 2000 y 2008, el presidente ruso ya había designado a funcionarios casi desconocidos, como Mijail Fradkov, en 2004, quien era embajador ante la Unión Europea.

El principal opositor al Kremlin, Alexéi Navalni, juzgó que, en una función oficial u otra, Putin buscará “seguir siendo líder de por vida”.

Poco antes de estos anuncios impactantes, el jefe de Estado había dicho que “ve claramente emerger una demanda de cambio en el seno de la sociedad”, durante su discurso anual ante el Parlamento y las élites políticas del país.

En esta alocución, Putin propuso someter a votación las reformas de la Constitución rusa cuyo objetivo sean fortalecer los poderes del Parlamento, manteniendo al mismo tiempo el carácter presidencial del sistema. Se trata de la primera revisión de la Ley Fundamental desde su adopción, en 1993.

Dosis de parlamentarismo

“Por supuesto, el presidente mantendrá el derecho a fijar las misiones y prioridades del gobierno”, advirtió, pero destacó que Rusia está lo suficientemente “madura” como para introducir una dosis de parlamentarismo.

Medvedev, quien se convertirá en vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, explicó su partida por la necesidad de darle al presidente “los medios para tomar todas las medidas que se imponen”.

Su partida tiene lugar en momentos en que su popularidad se ubica en menos del 30% -frente a casi el 70% de Putin-, con una suerte de anemia económica y nivel de vida en declive como telón de fondo.

El Kremlin también se ha enfrentado al mayor movimiento de protesta, fuertemente reprimido en este verano (boreal) desde el regreso de Putin a la presidencia, en 2012. Los candidatos del poder sufrieron en lo inmediato un desaire en las elecciones locales de Moscú.

Medvedev, muy cercano a Putin, ocupó entre 2008 y 2012 las funciones de presidente ruso, puesto que el segundo tuvo que ceder el cargo debido a restricciones constitucionales, y él se colocó como jefe del gobierno. En 2012, los dos dirigentes intercambiaron sus cargos.

Entre otras propuestas de reformas expuestas por Putin figuran reformar los poderes de los gobernadores regionales, prohibir a los miembros del gobierno y a los jueces tener permisos de estadía en el extranjero, y obligar a cualquier candidato a presidente a haber vivido los últimos 25 años en Rusia.

El jefe de Estado mantendrá el derecho a destituir a cualquier miembro del gobierno y nombrará a los jefes de todas las estructuras de seguridad.

También propuso reforzar los poderes del Consejo de Estado, una institución consultiva compuesta por varios responsables nacionales y regionales, así como situar la Constitución por encima del derecho internacional en la jerarquía de las normas.