Los abogados y los gestores saben cuánto se han complicado los trámites y gestiones en los registros, notarías y tribunales. Los anuncios que hizo en marzo de 2006 Jesse Chacón, entonces ministro del Interior y Justicia, resultaron, cuando menos, fraudulentos. Con su estilo y velocidad, y los ojos entornaditos, el funcionario que más ha repetido y estrenado cargos, pleitesías, bonificaciones y otras menudencias informó que la empresa cubana Copextel S.A. se encargaba de la transformación del sistema de registros y notarías en los mismos términos en que se había encargado del sistema de identificación nacional: sin licitación porque se trata de un convenio integral establecido en el año 2000 entre Venezuela y Cuba. Ay, mi madre.
Diez años después, y pese a los milagros de los que alardea Dante Rivas, que fue el comisionado para simplificar y agilizar los trámites que cada día son más enredados y complejos, nadie puede imaginarse qué le servirá de excusa al empleado público que revisa la documentación para rechazar la gestión y hacerlos volver otro día, después de haber sufrido hasta seis horas de cola: la más utilizada es haber escrito “En Caracas a la fecha de su otorgamiento”, como siempre lo hicieron, en lugar de “En Caracas a la fecha de su presentación”, que es como los asesores cubanos aprendieron de los rusos y los alemanes orientales que los instruyeron.
Cuando Chacón hizo el anuncio, lo que más le molestaba era la alta cantidad de dinero que ganaba el personal encargado de estas dependencias del Estado. “Hasta 35% de los ingresos brutos recibe un registrador”, dijo asombrado sin echarle un vistazo a su propia declaración del impuesto sobre la renta. Con el criterio cubano de la eficacia y los decretos leyes firmados por Hugo Chávez, los registros y notarías entraron en la total ineficiencia que Dante Rivas no pudo exorcizar con la eliminación de las estampillas y una rociada de colonia.
Los cubanos no solo complicaron y destruyeron en buena medida el sistema de identificación, todavía no han entregado la cédula con chip electrónico, sino que también multiplicaron las alcabalas en cada trámite para que el funcionario a cargo, que ahora recibe un salario fijo e insuficiente, pueda “cobrar” su mascada con cualquier palabra acentuada con las nuevas normas de la Real Academia. En los tribunales todavía no se han enterado de que desde hace más de tres décadas no se escribe “décimo cuarto” sino “decimocuarto”. La mala fe de estos funcionarios lleva acento: “fé”. Presto serrucho contra “lazos de hermandad”.
Ramón Hermández
