El gobierno de Nicolás Maduro acelera la aplicación de la Ley Antibloqueo para incorporar capital privado a empresas públicas que, desde hace tiempo, se habían reconocido como inviables. Una de ellas es Agropatria, la entidad estatal que tomó control de los activos de la histórica Agroisleña, una entidad suplidora de insumos y financiamiento muy importante para el sector agropecuario, durante más de seis décadas.

Sin aviso previo, los trabajadores de las tiendas Agropatria recibieron un oficio donde se les notifica que su patrono ya no será el estado venezolano, sino una empresa denominada Grupo Agrollano 2910 C.A, a partir del pasado 1 de noviembre.

En la cuenta de Twitter del portal de tendencia oficialista La Tabla se dice que «la comunicación explica que la medida le da cumplimiento a la cláusula segunda de la Alianza Estratégica entre Agropatria y #Agrollano firmada el 14ABR de 2020 y cuyo objetivo es consolidar la producción de agroquímicos y herramientas. La alianza tiene una duración de 20 años».

Ya comenzaron los problemas asociados a estas transferencias que se pueden definir como privatizaciones, hechas al amparo del secreto que autoriza la Ley Antibloqueo. Las primeras víctimas son los trabajadores, cuyas condiciones laborales no están claras.

En el caso del Central «Pío Tamayo», en el estado Lara, la nueva empresa que asumió la operación de la procesadora anunció a más de 500 trabajadores que habría contrato para el personal heredado por un lapso de 3 meses, luego que el gobierno no los liquidara de acuerdo con los términos de la ley.

Una nota de La Prensa Lara, cita al diputado Guillermo Palacios, quien denunció al sindicato del central y a la alcaldesa del municipio Morán, Gisela Rodríguez, de aceptar las irregularidades en el traspaso del central. «El sindicato y la alcalde de Morán conocen de esta situación desde hace tiempo de estos desafueros que se están cometiendo contra los activos del país y contra estos trabajadores», exclamó.

En el caso de Agropatria se habla de una Alianza Estratégica del gobierno con una empresa sobre la que no se aportan detalles de ningún tipo. Tampoco se sabe en qué condiciones de distribución de capital queda la empresa.

Fuente: Banca y Negocios
Por: Maria Laura Espinoza
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