Nuestra justicia penal, termómetro del respeto al Estado de Derecho, es pobre por el abandono al que se encuentra sometida, pobre en recursos humanos y en franca miseria por lo que respecta a recursos materiales.
La justicia penal venezolana procesa a los más pobres en un pretendido régimen socialista; beneficia a los poderosos que se han enriquecido a costa del erario público y dirigen el crimen organizado; y se ensaña con los más desposeídos y con los disidentes políticos.
¡Nuestra justicia penal es una vergüenza! La policía científica está en ruinas; la Fiscalía carece de recursos para cumplir con sus tareas; sus funcionarios se encuentran sobresaturados de trabajo y de expedientes que no pueden resolver, lo que hace que los procesos se queden a mitad de camino; y, ahora, para complemento, se ha orquestado una estrategia para liquidar al Ministerio Público y reducirlo a una simbólica presencia en el proceso, dado que ha reivindicado su función de garante de la Constitución y se han atribuido sus funciones a los jueces, nombrados por el Ejecutivo, a fin de que puedan cumplirse a cabalidad las “órdenes superiores”.
El camino no es, por supuesto, acentuar la dependencia de la justicia del Ejecutivo, ruta que ahora aparece trazada y seguida con total claridad para evitar en el futuro “autogoles” del Ministerio Público, consciente en este momento de su papel fundamental en un Estado de Derecho y que ha hecho sentir su independencia, asestando el más duro golpe que no esperaba el gobierno.
La realidad de nuestra justicia no puede ser comprendida por el pueblo que sigue reclamando por sus muertos, que sufre los embates de la violencia, el asedio del hambre y las amenazas a su integridad, dignidad y derechos.
El remedio no está tampoco en una “justicia comunal”, partidizada, que favorecerá la impunidad y acentuará la retaliación política que se reviste con la apariencia de la legalidad.
La fórmula es simple y se impone aceptar el reto soslayado desde los inicios de la República.
Es necesario hacer un pacto político y social formal por el cual los partidos renuncien a sus pretendidas cuotas, ahora reducidas a una sola corriente al servicio exclusivo del poder; es necesario nombrar como jueces hombres y mujeres honorables y, si es posible, que sean doctos en derecho; pero lo que resulta inadmisible es que ahora, descaradamente, la justicia constitucional y penal se coloque a favor de los intereses del gobierno, para descargar toda su fuerza sobre una inerme ciudadanía que ahora, inclusive, debe someterse a una “justicia militar” que, en forma expedita, por órdenes superiores, arremete contra ciudadanos de a pie que no tienen deberes militares.
Alberto Arteaga Sánchez
@ArteagaSanchez
aas@arteagasanchez.com
