El contenido de nuestro escrito editorial se fundamenta hoy en las declaraciones del ciudadano Iván Freites, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos. Las responsabilidades de su cargo, pero también la experiencia acumulada al servicio de la industria de los hidrocarburos, nos colocan ante una fuente confiable, capaz de suministrar pormenores que habitualmente se desconocen sobre la marcha de Pdvsa.

Ahora nos ahorraremos las cifras sobre el descenso de la producción petrolera y las comunicaciones que circulan en las publicaciones especializadas, ampliamente conocidas, para acudir a las situaciones de deterioro y abandono por las cuales nos guían las noticias de un informante tan metido en el asunto. No busquemos hoy estadísticas, ni análisis técnicos, sino solo la realidad transmitida por un elocuente y valiente sindicalista.

No hay manera de que Pdvsa vuelva a ser lo que fue o de que se levante del estado de postración en el cual se encuentra, afirma Freites. Pero no se refiere a un problema de mercado internacional, ni a un bache pasajero, ni a desencuentros técnicos con colegas del extranjero, por ejemplo, sino a un abandono de los rudimentos de vigilancia y a un predominio de conductas irresponsables e ilegales que han convertido a la primera industria del país en un rancho desvencijado, en un ventorrillo próximo al abismo.

Solo la refinería de Amuay está funcionando, aunque a media máquina, mientras reina la parálisis en las sedes de Cardón, El Palito y Puerto La Cruz. La mayoría de las unidades productivas están al borde de la aniquilación, asegura. ¿Por qué motivos? Por la falta de inversión, en primer lugar, pero también por una carencia de supervisión que permite el saqueo de los elementos fundamentales de las instalaciones, como tuberías y repuestos. Una situación realmente calamitosa, si nos fijamos en los responsables que ubica el autorizado denunciante.

¿Quiénes desprenden las tuberías, o roban los cables y los tornillos para venderlos después en negociados particulares, o para sacarlos de contrabando hacia Colombia y hacia las islas del Caribe? Los miembros de las fuerzas armadas que tienen obligaciones de custodia en las instalaciones. Ha ocurrido así un desmantelamiento progresivo, que se trata de paliar acudiendo al parche y al remiendo para que la primera industria del país se haya vuelto un rancho doloroso en cuyo interior se resumen la inexistencia de la probidad oficialista, la dejación de responsabilidades elementales y la tragedia de todos los venezolanos.

Si eso han hecho los chavistas con la gallina de los huevos de oro, si así se ha cebado la usurpación con la prolífica e insustituible fuente de nuestro sustento, debemos suponer que han hecho igual o peor en otras áreas fundamentales de la vida venezolana. Preguntemos a los representantes de esas parcelas de la economía y de la administración pública y seguramente harán coro con la sonora voz del ciudadano Iván Freites.

Editorial de El Nacional