El diálogo de paz que el Gobierno y la guerrilla colombiana iniciaron en noviembre de 2012 afronta los primeros sobresaltos. Después del pacto sobre tierras y desarrollo agrario alcanzado en mayo, el equipo del presidente Juan Manuel Santos y los dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han mostrado desencuentros de calado en la cuestión de la participación política.
El primer roce público, escenificado la semana pasada con una breve interrupción de las conversaciones de La Habana, se produjo después de que el Gobierno anunciara su pretensión de someter a referéndum el futuro acuerdo de paz, coincidiendo con una de las dos citas electorales del año próximo (legislativas en marzo y presidenciales en mayo).
Las FARC, que abogan por una Asamblea Constituyente, y la oposición acusan a Santos de usar el diálogo con fines electoralistas, para apuntalar un segundo mandato presidencial. Incluso sus aliados conservadores han expresado recelos con esta iniciativa, máxime cuando apenas están en el segundo de los seis puntos de la agenda negociadora. Sin excluir ninguna otra intención, todo apunta a que el Ejecutivo ha querido mandarle a las FARC, mediante la política de hechos consumados, una advertencia clara: que el tiempo corre, y que no va a admitir dilaciones ni que el proceso se desvíe de las metas programadas.
Con su empeño en que los acuerdos desemboquen en una Asamblea Constituyente —y con cuotas prefijadas, para garantizarse una participación que no lograrían en las urnas— las FARC tienen objetivos mucho más prosaicos que los de “refundar el país” y construir “un verdadero Estado de derecho” (poco creíble viniendo de quienes han convertido las bombas en su principal argumento). Se trata de desactivar los acuerdos internacionales ratificados por Colombia, que impiden la amnistía para los crímenes de lesa humanidad que arrastran los dirigentes guerrilleros. Frente a ello, el Gobierno prepara el Marco Jurídico para la Paz, que acaba de recibir la luz verde de la Corte Constitucional, para intentar articular el difícil equilibrio entre la paz y la justicia debida a las víctimas.
Santos podrá tener ambiciones electorales y el país anhela el fin de 60 años de violencia. Pero no a cualquier precio. El presidente colombiano lo repitió ayer: es ahora o nunca. Y las condiciones las fijan los legítimos representantes de los colombianos.
Editorial de El País de España
